Emergencia climática: (In)acciones desde Andalucía

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A día de hoy, solamente tres municipios andaluces ( Salobreña en la provincia de Granada, y las capitales de Córdoba y Sevilla ) han aprobado la Declaración de Emergencia Climática. No son gran cosa estas especies de brindis al sol, salvo el valor de una mínima sensibilización del poder local por un gravísimo problema global en constante avance, y con muy evidentes afecciones a la biosfera andaluza y sus ecosistemas y procesos naturales.

El pasado septiembre, diez activistas se encadenaron en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía en Sevilla, para reivindicar la declaración del estado de Emergencia Climática en el conjunto de la nación andaluza, un intento de que el Gobierno de Andalucía revise sus objetivos climáticos y los alinee con las recomendaciones científicas para no superar los 1,5 ºC y que desarrolle todos los instrumentos previstos en la ley andaluza de cambio climático. Afirman los activistas que «Andalucía es especialmente vulnerable al aumento de las temperaturas y del nivel del mar», a la vez que señalan que el 10 % de las emisiones de CO2 provienen del turismo, recordando, entre otros, el dato de que Sevilla se erige en la tercera ciudad más visitada de España.

No es la primera ocasión en que la industria turística sale a relucir en este portal, se trata de uno de los principales sectores económicos de Andalucía y un nicho de empleo importantísimo. Como actividad intensa y extractiva de recursos naturales debido al modelo insostenible en que está basado, es uno de los sectores llamados a la reflexión y a la acción contra los efectos perniciosos que conlleva contra ecosistemas y espacios que son de todos los andaluces. Es en este contexto, en el que se inscriben estas líneas para centrar el foco sobre la resistencia civil que está teniendo lugar en la población de Chiclana, en Cádiz, en defensa del centenario pinar de Sancti Petri. El pasado julio, unas 200 personas se concentraron y marcharon en protesta por la nueva tala de parte de esta masa arbórea en la costa para la construcción de 206 viviendas de lujo, 300 garajes y 180 trasteros subterráneos, más de 60.000 metros cuadrados. La entidad especuladora que opera tras este proyecto de macrourbanización es de capital americano, y responde al nombre de AEDAS Home, una promotora ligada a un fondo buitre estadounidense (Castle Lake). Al frente se encuentra un renombrado arquitecto, Carlos Lamela, imputado en su día por atentar contra el patrimonio histórico en Madrid —finalmente salió absuelto del presunto delito por el macroproyecto Canalejas—.

El ayuntamiento, gobernado por PSOE y Ganemos, ya concedió la licencia el pasado marzo.

Toniza-Ecologistas en Acción de Chiclana, que ha conseguido la admisión a trámite de un recurso en la sala de lo contencioso-administrativo contra la licencia otorgada,  denuncia la roturación del espacio perimetrado para el proyecto, con el fin de impedir el crecimiento de matorral, posiblemente el primer capítulo de esta operación especulativa de la que las autoridades municipales apenas ofrecen la información que viene demandando la organización ecologista. A la cual, por cierto, se le exige el pago de una cantidad superior a los mil euros como condición de acceso a la información digital relativa a la actual fase del plan. Mientras que a día de hoy las obras no han comenzado porque el proyecto de ejecución aun no ha sido aprobado ( se anunció para septiembre el inicio de las obras ), en las organizaciones civiles crece la sospecha de que el motivo está en el máximo sigilo con que se está fraguando la operación.

Como es habitual en estos casos de dimensiones notables contra valores ambientales, ecosistemas y patrimonios naturales, desde las instituciones implicadas y los agentes económicos impulsores, la labor viene acompañada de una gestión comunicacional tendente a conseguir una respuesta social de aceptación y benevolencia mediante acciones “ verdes “ o de “ responsabilidad social corporativa”: en el caso de este macroproyecto, no faltará la puesta en escena de repoblaciones de árboles como acciones de maquillaje  que en absoluto mitigan ni compensan el daño infligido a un pinar centenario como el que atesora la costa de Sancti Petri.

En definitiva, ilustramos otro ejemplo del deterioro  medioambiental de Andalucía, de la necesidad, la urgencia, de respuestas de la sociedad civil y sus representantes para frenar los efectos y causas del cambio climático y dar un giro radical a las políticas energéticas y de sostenibilidad en la comunidad. Casos como el de Sancti Petri confirman, tristemente, todo lo contrario: la apropiación y depredación privada, con el beneplácito de las instituciones, del patrimonio natural que nos pertenece a los hombres y mujeres de Andalucía.