El negocio de la prohibición

A finales del siglo XIX y principios del XX, nos cuenta en Cocaína Juan Carlos Usó, esta sustancia pasó de ser vendida sin obstáculo alguno, como cualquier otro artículo de los que se podían adquirir en farmacias, droguerías, comercios de especias, coloniales y ultramarinos a estar prohibida. Hasta ese momento eran los mismos médicos los más entusiastas defensores de la cocaína como remedio oftalmológico y odontológico y se podía encontrar en multitud de jarabes, pastillas, reconstituyentes, licores y elixires. Los productos terapéuticos elaborados a partir de ella se anunciaban en los periódicos y desde luego quedaba lejos de representar ningún tipo de problema social. Sus consumidores eran, mayoritariamente, profesionales, altos funcionarios, políticos, alto clero, pequeños burgueses, propietarios, financieros, altos mandos militares, aristócratas y, en el otro extremo de la pirámide social, el lumpenproletariado, es decir, esa amplia capa de marginados constituida por prostitutas, jugadores, aventureros, delincuentes, músicos y artistas de variedades; gente de la noche, en suma, a los que la cocaína debía ayudar a alejar el hambre y mantener la euforia, la resistencia y la vivacidad que requieren esos ambientes y cuya existencia estaba ligada, en gran medida, a la presencia en ellos de los que por estar mejor situados económicamente, resultaban ser los clientes habituales de los cabarets y prostíbulos en los que ricos y desarrapados confluían por la magia de las transacciones en torno a los placeres de la carne y los paraísos artificiales.

A partir de 1917, nos cuenta en su libro Juan Carlos Usó, la cocaína y otras drogas como la morfina y el opio, comenzaron a ser objeto de una serie de campañas periodísticas en las que se las acusaba de envenenar y degenerar la raza. Aunque tal vez el verdadero peligro que la prensa veía en estas drogas era la extensión entre las clases altas de un estilo de vida contrario y hasta perjudicial para sus intereses de clase y una señal clara de disidencia entre todos los que la consumían y que había que perseguir en tanto representaban una herejía social y moral.

El caso es que durante la dictadura de Primo de Rivera la cocaína sufrió una severa restricción gubernamental que hizo que su precio se triplicara, que floreciera en torno a ella un mercado negro hasta entonces desconocido y que la hacienda pública dejara de ingresar los impuestos derivados de su consumo ilegal, que comenzara a adulterarse con todo tipo de sustancias con los problemas sanitarios que esto representaba y que se diera paso a todo tipo de sobornos, falsificaciones de recetas, asaltos a farmacias para conseguirla y alimentara la corrupción policial en los establecimientos donde se consumía. El trabajo policial aumentó, y las redadas contra camellos y fabricantes se hicieron habituales. Las cárceles se llenaron de pronto de unos profesionales atípicos en aquellos establecimientos: médicos, farmacéuticos, mancebos de botica, practicantes, camellos y consumidores habituales de cocaína vinieron a engrosar las deficientes y atestadas cárceles españolas a partir de los felices años veinte. El Estado, con la prohibición, generó un problema al que tuvo que destinar unos recursos que no tenía. El ministerio de Justicia tuvo que ampliar sus atribuciones, nombrando jueces y fiscales para atender a los sumarios por tráfico de cocaína que no dejaban de crecer y se reformó el Código Penal para endurecer las penas tanto para traficantes como para consumidores.

La cocaína pasó así de ser un medicamento consumido con absoluta normalidad y por el que el Estado ingresaba sus correspondientes impuestos a representar un problema social artificialmente creado y magnificado por la prensa y los estamentos conservadores. Un producto que se consumía ilegalmente y sin control farmacéutico y un delito que supuso un enorme gasto al Estado tanto en su persecución como en su represión. El negocio pasó de estar en la venta legal y reglada de cocaína a estar en su prohibición y los consumidores pasaron de ser eso, simples consumidores, a convertirse en delincuentes que infringían la ley, y que, por tanto, podían ser detenidos y encarcelados. El mercado negro no dejó desde entonces de crecer, y con él, los crímenes y los fallecidos derivados de la adulteración, las guerras entre mafias y la persecución policial.

En agosto de 1920, Enrico Malatesta se quejaba en el periódico anarquista Umanitá Nova de la inutilidad de las leyes represivas para acabar con el consumo, y de cómo cuanto más severas son las penas infligidas a los consumidores y traficantes más aumenta en los consumidores la atracción por el fruto prohibido y en los especuladores la avidez por el lucro.

Algo similar nos cuenta Enma Goldmann en su libro Viviendo mi vida. A su paso por Vermont, se topa con que se ha declarado en el Estado la Ley Seca. Las consecuencias inmediatas de esta declaración no se han hecho esperar. Muchas casas particulares se han convertido en bares donde te puedes encontrar a una docena o más de hombres en estado de embriaguez, cocinas particulares que expedían un asfixiante olor a alcohol y tabaco que inhalaban sin más los hijos de los propietarios de estas nuevas guaridas de borrachos. La corrupción policial se había disparado pues era la policía la que daba el visto bueno a que este tipo de establecimientos continuaran con su actividad. En el resto de los hogares la hospitalidad y el compañerismo se había esfumado, era imposible ofrecer una copa a las visitas o que ellas te la ofrecieran, todo el mundo esperaba, si tenía alcohol, que alguien se lo comprara. Y para colmo, el cierre de los bares disparó la prostitución y los prostíbulos como único lugar a donde los hombres podían encontrar alguna diversión; finalmente estalló el escándalo: los mismos políticos que habían legislado la Ley Seca eran los dueños de los nuevos prostíbulos que se estaban abriendo por todos lados.

En el caso de la marihuana, prohibida en Estados Unidos desde 1930, lo que tenemos es una operación monopolística de las compañías químicas y petroleras interesadas en eliminar la competencia del cáñamo para la producción de lubricantes, comida, plástico y fibras. Para ello, la prensa amarilla que subvencionaban tan generosamente desató una campaña en la que la marihuana aparece como la hierba de la muerte, vinculándola con el submundo de piel oscura, la locura, el descontrol, la amenaza, la violencia y el crimen. Su éxito no se hará esperar y las autoridades dictarán su ilegalización.

Los datos a favor de la despenalización hablan por sí solos. En Holanda, país que desde hace más de cuarenta años práctica una política de tolerancia con la marihuana, tiene la mitad de consumidores de cannabis que España. Es falso que la liberalización haga crecer el número de consumidores, más bien observamos que ocurre justo lo contrario. De otro lado, si hay algo verdaderamente inmoral son las sumas increíbles de dinero que el Estado dedica a su persecución y que mejor se podían invertir en necesidades más perentorias de la ciudadanía; más aún cuando estas políticas no han reducido el número de consumidores ni tampoco han atajado el mercado negro, donde la heroína o la cocaína son hoy mucho más baratas que hace diez años.

El verdadero problema con las drogas está, como reconoce el propio Juan Carlos Usó, que antes de la prohibición el control y la dispensación de estas sustancias estaba en manos de profesionales de la salud: médicos y farmacéuticos. Al imponerse la política prohibicionista, o sea, después de la prohibición, el control pasó a manos de la policía (y demás cuerpos de seguridad), y la dispensación a manos de criminales. Y así nos va desde entonces.

El que en el discurso moralista y puritano sobre las sustancias embriagantes solo exista el adicto a las drogas totalmente desquiciado, ajeno a la realidad, autodestruido y por tanto víctima irresponsable de ellas, y a la vez, culpable estigmatizado socialmente por consumirlas, tampoco ayuda a comprender una realidad poliédrica, mucho menos espectacular, poblada de consumidores ocasionales, experimentadores y buscadores conscientes de los estados de ebriedad que esas sustancias proporcionan sin que por ello encajen de modo alguno en el retrato robot del yonqui televisivo.

No es menos cierto que lo que determinadas drogas ponen en cuestión son, sobre todo, nuestros valores sociales, y eso es algo que no se puede tolerar. La destrucción del ego en una sociedad que exalta el individualismo, la explosión de los sentidos en una sociedad que vehicula la experiencia y dicta el diseño totalitario del mundo, el refinamiento reflexivo en una sociedad autocrática y opresora, la amorosa y sosegada contemplación en una sociedad violenta y ansiosa, estos son los reales peligros que podrían traer aparejados el consumo de sustancias enteogénicas. Cada día está en la eternidad, pero mientras la prohibición siga en pie la certeza de esto será patrimonio de unos pocos exploradores.