Del latifundio al «común»

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“El agua no la aminoro/ yo voy a la fuente y bebo/ y el agua no la aminoro/lo que hago es aumentarla/con las lágrimas que lloro.” Letra flamenca.

 

 

Crear comunes: evitar robos a los que no tienen nada  

Lo “común” es un término central de la alternativa al capitalismo neoliberal. Se ha convertido en el principio efectivo de los combates y los movimientos que han resistido a la dinámica del capital. Para Dardot y Laval[1], es la fórmula que movimientos y corrientes de pensamiento que quieren oponerse a la tendencia principal de nuestra época: la extensión de la apropiación privada (enclosures, cercamientos) a todas las esferas de la sociedad, de la cultura y de la vida. Los actores de Cochabamba, Bolivia, lo expresaban así: “Hemos sufrido un gran robo, cuando no somos propietarios de nada”.

En principio, se entendió por “comunes” al conjunto de las reglas que permitían a las gentes campesinas de una misma comunidad el uso colectivo, regulado por la costumbre, de caminos, bosques, pastos, etc. A día de hoy se le da un contenido más amplio, que comprende todo aquello que podría convertirse en blanco de privatizaciones, cercamientos, procesos de mercantilización, pillajes y destrucciones llevados a cabo en nombre del capitalismo neoliberal. Hoy, crear o recuperar comunes contiene una orientación universal de las luchas contra el capitalismo neoliberal: la decisión de reapropiarse, colectivamente y de forma democrática, de recursos y espacios acaparados por los oligopolios privados y los intermediarios y fondos financieros. En suma, se trata de un elemento central de los diferentes movimientos que existen por todo el mundo en contra de la apropiación privada y excluyente de los recursos naturales, los espacios y los servicios públicos, los conocimientos o las redes de comunicación.

El movimiento general de cercamientos o privatizaciones impulsado por el capitalismo neoliberal está dirigido por las grandes empresas, apoyadas por los gobiernos sometidos a la lógica del mercado capitalista. La extensión de la mercancía, el peso creciente de las grandes empresas y la presión de la lógica de la propiedad van de la mano y no conocen ningún límite político y moral. En frente de estos procesos, lo que da sentido a la lucha por los comunes es que designa la exigencia de una nueva forma de gestionar “comunitaria” y democrática de los recursos comunes, más responsable, más duradera y más justa.

La institución de la propiedad privada individual es la pieza decisiva del edificio capitalista. Esta institución, cuyo principio consiste en retirar las cosas del uso común, niega la cooperación, sin la que nada sería posible. Frente a la propiedad privada, autores como Laval y Dardot entienden que es necesaria la apuesta por el derecho de uso. Hay que pasar de la apropiación como relación de pertenencia a la apropiación como conveniencia o finalidad. Para ello, debe existir la deliberación y la determinación colectivas, por las propias personas interesadas, acerca del destino del común. Teniendo en cuenta que las personas deberían poder participar en esos procesos deliberativos con equidad, independientemente de su sexo/género, origen geográfico, situación socioeconómica, edad, etc.

Para Silvia Federici, “hoy, como ayer, la mayor inspiración para la transformación social viene de los pueblos que viven y crean comunes; gentes que resisten a las relaciones de poder asimétricas que destruyen el procomún, los bienes comunes, el común”[2]. Vandana Shiva lo resumió así: “Si la globalización es la enclosure (cercamiento) final de los comunes –nuestra agua, nuestra biodiversidad, nuestros alimentos, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación-, recuperar los comunes es el deber político, económico y ecológico de nuestra época.”

Economía moral y cultura popular innovadora

Para avanzar en estas propuestas nos parece de interés el pensamiento de E.P. Thompson[3] y en concreto su concepto de “economía moral”. La “economía moral” designa el conjunto de valores y reglas (denominadas “costumbres”), que las clases subalternas inglesas del siglo XVII y XVIII hicieron valer para resistir los ataques desposeedores y privatizadores de la economía política capitalista contra los bienes comunes y el derecho comunal. Thompson examina la “dialéctica de la interacción entre ‘economía y ‘valores’” e indica que “las relaciones económicas son, a la vez, relaciones morales; las relaciones de producción son al mismo tiempo relaciones, de opresión o de cooperación, entre personas; y existe una lógica moral, al igual que una lógica económica, que se deriva de estas relaciones. La historia de la lucha de clases es al mismo tiempo la historia de la moralidad humana.”

En este marco, la alternativa a la economía política capitalista llegará a partir de la “economía moral de la multitud y las clases plebeyas”. El primer movimiento obrero inglés era heredero directo de la práctica centenaria de los motines por parte de “muchedumbres” inarticuladas y lideradas por mujeres. El movimiento obrero se enriqueció en su origen de esa tradición y cultura plebeya radical mediante una reformulación más “reconciliada con los nuevos medios de producción”, que ya no buscaba simplemente el reparto de la tierra u otros medios de producción y vida entre propietarios individuales, sino un control social cooperativo frente al  funcionamiento de la economía capitalista.

Thompson nos invita a repensar la apuesta anticapitalista desde una “cultura popular innovadora”. Una cultura política que rescate lo mejor de la tradición democrática y socialista, que diseñe los mecanismos institucionales para garantizar universal e incondicionalmente el derecho a la existencia, que permita atender de forma justa las necesidades de cuidados de las personas, que recupere la dimensión ecológica de los bienes comunes, que subordine los derechos de propiedad a las reglas definidas democráticamente en vistas al bien común, y que fomente los impulsos sociales desalentando los “impulsos adquisitivos” y la “gran apatía”. Y es que, nos dice Thompson: “Si no podemos creer en la existencia de una cultura popular creativa e innovadora, entonces no podemos creer en la democracia en absoluto”.

Andalucía vendida

Andalucía no se salva del acaparamiento y control capitalista de la tierra, el agua, las ciudades, los servicios públicos o las universidades; de la especulación con las tierras y los precios agrarios. Andalucía continúa, en pleno siglo XXI, siendo saqueada. La historia de Andalucía está marcada por haber sido un territorio pionero en convertir a la naturaleza en mercancía, en propiedad privada de una clase privilegiada y, como consecuencia, crear una clase mayoritaria de personas que deben convertirse en fuerza de trabajo dependiente que acude a un mercado (el de trabajo) para poder lograr la subsistencia. A partir de ahí, Andalucía ha sido paradigma de una sociedad polarizada entre una elite acaparadora de recursos y una masa ingente de personas desposeídas, grupos entre los que se generaron desigualdades extremas.[4]

Desde la crisis capitalista de 2007-2008, la tierra de Andalucía se ha concentrado todavía más de lo que ya lo estaba. Tal y como nos describió Curro Moreno[5], en múltiples casos, en principio fueron grandes constructoras las que compraron tierra cultivable; tras la caída de éstas, las tierras pasaron a manos de los bancos y estos han acabado vendiéndolas a fondos especulativos de inversión. Este acaparamiento de la propiedad de la tierra conlleva un cambio de modelo productivo. El modelo ultraintensivo de olivar en seto o la extensión del cultivo de almendros son ejemplos de estos procesos.

Este nuevo modelo basado en el extractivismo no augura nada bueno para el medio rural andaluz. Como se dice en el manifiesto “Por una economía ecológica en la Andalucía post-COVID19”: “El extractivismo que caracteriza a la economía andaluza conlleva un importante deterioro ecológico a la vez que esta ocupación en las tareas peor remuneradas viene estrechando su capacidad para apropiarse de valores monetarios. El resultado de esta dinámica supone una merma del patrimonio natural y una disminución de los medios de subsistencia para la gran mayoría de la población. Deterioro ecológico y empobrecimiento social van de la mano.”[6]

La privatización y avance del acaparamiento de los recursos ha tenido como aliada las políticas de desarrollo local neoliberal, es decir, a la política económica local implementada en Andalucía (y otras muchas economías) en los últimos 30 años. A grandes rasgos, esta política económica ha consistido en favorecer la creación o instalación en los pueblos y comarcas de empresas capitalistas que “pusieran en valor los recursos locales”, que sirvieran de impulso para el “emprendimiento”. Los resultados han sido claros en la mayor parte de las localidades andaluzas: subvenciones y ayudas para quienes más poseían, y más precariedad y emigración para las mayorías.

Marinaleda cooperativa

En Marinaleda no ha ocurrido esto. En Marinaleda se ha puesto en marcha una política económica local basada en un proyecto cooperativo a partir de obtener, mediante la lucha, el uso de 1.200 hectáreas de tierra (Finca Los Humosos). Un proyecto socioeconómico basado en la planificación y propiedad público-comunitaria y la gestión cooperativa.

En 2019 se cumplieron 35 años de la aprobación de la Ley de Reforma Agraria de Andalucía. Solo donde hubo una fuerza popular organizada y coherencia política la aplicación de esta ley se hizo desde valores comunitarios y colectivos. Fue el caso de Marinaleda. En 2010, el PSOE desmanteló el IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) e inició la privatización de las 50.000 hectáreas que se habían hecho públicas a través de la ley. No obstante, a día de hoy, las 1.200 hectáreas de la finca El Humoso, base del proyecto cooperativo de Marinaleda, continúan siendo propiedad de la Junta de Andalucía.

El proyecto cooperativo de Marinaleda siempre se ha guiado por realizar actividades productivas que permitan generar el mayor número de jornales posibles. La planificación comunitaria se basa en eso: el objetivo de la gestión (cooperativa) no es maximizar beneficios o aumentar los salarios de unas determinadas personas; el objetivo es crear el máximo número de empleo posible para el pueblo. Así, en los años 2.017, 2.018, 2.019 y 2.020 se han creado 18.456 jornales anuales en la finca El Humoso, y 4.464 jornales en la fábrica de productos agroalimentarios[7]. De este modo, el proyecto cooperativo de Marinaleda se ha convertido en el motor económico de la localidad y herramienta fundamental para evitar la emigración y la precariedad, y para favorecer la calidad de vida de las personas del pueblo.

Uno de los elementos fundamentales de esta situación es que antes y ahora, tanto desde el poder político local, como desde las personas responsables de la gestión cooperativa, la tierra es considerada como un bien común; la inmensa mayoría de las personas cooperativistas y no cooperativistas tienen como un principio básico que la tierra, por la que tanto lucharon colectivamente, no debe pasar a unas cuantas manos privadas. Por eso, el proyecto colectivo de Marinaleda apuesta, como desde el primer día, por la tierra como bien común, fuera del mercado. En las últimas semanas, la comisión que gestiona la cooperativa ha dejado claro a la Junta de Andalucía que El Humoso no es una mercancía con la que se deba especular y que desean que el uso de esa tierra pase de generación en generación para la creación de empleo y riqueza distribuida. Para ello, se apuesta por la creación de una fundación, como herramienta jurídica que permite el marco jurídico vigente, para imposibilitar la privatización de la tierra; que la haga indivisible, invendible, inespeculable y gestionada por la cooperativa de Marinaleda. Se trata del uso o apropiación de la tierra, no como relación de pertenencia, sino como conveniencia o finalidad: la mejora de la vida de la gente.

El paso de la titularidad pública de la tierra a una fundación, mediante el pago de un precio justo, permitirá, si el sentido común se impone, la continuidad y avance de un  proyecto de generación de riqueza en unos momentos de crisis generalizada, tanto en la localidad, como en la comarca o en el conjunto de Andalucía. Si la administración andaluza lo permite, estoy convencido que se trata de un proyecto de futuro que continuará invirtiendo en la mejora de las tierras de cultivo, el molino de aceite, la fábrica de conservas, etc.

Como cualquier proyecto socioeconómico, el proyecto cooperativo de Marinaleda es susceptible de mejoras. No es perfecto. Por ello, ya se están planificando nuevas líneas para avanzar en la sostenibilidad social y ecológica del proyecto. Por otro lado, son necesarias medidas y estrategias de lucha contra el patriarcado. La presencia y protagonismo de las mujeres en el proyecto debe aumentar significativamente si se desea avanzar en la lucha contra todo tipo de relaciones de poder asimétricas. “No hay comunes sin comunidad, y no hay comunidad sin mujeres”, nos dice S. Federici.

Recurso para la transformación

El problema que acompañó a E.P. Thompson toda su vida fue el siguiente: explicar la realidad de tal manera que, sin perder la objetividad ni idealizar el pasado o remitir a un futuro desconocido, se muestren los recursos disponibles en nuestro presente para transformar esa realidad. La Marinaleda cooperativa que he conocido y hablo es un recurso, es un ejemplo de cómo se puede transformar la realidad andaluza en búsqueda de la mejora de la vida de la gente. Es un ejemplo de pueblo que vive y ha creado un común, un pueblo que ha resistido a las relaciones capitalistas de poder asimétricas que destruyen los bienes comunes, y que tiene la posibilidad de avanzar y luchar contra las relaciones patriarcales que terminan por tener el mismo efecto. Si como dice Vandana Shiva, debemos ser conscientes que recuperar comunes es el deber político, económico y ecológico de nuestra época, el proyecto cooperativo de Marinaleda es una experiencia de la que aprender.

Desde el punto de vista económico, el proyecto cooperativo de Marinaleda se enmarca en una “economía moral” que designa un conjunto de valores y reglas que están sirviendo para resistir los ataques desposeedores y privatizadores de la economía política capitalista contra un bien común: la tierra. Se trata de un proyecto que está en contra del reparto de la tierra entre propietarios individuales, y que apuesta por un control social cooperativo-colectivo frente a la economía capitalista de mercado que lleva a la Andalucía rural al colapso social y ecológico.

A partir de sus pilares, y también de sus debilidades (en especial la lucha contra el patriarcado), el proyecto cooperativo de Marinaleda es un recurso para una política económica comunitaria local alternativa. Es una experiencia para repensar la apuesta anticapitalista desde una cultura popular innovadora andaluza, que diseñe los mecanismos institucionales para garantizar el derecho a la existencia (el “vivir donde quieras”), que permita atender de forma justa las necesidades de cuidados de las personas, o que recupere la dimensión ecológica de los bienes comunes. En definitiva, una alternativa que subordine los derechos de propiedad al bien común.

Autor: Óscar García Jurado. Talaios Kooperatiba. Economista que colabora con diversas entidades de economía social, entre ellas el proyecto cooperativo de Marinaleda.

[1] Pierre Dardot y Christian Laval (2015): “Común”. Gedisa Editorial.

[2] Silvia Federici (2020): “Reencantar el mundo. El feminismo y la política de los comunes”. Traficantes de Sueños.

[3] E.P.Thompson (2019): “Costumbres en común. Estudios sobre la cultura popular.” Capitán Swing.

[4] Para profundizar: Manuel Delgado Cabeza (1981): “Dependencia y marginación de la economía andaluza”. Caja de Ahorros de Córdoba.

[5] https://portaldeandalucia.org/opinion/35-anos-de-la-ley-de-reforma-agraria-de-andalucia-la-tierra-hoy-en-menos-y-peores-manos/

[6] http://andaluciapostcovid19.es/

[7] Datos ofrecidos por la cooperativa.