“Atalaya Riotinto adquiere Masa Valverde, uno de los grandes yacimientos de la Faja Pirítica”; es el titular de una reciente noticia, “una excelente noticia para los planes de expansión de nuestra compañía”, afirmaba el consejero delegado de Atalaya Mining, la multinacional matriz de Riotinto Minera. Junto con la masa de Majadales, esta adquisición pone a disposición de la compañía 4.000 hectáreas para la explotación de un “importante potencial de mineral polimetálico” albergado en la zona. Un área en la que se espera que en pocos años se duplique la extracción de minerales metálicos, según anunciaba estos días también el consejero delegado de Atlanta Copper. La riqueza del subsuelo andaluz ha recobrado interés como objeto del deseo de las grandes multinacionales mineras con la ofensiva del extractivismo que ha resultado de la búsqueda de nuevas fronteras para la acumulación de capital a escala global.
Una intensificación de la extracción de materiales y energía que en gran medida se deriva, paradójicamente, de la “transición hacia energías renovables” y de la digitalización como vías de salida ante las dificultades de reproducción con las que tropieza el capitalismo. Un futuro de alta tecnología y alta energía con las que se pretende, sin renunciar al gobierno de la lógica del lucro, hacer compatible la acumulación de capital con hacer frente a la crisis ecológica y social en la que estamos inmersos.
Sobre el papel, este capitalismo “verde” nos garantiza un futuro sostenible; en la práctica se está al otro lado de este discurso. Entre otras razones porque la sustitución de los combustibles fósiles por renovables no es posible sin una reducción drástica del consumo energético actual. Según los expertos, el potencial máximo que podrían proporcionar las renovables estaría entre un 30 y un 40% del consumo mundial actual. De modo que la primera condición para una transición energética es incompatible con una manera de organizar lo económico que no solo no se plantea usar menos energía sino que requiere para su funcionamiento alimentar un crecimiento permanente del consumo energético global.
A lo que hay que sumar el creciente requerimiento de materiales y energía que supondría dicha transición tal como está planteada. La fabricación del coche eléctrico, como ejemplo, necesita entre tres y cuatro veces más energía que la de uno convencional, y una gran cantidad de minerales, de modo que a lo largo de todo su ciclo de vida las emisiones de gases efecto invernadero son también parecidas. Sólo que este deterioro medioambiental se deslocaliza y la contaminación que no se emite en los espacios centrales se desplaza ahora a los lugares extracción. También los aerogeneradores y las placas solares son demandantes de una gran cantidad de materiales y energía desde que se fabrican hasta poder funcionar. Por concretarlo en un mineral clave en esta reconversión, el cobre, reemplazar la energía actual por energía fotovoltaica requeriría una cantidad de cobre seis veces mayor que todo el cobre que se puede extraer hoy en el mundo, y la infraestructura necesaria para el coche eléctrico requeriría multiplicar por dos o por tres el cobre hoy utilizado. Estas tecnologías exigen también el uso masivo de los llamados metales raros, (vanadio, germanio, tántalo, etc). Metales con una concentración muy débil que requieren la extracción de grandes cantidades de roca o tierras y la contaminación con ácidos tóxicos y metales pesados de grandes cantidades de agua. Una minería a cielo abierto, cada vez a mayor escala y más agresiva y contaminante, que se vende desde el poder como sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Los países y los pueblos del Sur, como Andalucía, vuelven a ser las zonas de sacrificio para esta nueva etapa de la acumulación que dará lugar a nuevas formas de colonialismo. Detrás de cada megaproyecto minero hay una larga historia de efectos de destrucción de hábitats, de contaminación y agotamiento del agua, de envenenamiento de tierras, y de impactos sobre la salud de las personas. La minería ha venido siendo históricamente uno de los instrumentos esenciales de la dominación y el colonialismo sobre los pueblos del Sur.
Por este camino, en los próximos 30 años deberían extraerse más minerales metálicos de los que la humanidad extrajo hasta ahora. Ya desde el año 2000 la cantidad extraída de metales se ha duplicado. Pero, aunque todos los estudios ratifican que la corteza terrestre no tiene minerales suficientes para una supuesta transición ecológica así planteada, -con el uso actual la mayoría de ellos se agotará antes de 2060-, la huida hacia adelante no deja de acelerarse. Con las grandes corporaciones más contaminantes apareciendo como líderes de esa nueva economía “limpia”. Así, en el inicio de la Cumbre Climática de Madrid en 2019 Endesa, la empresa líder en emisiones de gases efecto invernadero dentro del Estado, responsable del 10% de las generadas por la economía española, compró la portada de los principales diarios, apareciendo en todos ellos en primera página el mismo titular: “Endesa presenta en la COP25 de Madrid sus soluciones para una sociedad libre de emisiones”.
Desde el sistema político, como ya es costumbre, fiel adaptación a las necesidades del poder económico. La Unión Europea ha puesto en marcha un Nuevo Pacto Verde (New Green Deal). Según la Comisión europea, “una nueva estrategia de crecimiento que transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, donde: hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos, no haya personas ni lugares que se queden atrás”. Tres pretensiones inalcanzables si no se modifica el statu quo actual.
También en total sintonía con los intereses de las élites dominantes, en el Estado español el gobierno, en su reciente (octubre 2020) documento España Puede, donde se recogen los ejes de las políticas para la recuperación de la economía, apuesta fuerte por apoyar una transición verde y digital, de acuerdo con las líneas definidas por el Fondo de Recuperación Europeo. De los 59.000 millones de euros de transferencias que se recibirán de la Unión Europea (el resto hasta los renombrados 140.000 son créditos) “la inversión verde representa un 37%, seguida de la digitalización con un 33%”. Un 70% entre las dos. En una prueba más de que en este sistema la existencia de cualquier gobierno pasa por favorecer prioritariamente la reproducción del capital, lo que, cada vez en mayor medida supone gobernar en contra de la gran mayoría.
En este sentido, la Junta de Andalucía ha sido pionera. En las dos últimas legislaturas, (2012-2015, 2015-2019), el gobierno de Susana Díaz, en coalición con Izquierda Unida, concedió más de 1.000 derechos mineros sobre una superficie de más de 700.000 hectáreas. Casi el 10% del territorio andaluz está en esta situación de potencial proyecto minero. La reactivación de la minería como “pilar estratégico” de un “nuevo modelo productivo” para Andalucía, y la reapertura de explotaciones como Riotinto o Las Cruces, se ha hecho bajo el alineamiento del gobierno de la Junta y los gobiernos municipales con los intereses de las empresas mineras y con la complicidad de estos gobiernos, por acción u omisión, con conductas que han ocasionado graves daños y altos riesgos ecológicos y sociales. Profundizándose así desde el sistema político tanto la posición de Andalucía como economía primaria y dependiente como su subalternidad política y cultural.
Todo esto pone de manifiesto la urgencia de transitar hacia otras maneras de entender la vida y de vivir que esté en las antípodas de la que se nos propone desde esta civilización industrial que nos lleva hacia el abismo social y ecológico; otras formas de vida construidas desde abajo sobre valores y vínculos comunitarios. Para poder responder a esta urgencia, lo prioritario, lo que antes necesitamos construir es capacidad de organizarnos colectivamente.