En defensa de la ley de memoria de Andalucía

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El movimiento memorialista andaluz ha convocado una manifestación, bajo el lema Andalucía con Memoria, para exigir a la Junta que reactive la Ley de Memoria Histórica y Democrática 2/2017. Los motivos para movilizarse están más que justificados. Desde que la derecha controla el gobierno autonómico, amenaza con derogarla, aunque no se atreve. Es consciente del fuerte apoyo social que tiene y, de momento, ha optado por convertirla en papel mojado, como ya hiciera el gobierno de Rajoy. El bipartito de derechas ha paralizado su desarrollo reglamentario y está recortando la financiación en políticas de memoria. Es decir, una actitud hostil hacia una ley que las víctimas del franquismo consideran como suya.

Recordemos que el movimiento memorialista participó activamente en la elaboración de dicho texto legal. Los colectivos defensores de la memoria estuvieron dos veces en el Parlamento andaluz. La primera, para hacer sugerencias y aportaciones, durante el proceso de elaboración en la Comisión de Cultura. Y la segunda, para asistir al histórico Pleno del 15 de marzo de 2017, en el que la Ley de Memoria fue aprobada con amplio consenso. Ni siquiera la derecha se atrevió entonces a votar en contra y optó por abstenerse.

En aquella sesión plenaria, estuvieron presentes muchos familiares, que aplaudieron con entusiasmo aquella ley, pues reconocía a todas las víctimas del franquismo, desde el 14 de abril de 1931, proclamación de la República,  hasta el 11 de enero de 1982, fecha en la que entró en vigor el primer Estatuto andaluz. Por tanto, la nueva ley rendía homenaje a los que dieron su vida por defender la legalidad democrática republicana y a quienes lucharon en Andalucía por la autonomía plena. Es decir, el padre de la patria andaluza Blas Infante, fusilado el 11 de agosto de 1936, y el joven sindicalista Manuel García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977.

La derecha pretende desactivar la Memoria

El primer gesto de la derecha contra las víctimas del franquismo fue eliminar la Dirección General de Memoria Histórica, rebajando su categoría política a Comisariado y sustituyendo la palabra Memoria por Concordia. Con este gesto, el movimiento memorialista empezó a notar el chantaje que el partido neofranquista VOX ejerce sobre el gobierno bipartito, a cambio de darle su apoyo. Pero la estrategia urdida por la derecha contra la Ley de Memoria Andaluza no quedó ahí. Después de dos años de legislatura y tres presupuestos, observamos que el bipartito está desactivando las políticas de memoria con premeditación y alevosía.

Por ejemplo, de las 49 intervenciones en fosas comunes programadas en 2021, la Junta de derechas sólo ha financiado la de Pico Reja, en Sevilla. Para abrir las 48 fosas restantes no hay dinero o llega con cuenta gotas. Los propios arqueólogos denuncian que se ven obligados a cerrar las fosas abiertas, sin haber recuperado los restos de todas las víctimas, por falta de presupuesto. Algo inadmisible para los familiares, que llevan esperando más de 80 años para localizar, identificar y dar una sepultura digna a sus seres queridos.

Un criminal de guerra en la Macarena

Esta política de desmemoria, impulsada por la derecha desde la Junta, también es permisiva con la simbología franquista. En Granada, el nombre de José Antonio, fundador de un partido golpista como Falange, sigue grabado en el muro de la catedral. Además, un azulejo hace apología del franquismo en el cementerio y todavía tenemos más de 30 calles con nombres vinculados a la dictadura. Una de ellas dedicada al crucero Baleares y otra al aviador Joaquín García-Morato, que participaron en la masacre de La Desbandá. En cuanto a Córdoba, se ha producido una preocupante involución. El gobierno municipal de la derecha ha vuelto a reponer los nombres franquistas a tres calles de la ciudad, a sabiendas de que incumple la ley de memoria y supone un delito de prevaricación. Todo ello, con el silencio cómplice de la Junta.

Y mientras Blas Infante permanece desaparecido en una fosa común, la Consejería de Cultura sigue buscando excusas para mantener al criminal de guerra Queipo de Llano enterrado con honores en la Basílica de la Macarena: “No es bueno buscar el conflicto desenterrando esos horrores”, ha dicho la consejera de Cultura. Ahora resulta que cumplir la ley es provocar un conflicto. Y en su estrategia de burlar la Ley de Memoria, la derecha cuenta, una vez más, con la complicidad de la jerarquía católica, que todavía no ha pedido perdón a las víctimas del franquismo por su apoyo al golpe militar y sigue beatificando a “sus mártires de la cruzada”. Por tanto, Junta e Iglesia están cometiendo un delito contra el artículo 32 de la Ley de Memoria que dice así: “Cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio de uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.

Lugares de Memoria, abandonados

En este tiempo, el bipartito andaluz tampoco ha aprobado ninguno de los 36 lugares de memoria, pendientes de ser señalizados y protegidos. Valga como ejemplo, La Colonia de Víznar en Granada, donde Federico García Lorca y sus compañeros de muerte pasaron sus últimas horas de vida, antes de ser asesinados. El cartel informativo que todos los años pone el movimiento memorialista, durante la marcha conocida como el Último Paseo, ha vuelto a ser arrancado por la extrema derecha.

Asimismo, la placa que señaliza el Barranco Víznar como lugar de memoria, también ha sido vandalizada. Y la que recuerda la masacre de La Desbandá, en el río Guadalfeo, o la que rinde homenaje a los presos republicanos en el Fuerte de Carchuna, igualmente destrozadas, pero el bipartito mira para otro lado. Los lugares de memoria tienen gran valor pedagógico para que los caminantes recuerden que en estos parajes se produjo una violación de los derechos humanos. Y es precisamente eso lo que la Junta, controlada por la derecha, pretende ocultar.

Recortes en investigación y difusión

El bipartito de derechas tampoco está interesado en la difusión de la memoria democrática. Por eso, ha recortado drásticamente el presupuesto en esta materia, rechazando gran parte de los proyectos de investigación, presentados por 46 ayuntamientos y 7 asociaciones memorialistas. Asimismo, la Consejería de Educación impide que la memoria entre en el sistema educativo andaluz. No quiere que nuestros jóvenes conozcan la verdad. Es decir, que sus bisabuelos fueron asesinados por los golpistas del 36, por defender el sueño republicano de igualdad y justicia social. Por todo ello y por los 45.000 andaluces que aún permanecen desaparecidos en las fosas comunes del franquismo, nos vemos en la manifestación del 13 de noviembre en Sevilla, para reivindicar una Andalucía con Memoria.