Pongamos un ejemplo. Nos situamos en la capital andaluza. Un camión grúa de gran tonelaje –más de 3500 kilos- se dedica al transporte, instalación y montaje de elementos semafóricos, armarios metálicos y paneles luminosos.
Todos estos son trabajos recogidos en un contrato público, que pese a ser algo absolutamente necesario, continuo y esencial para la ciudad, el Ayuntamiento ha decidido subcontratar. Se trata de una transferencia perpetua de recursos dinerarios desde el Presupuesto Municipal hacia los bolsillos privados. Y siempre en la misma dirección: de lo público hacia lo privado. Jamás en sentido contrario.
En este caso, el camión fue matriculado a principios del año 2006 y por tanto con unos 15 años de antigüedad, no cuenta con el sistema anticontaminante Ad BLUE pese a que esto es obligatorio para el trabajo en zonas urbanas.
El camión, en consecuencia, emite humos, gases contaminantes y tóxicos insoportables de respirar y que dañan la salud. Y lógicamente, los trabajadores que realizan sus tareas cerca de este vehículo, en torno a una docena, están expuestos a estos gases y humos de 4 a 8 horas diarias durante grandes periodos de tiempo a lo largo del año. Además, hablamos de la vía pública, donde se concentra el mayor número de semáforos en las zonas de gran afluencia de personas.
El camión tampoco cuenta con cinturón de seguridad en el asiento del acompañante. El camión incumple las condiciones que el pliego de prescripciones técnicas del contrato de mantenimiento de tráfico establece en diversos puntos de su redacción.
El Ayuntamiento exigía en el Pliego que los vehículos a emplear fueran nuevos, pero la inteligencia privada dicta que utilizando un camión viejo –o muy viejo, como en este caso- se obtiene más beneficios. Poco importa que se exijan camiones que no superen los 4 años de antigüedad cuando si desde el Consistorio se hace la vista gorda, nadie se entera. Como tampoco se entera nadie de que tenga instalado un tacógrafo analógico en vez de uno digital, como obliga la ley.
Todas estas circunstancias han sido debidamente denunciadas por la representación de los trabajadores, que atiende a parámetros bien distintos: salud laboral, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, seguridad para los trabajadores y ciudadanos, calidad en los servicios públicos.
Capitalistas y sus cómplices versus sindicalistas comprometidos y honrados. Es ese el nudo gordiano que la colaboración público-privada resulta incapaz de resolver. Porque favorecer los intereses particulares de los especuladores a favor de ciertos empresarios no es colaborar. Eso tiene otro nombre.