Hace unos días, el Consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, se ha apuntado rápidamente a la proposición no de ley del Partido Popular español en el Congreso para que se celebre una única selectividad en todo el Estado. Estas declaraciones esconden un elemento básico de la hoja de ruta de las tres derechas en materia educativa. Exigir una sola selectividad (o EVAU, como se nombra oficialmente hoy) para todos tiene gato encerrado. Un minino, ni lindo ni inocente, que aparece también de forma obsesiva, como denominador común en el texto de la LOMCE: la centralización del sistema y la devolución de las competencias de las comunidades autónomas al gobierno español. Curiosamente, a pesar del optimismo genético que poseen estas fuerzas sobre lo conseguido durante la Transición, ellas consideran que ha sido un error histórico dejar estas atribuciones en manos de los gobiernos autonómicos, y más tarde o más temprano, hay que subsanarlo.
Intuimos que una sola prueba general (ya sea la reválida, o la prueba para la obtención del título básico de la ESO, …) es una estratagema para unificar los contenidos, los métodos de enseñanza e incluso, y si cabe, hasta los libros de texto en todas las escuelas. Digamos que por ahora se deja cierto margen a las comunidades autónomas, pero, al final, el Gobierno central fija los estándares de aprendizaje, los temas y las asignaturas “importantes” a través de las preguntas del examen final. La evaluación es un momento del proceso de enseñanza-aprendizaje que condiciona sus objetivos, contenidos, e incluso los aspectos operativos. Esas pruebas influyen directamente en las formas de enseñar una materia y, en general, en el planeamiento de un sistema educativo. El Gobierno central se constituye en “juez” de lo que hacen las comunidades autónomas, mermando claramente sus márgenes de decisión. La posibilidad de que estos exámenes externos y/o generales sean diseñados por el Ministerio supone un paso más para conseguir la anhelada centralización.
Esta estrategia se inspira en la Iniciativa de Estándares Comunes Fundamentales del Estado (Common Core State Standards), puesta en marcha en 45 estados de EEUU, desde 2010 con la Administración Obama. Desde entonces, se han fijado los estándares de Inglés y Matemáticas para que todos los estudiantes de secundaria estadounidenses tengan la misma preparación para ingresar, bien en la Universidad, o bien en el mundo laboral. Con ello, se pretende dotar de unos objetivos más claros y uniformes, y centralizar su sistema educativo federal. Sin embargo, los efectos ya se están notando. Los docentes estadounidenses preparan solo para ese examen (eso no es educar, es instruir) y, además, esas asignaturas se han convertido en las más importantes, dejando de lado el resto.
Contra el actual reparto de atribuciones en el Estado español se ha dicho de todo. Mantras o argumentos falsos o con escaso apoyo científico: las desigualdades formativas, de oportunidades, de resultados, de condiciones laborales, … Sin embargo, se ignora intencionalmente que, en los países occidentales, las responsabilidades en materia educativa recaen, en su gran mayoría, en los niveles de la administración más próximos a la sociedad. Estados tan relevantes para la educación europea como Gran Bretaña, Alemania, los Países Bajos o los Escandinavos, entre otros, gozan de un sistema donde las competencias se reparten que incluso es difícil considerar la existencia de un sistema educativo británico (Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte tienen esas atribuciones); o uno alemán, donde los Lander tienen competencias exclusivas. En este último caso, según el estado, las edades de ingreso y salida de algunas etapas educativas son distintas. ¿Se imaginan que la ESO comenzara a los 11 años en Murcia y Extremadura, y a los 12 en Andalucía? En Alemania sucede algo parecido. En los países escandinavos hasta los municipios asumen competencias curriculares y de gestión de los centros.
La comparativa internacional nos demuestra que la proximidad de los contenidos de las disciplinas al entorno más cercano, la enseñanza individualizada, con métodos, recursos los más adecuados a las necesidades de cada estudiante, es una decisión asumida por todos como un valor positivo. Y eso se facilita acercando la administración a la comunidad educativa, como vienen sosteniendo movimientos pedagógicos modernos desde principios del siglo XX.
Estamos, una vez más, ante el intento de originar un debate político-educativo ficticio tras el cual aparece la idea eje de “reconstruir” un modelo educativo trasnochado: el que ha imperado en España ininterrumpidamente durante los últimos doscientos años.