La maquinaria propagandística de la Junta de Andalucía respecto a la economía social se ha puesto en modo «triple modernización». El vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, presentó ayer el Consejo de Entidades de Economía Social. Un nuevo órgano desde donde las organizaciones y federaciones del sector (y otras de fuera) esperan obtener dinero, tanto para las entidades de la economía social como para ellas mismas. Como ocurre en este tipo de «consejos», la Junta va a utilizarlo para mantener “prieta las filas”. Ya dijo un maestro de los que mandan en la Junta que quien se mueva no sale en la foto. A buen seguro que los que están en este Consejo se moverán poco o, como mucho, hacia donde les diga quien manda.
Una buena estrategia de propaganda enseña lo que interesa y tapa lo importante. Así, por un lado, Jiménez Barrios destacaba que el Gobierno andaluz «ha promovido entre 2016 y 2018 importantes ayudas para el impulso de la economía social, que suponen más de 13,2 millones de euros» y ha subrayado que «los presupuestos de 2018 contemplan más de 7 millones de euros para el sector». Mientras, por otro lado, apenas se habla de los 72 millones que se van a repartir en estas semanas por parte de los Grupos de Desarrollo Rural, y otros más de 100 en los próximos dos años. En esas ayudas las cooperativas de trabajo asociado, las cooperativas de consumidores, la asociaciones sin ánimo de lucro, etc. apenas van a obtener nada, mientras que son las grandes empresas agroalimentarias del medio rural (entre ellas las cooperativas de propietarios de tierras que funcionan como empresas convencionales o, incluso, como multinacionales) las que se harán con la mayoría de estos fondos. Esos millones servirán para ejecutar las políticas de desarrollo territorial neoliberal que se llevan implantando desde hace más de dos décadas con los resultados que conocemos (o, mejor dicho, que no conocemos pues nadie realiza evaluaciones de politicas públicas de estos fondos).
En realidad, a la Junta de Andalucía no le interesa la economía social como medio de transformación de la economía andaluza. La Dirección General que se ocupa de estos temas se llama “Cultura emprendedora y economía social” y en los últimos años la mayoría de los fondos han acabado en manos de autónomos o de todo lo relacionado con el emprendimiento, es decir, el nuevo modo de subvencionar a empresarios pero que se note poco. Muy lejos quedan planteamientos como los que exponía Maxime Haubert y Lina Gavira en «Cooperativismo y crisis económica en Andalucía», publicación editada en 1984 por el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla. En aquel libro se hablaba de las cooperativas como empresas, pero también como forma de lucha, como grupos humanos, y se vinculaba a un desarrollo económico alternativo para nuestra tierra. Hoy, la economía social y las cooperativas tan sólo son consideradas en el mejor de los casos como simples empresas y, en el peor, como meras herramientas legitimadoras del partido en el poder de la Junta de Andalucía desde su creación.
En Andalucía se promociona un cooperativismo empresarial de partido; un cooperativismo empresarial que a su vez se encarga de contentar al partido sin rechistar, vaya ser que no salga en la foto. Nada que ver con lo que está ocurriendo en otros territorios donde la economía social se está impulsando como movimiento socioeconómico de transformación, como generador de soberanía de los pueblos y como herramienta para ofrecer una alternativa al actual capitalismo.