La cultura como concepto multidimensional y multifacético se desarrolla en todas las esferas de la vida, constituyéndonos como individuos y colectivos, generando identidades, sentidos de pertenencia y ciudadanía. Al mismo tiempo que se entiende que la cultura no se agota en su faceta pública, también es importante destacar la importancia que tiene este tipo de intervención en oposición, equilibro o contrapeso a los intereses comerciales e individualistas del mercado. El posible retiro del Estado de la esfera cultural andaluza otorga al escenario público actual una carga de incertidumbre y preocupación. Las estructuras de contención y los espacios no ocupados por los sistemas públicos caen en la lógica depredadora del mercado, con el inadmisible coste de no cumplir con los derechos sociales y culturales consagrados en el papel y en las calles. Incluso resulta preocupante la gestión de los espacios culturales públicos bajo criterios cuasi – empresariales que alteran los intereses de fondo y fomentan barreras y trabas para su acceso democrático.
El mes de octubre comenzó con una noticia que, a riesgo de pasar desapercibida, ha de ser evidenciada y cuestionada. Desde la Consejería de Cultura se “evalúa”, para tener definido “en las próximas semanas”, cobrar una media de tres euros para ingresar en los Museos, Monumentos y Sitios Patrimoniales Andaluces. El sistema de tarifas establecido por el cual sólo pagan los visitantes “extracomunitarios” amenaza con incorporar también a la ciudadanía andaluza, lo que no es ni más ni menos que un avance privatizador sobre la cultural regional y el derecho al uso y disfrute de sus habitantes.
La gestión de turno prioriza una lógica comercial de la cultura y, más en perspectiva, una transferencia de ingresos de la ciudadanía a los sectores concentrados. La excusa de la necesidad de financiación de los espacios culturales no debe engañar. No se pone en duda que se precisa de un importante presupuesto para el sostenimiento y el desarrollo de la cultura pública pero, lo que sí ha de ser objeto de debate, es de dónde obtener esos fondos. Y claro está que establecer un coste para que la ciudadanía andaluza pueda disfrutar, conocer y ser protagonista de sus Museos, Bienes y Sitios Patrimoniales, representa una clara transferencia de recursos que podrían adquirirse por otras vías. Esto implica un visible retroceso en la democratización cultural y un paso atrás en la conquista de los derechos culturales, contrario a criterios inclusivos y participativos.
Me permito insistir en que no es una medida menor y no debe pasar como un detalle de gestión. Imponer un precio al acceso a sitios culturales públicos es una primera muestra de la escalada privatizadora y de mercado que vino a imponer este gobierno. Y debemos advertir esta y cada una de las políticas públicas que desde la Consejería de Cultura vayan en ese sentido. Es necesario espabilar y ponerle un freno a este avance; es preciso que la comunidad cultural andaluza se organice y se manifieste de forma contundente ante tal avasallamiento. Las autoridades públicas deben reconocer y gestionar las dificultades y necesidades del sector cultural entendiendo que este tipo de medidas abonan a profundizar esos problemas. Resulta indispensable hacerle frente a esta cultura para pocos que nos quieren imponer.
Defender que el coste del ingreso será “prácticamente simbólico”, señora Consejera de Cultura, es una licencia que no puede tomarse todo el mundo en Andalucía.
Autor: Ignacio Vegas. Sociólogo, investigador y gestor cultural.