Uno de los temas puestos en la palestra en estos últimos días es la universalidad de la Sanidad Pública, es decir, la garantía de acceso a la Sanidad Pública de todas las personas sea cual sea su procedencia, posición socioeconómica, género, etnia o edad. El RDL 16/2012 que vino de mano del Partido Popular dejó a miles de personas extranjeras residentes en España sin acceso a una cobertura sanitaria, con excepción de la atención de urgencia, embarazo, parto y postparto. En él se puso de manifiesto por primera vez la condición de asegurado para acceder a nuestro sistema sanitario, abriendo así la puerta a la exclusión sanitaria de muchas más personas como emigrados, parados, etc. y provocando un retroceso importante en el camino hacia la universalidad sanitaria.
En Andalucía, a pesar de que el gobierno andaluz comunicó públicamente la continuidad de la asistencia sanitaria para todo aquel que pisase territorio andaluz, la realidad fue bastante diferente. En un documento hecho público por Andalucía Acoge se denunciaba la presencia de múltiples incidencias, como la facturación o la negación de la asistencia sanitaria por parte de algunos centros o profesionales a personas migrantes. Fueron años donde la confusión y aquello que se oía en la prensa, ganaba a la sensatez y donde muchas personas quedaron excluidas sin ninguna ley que lo amparase.
Después de una fuerte presión desde sociedades científicas, sociedad civil e incluso Unión Europea, en Julio de 2018 se aprueba en el Congreso de los Diputados de mano del PSOE el RDL 7/2018 que argumentaba en su exposición de motivos el retorno de la cobertura universal a nuestro vapuleado Sistema Sanitario. Sin embargo, no ha sido así. Tal y como denuncia la Plataforma Sanidad Universal Ya en su campaña #LoLlamanUniversalYNoLoEs, el artículo 3 del RDL 7/2018 señala que “son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todas las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español”. Por lo que vuelven a quedar fuera, todas aquellas personas que no puedan acreditar la cobertura obligatoria como personas que estén 3 meses en el extranjero, las personas con permiso de residencia obtenido por reagrupación familiar o como familiares de ciudadanos de la UE, etc.
Pero más allá de esta realidad flagrante, quiero invitaros a pensar en un otro concepto de universalidad del que me temo poco se hablará en esta u otras próximas elecciones.
En primer lugar, es importante aproximarnos al concepto de universalismo proporcional, es decir, cubrir a toda la población haciendo un especial énfasis en los que más lo necesitan. Incluir la equidad en el modelo es básico para que la cobertura sanitaria sea realmente efectiva y no sólo un bonito lema de campaña. Para ello toca dos cosas: la primera aumentar el gasto sanitario por habitante (bastante recortado en los últimos años); y la segunda y menos popular, realizar desinversión en aquello que no muestra ningún beneficio (aunque dé votos) e invertir en aquellas prestaciones orientadas a aquellas personas que más lo necesitan y lo que es más importante, en vías efectivas para que las prestaciones lleguen con igual y con la misma calidad a aquellas que más lo necesitan. Construir un sistema sanitario fuerte que sea capaz de revertir lo que Tudor Hart llamó la “Ley de Cuidados Inversos” y que dice que “la disponibilidad de una buena atención médica tiende a variar inversamente a la necesidad de la población asistida”.
Además, esta cobertura nunca será total si no incluimos determinadas prestaciones siempre excluidas como la salud bucodental o reformamos el actual sistema de copago farmaceútico de manera que las rentas más bajas no vean reducido su acceso real a la cobertura sanitaria.
En segundo lugar, la universalización no será completa sino se incluye en esta a los determinantes sociales de la salud que afectan a las poblaciones. Decía Rose que “si los principales problemas de salud son sociales, así deben ser las soluciones”. Es lógico pensar que una sociedad saludable será aquella que consiga reducir las desigualdades sociales y garantizar servicios tan básicos como pueden ser la vivienda digna, el suministro eléctrico o el acceso a la alimentación. Por tanto, se hace imprescindible virar de la universalidad de la asistencia sanitaria a la universalización de la salud[1]. Empezar a mirar la salud cono mirada de justicia y reconocer la equidad como un eje fundamental es parte de la transformación a realizar para tener poblaciones sanas. Un sistema sanitario de todas y para todas y una sociedad que mire la vida y no la producción: dos patas inacabadas de una mesa que ya casi no se sostiene.
[1] Mirar el documento editado recientemente por Intermon Oxfarm sobre Inequidades en la capacidad de estar vivo y de disfrutar de una vida saludable: https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/dominio1_salud.pdf