La represión de los llamados “cuerpos y fuerzas de seguridad” en Andalucía no es anecdótica; es una realidad cotidiana que se ceba con las personas más vulnerables. Esta situación represiva se agrava en nuestros pueblos y barrios porque se carga con el estigma social y con el fustigamiento cotidiano. Aunque no se conozca, tristemente la represión contra las personas más comprometidas con la justicia social en Andalucía es más habitual de lo que parece.
Estos días hemos tenido el desagradable ejemplo de Juan Manuel Luna y Victoria Varela en Écija, Sevilla, dos activistas de la localidad que fueron reprendidos en la puerta de su casa, forzados a identificarse, vejados, amenazados y maltratados físicamente por dos agentes que los mantuvieron detenidos durante seis horas.
Guarda Civil, Policía Local y Policía Nacional en Ecija. ¿Tiene sentido que un municipio de 40.000 habitantes tenga tres cuerpos represivos? ¿Que clase de mensaje se esta mandando a la población?
Lamentablemente, en muchas ocasiones albergan a una manada de abusones, maltratadores, orgullosos franquistas y fascistas que, por momentos, generan más problemas de los que resuelven y que campan a sus anchas sin que nadie les ponga limites. Y parecen actuar más como una mafia con uniforme que como un ente al servicio de la ciudadanía Porque la historia de Juanma y Victoria viene de lejos, con la primera detención arbitraria, con el primer comentario, con los seguimientos injustificados, con la intimidación, con amenazas veladas, con acosos, con burorepresión o, dicho de otra manera, con cosernos a multas.
Por ello, también existen redes antirrepresivas en Andalucía: Stop Represión Granada, Huntera Antirepresiva, Socorre Sevilla… son ejemplos de un trabajo hecho durante años en este sentido. Pero sobre todo existen a niveles informales unas redes de solidaridad que se han ido tejiendo en todo este tiempo. En el caso de Victoria y Juanma, han funcionado y es lo que ha provocado que los dos policías nacionales hayan retirado las acusación de desobediencia, lo que debe interpretarse como una forma taimada de reconocer sus abusos. Y es que los dos activistas de Écija estaban respaldados por la Coordinación Baladre, CGT Andalucía, Melilla y Ceuta, Zambra Málaga… y por cientos de personas amigas de toda Andalucía. Así se ha roto el silencio y se ha puesto el foco alumbrando lo que ocurre en la oscuridad de sus cuarteles.
Ahora en tiempos de Covid-19; las leyes-mordaza que se han ido imponiendo en este sistema de democracia raquítica, lejos de haberse derogado, se han fortalecido convirtiendo la mascarilla en la materialización de la mordaza perfecta. Desde que fuera instaurado en España el Estado de Alarma, las denuncias por abusos policiales en las calles han aumentado significativamente, según denuncian organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos, Stop Represión, SOS Racismo o Amnistía Internacional.
Se tendrá que pensar seriamente en como amnistiar a tanta gente que esta intentando sobrevivir estos tiempos de sucesivas crisis y de colapso. Desde los movimientos sociales y sindicales en Andalucía, se lleva años hablando de estas propuestas de amnistía. Por ejemplo: la Amnistía Social supone una mirada amplia a la represión y propone, entre otras cuestiones, la supresión de todas las causas abiertas en los juzgados, derivadas de acciones de protesta contra las políticas de recortes, tanto de derechos laborales como sociales; la reparación a las personas más afectadas por la represión (daños físicos o secuelas de otro tipo) y exigencia de responsabilidad a quienes ordenaron intervenciones desmedidas, arbitrarias o de abuso de poder de las fuerzas de seguridad del estado. Además, se reclama libertad inmediata para las personas presas que han sido víctimas de montajes policiales o que se vieron forzadas a cometer delitos debido a la situación extrema a la que nos ha arrastrado el actual modelo político y económico. Las instituciones no se pueden lavar las manos ante el abuso policial y la opacidad en el maltrato.
Es de justicia no solo pedir que se restauren los graves daños cometidos contra Victoria, Juanma y toda su familia, sino que se tomen medidas con las personas y con el cuerpo policial que ha actuado atentando contra los derechos humanos más básicos.
Autoría: Say Lindell Castillo. Psicólogo comutario. Activista malagueño.