Golpes de estado

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El 23-F de 1981 un coronel de la guardia civil y su tropa interrumpió a tiros una sesión del Congreso de los Diputados a la mitad de la investidura de un nuevo presidente de gobierno. El 23 de marzo de 2018 un juez ha interrumpido, con su auto, el proceso de investidura de un nuevo presidente de la Generalitat de Catalunya metiendo en la cárcel, con argumentos falsos (de supuesta rebelión violenta), a quien acababa de pronunciar su discurso parlamentario para tratar de conseguir los votos para serlo. Un discurso que, por cierto, no había gustado a los independientistas más radicales.

El juez Llanera no es un llanero solitario: ha aceptado en su totalidad la petición (¿la consigna?) del Fiscal que, a la vez, depende directamente del Gobierno. El cual no tiene otra cosa que decir sino que «acata siempre las decisiones judiciales». Tendría que añadir «que él mismo promueve». ¡Viva la división de poderes! 

También ha dictado orden de detención internacional contra tod@s los líderes independientistas que han preferido el exilio a la cárcel. ¿No es esto algo parecido a una Causa General contra los soberanistas catalanes? Y ello el mismo día que se ha hecho pública una comunicación de Naciones Unidas mostrando su preocupación por el mantenimiento en prisión de Jordi Sánchez y otros dirigentes de organizaciones de la sociedad civil.

Ante esta radicalización antidemocrática de la Justicia y la manipulación de las leyes no es preciso ser soberanista ni procatalanista para mostrar indignación y apoyar a los represaliados aunque pueda no compartirse sus posiciones políticas. Es intolerable que en un país que se afirma democrático existan presos y perseguidos políticos. Lo son, desde luego, los políticos catalanes pero también sindicalistas, raperos, titiriteros, solidarios con desahuciados… por ejercer, sin violencia, el derecho de expresión o de resistencia pacífica. A este paso, terminaremos siendo acusados de rebelión (o de terrorismo) cuantos no seamos sumisas y descerebradas ovejitas del Régimen. A instancias de los fiscales del gobierno de PP y/o Ciudadanos y con la bendición del PSOE.