Cortes de luz y criminalización de la protesta

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Hoy en día es indudable que Andalucía ha quedado relegada como una de las regiones más pobres de Europa occidental, excluida de los procesos económicos y culturales más dinámicos y relegada a un rol de enclave turístico para los visitantes del norte. En este contexto, la táctica de la criminalización de la pobreza no es nada nuevo. Con tasas de desempleo y pobreza tercermundista, los problemas no se plantean como cuestiones políticas o si quiera de gestión, sino como simples cuestiones policiales, ya sea en Linares o en La Línea de la Concepción. No debe extrañarnos que las protestas ante los continuos apagones en los barrios de Sevilla hayan encontrado la misma respuesta.

La Coordinadora de Barrios Hartos lleva tiempo organizando movilizaciones contra los cortes de luz que afectan a los principales barrios obreros de la ciudad. Aunque otros sectores populares de la ciudad han tenido problemas similares, apagones en el Polígono Sur y combustión de transformadores en San Jerónimo, el epicentro de las protestas ha estado en el entorno populoso al este de la Ronda del Tamarguillo, donde la mencionada plataforma vecinal tiene mayor actividad. Su Eminencia, La Plata, La Negrilla, Palmete y de allí a Tres Barrios y Torreblanca. La cuestión es que este distrito suma (junto con Torreblanca) alrededor de 60.000 vecinos, una parte importante de la población de la ciudad, e incluye al menos tres de los barrios más pobres de España, Los Pajaritos, Amate y Torreblanca, con una renta media algo superior a los 5500 euros anuales por persona. Asentamientos mayormente de los años sesenta y setenta, protagonizados por inmigrantes originarios del campo andaluz y extremeño, que se alojaron en bloques de viviendas sociales o que construyeron sus propias viviendas y que hoy, sin ser el principal lugar de asentamiento de la población extranjera en la ciudad (ese lugar lo ocupa el distrito Macarena), sigue acogiendo inmigrantes de otras partes del mundo. Son barrios que originalmente acogían a una parte importante de la clase obrera de la ciudad y que han sido duramente castigados por el desempleo y la degradación de las condiciones de vida de parte de la población andaluza en las últimas décadas.

Las protestas, reclamando una mayor inversión en infraestructuras y la intervención de la Junta de Andalucía, responsable de la vigilancia de la calidad del suministro, han encontrado poca respuesta. La principal ha sido la policial. Ya a principios de julio, cuando los vecinos se atrevieron a salir de sus barrios y marchar por el centro de la ciudad, la manifestación fue reprimida por la policía. No es casualidad que esta decidiese golpear y detener al que es la cabeza más visible y portavoz de las protestas.

Por otro lado, la estrategia discursiva está pasando por culpabilizar a los propios vecinos de los cortes de luz. Se responsabiliza a los enganches para alimentar plantaciones de marihuana. La razón por la que los vecinos sufren estos cortes de luz entonces no tiene nada que ver con la obsolescencia de las infraestructuras en uno de los veranos más cálidos que se recuerdan, ni con el evidente deterioro de los equipamientos en este tipo de barrios sevillanos, claramente abandonados por las administraciones. La primera semana de agosto el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Antonio Sanz, afirmó en rueda de prensa que el único causante de los cortes de luz era el sobre consumo de supuestos cultivos de Marihuana. En consonancia con esto, la Junta plantea una solución al problema de carácter policial. Lo prioritario no es reclamar mejor gestión e inversión en las infraestructuras, en una ciudad donde los transformadores arden cada dos por tres en verano, sino localizar estas plantaciones.

Estas afirmaciones del jerezano afincado en Sevilla Antonio Sanz son un disparate por varias razones. En primer lugar, el consejero afirma que viene reclamando actuaciones por parte de las fuerzas de seguridad del estado. Sin embargo, la Subdelegación del gobierno, afirmó seguidamente que en ningún caso se ha pedido desde la Junta la intervención policial para encontrar estas supuestas plantaciones. Independientemente de quien mienta, priorizar la intervención represiva y no cuestionar la gestión y la inversión en infraestructuras, condena a decenas de miles de vecinos de Sevilla a seguir padeciendo los cortes de luz sine die. Si la policía no ha hecho nada hasta ahora sobre las supuestas plantaciones nada invita a pensar que la situación vaya a cambiar rápida.

Parece más bien una estrategia para eludir las responsabilidades políticas del abandono de amplios sectores de las principales ciudades andaluzas. Para ello el consejero no duda en culpabilizar a las víctimas de su propio sufrimiento criminalizando barrios enteros. Naturaliza que haya cortes en estos barrios, porque son barrios de delincuentes en los que es normal que haya plantaciones de marihuana. Acusaciones gravísimas para las que no se molesta en aportar una sola prueba. Incluso la manera en que el consejero prefirió referirse en todo momento al Polígono Sur, en lugar de los barrios donde realmente estaban teniendo lugar las protestas, parece sospechosa. Prefiere referir en todo momento un barrio muy conocido y ya bastante estigmatizado para respaldar su acusación de que son los propios vecinos los responsables de la situación. Otra opción sería pensar que el portavoz de presidencia desconoce por completo la geografía de los barrios obreros de la ciudad, lo cual no resulta disparatado, aun siendo vecino de la ciudad.

Lo cierto es que los sevillanos que viven en barrios populares llevan años soportando estos cortes. El incremento de estos coincide con una ola de calor y con un incremento histórico de los usos de los aires acondicionados y de otros electrodomésticos. Sin embargo, antes que afrontar sus responsabilidades, la Junta prefiere cargar las tintas contra sus gobernados. El que es pobre es porque quiere, y el que no quiera cortes de luz, que se mude a Los Remedios con Sanz.