Con la sentencia del “procés” se abre la veda de caza, menor y mayor

1967

El lunes 14 de octubre de 2019 pasará a la triste historia de España como uno de los días más indeseables para quienes creemos y defendemos los derechos y las libertades. La sentencia del “procés” abre la veda a la caza de la disidencia. Ya son objetos de caza, quienes creen en la desobediencia civil como forma de lucha por un mundo mejor y posible. Pronto serán expuestos como trofeos disecados y, de momento, los tienen a buen recaudo en la cárcel. La persecución y criminalización de la protesta se extenderá  contra todas las personas que estén dispuestas a movilizarse ante las injusticias que les rodean.

El Estado español, que no era un ejemplo de respeto a los derechos fundamentales, se ha cubierto de gloria. La judicialización de un conflicto político, la sentencia del Tribunal Supremo y las arengas de la mayoría de los líderes políticos hacen que España dé un paso hacia el vacío llevándose por delante los derechos básicos imprescindibles para que un Estado pueda definirse como democrático: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la disidencia, el derecho a la protesta.

La sentencia, envuelta en una supuesta legalidad, es propia de un estado fallido que como una bestia herida se revuelve contra sí misma llevándose por delante todo lo que encuentra a su paso. No está de más recordar que legal fue la esclavitud y el derecho de pernada. Legales son los desahucios y que la gente no tenga los recursos necesarios para poder vivir con dignidad. Legal es que España venda armamento a países que no respetan los derechos humanos. Legal es dejar morir a la gente en el Mediterráneo. Legal es destruir el  planeta que habitamos.  Otra cosa es la ética y esta no cabe, está claro, en la legalidad vigente.

Se podría decir aquí aquello de que “se llevaron a los independentistas, pero como yo no era independentista…”. Bueno, ya vendrán y ya están viniendo. Entrarán a saco porque no encontrarán una especial resistencia. Nos convencieron en su día de lo violento que es quemar un contenedor que, hasta donde yo sé,  carece de dignidad y de derechos por bonito que sea, y nos convencieron de que el que la hace la paga, aunque no quede claro qué es exactamente lo que hace. Violencia es que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez hayan estado dos años en prisión preventiva y que sean condenados a nueve por ser dos activistas sociales que defienden, según reconoció el mismo Tribunal Supremo (aunque tampoco hacía falta, ya lo sabíamos) la protesta social pacífica, no violenta.  Violencia es poner a una familia en la calle para cumplir con la legalidad que pone la propiedad privada por delante de las personas. Violencia es ver como personas mayores pasan frío en sus casas porque no pueden encender el brasero. Violencia es el abandono secular que sufren muchos de nuestros barrios. Violencia es no tener garantizadas las condiciones mínimas para poder vivir con dignidad.

Bueno, pues eso, se abre la veda y estamos a las puertas de que se nos aplique el artículo 544 del Código Penal cuando intentemos parar un desahucio y nos digan que formamos parte de un “alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. Casi sin darnos cuenta, por movilizarnos como llevamos haciendo muchos años, seremos reos de sedición.