En torno a mil quinientos jornaleros y jornaleras inmigrantes malviven en asentamientos chabolistas durante los meses que dura la campaña de recolección del fruto rojo en la provincia de Huelva. Estos asentamientos se encuentran situados en Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y la mancomunidad de Mazagón. Principalmente se encuentran activos durante los meses de marzo a junio que dura la recolección pero cada vez es más frecuentes que exista una población que vive en estos asentamientos de forma perenne lo que se acerca más a ser un sinhogarismo crónico que unas precarias condiciones de vida de trabajadores del campo en un tiempo determinado.
En el último año la situación de violencia estructural en la que se vienen desarrollando el trabajo de los jornaleros y jornaleras en la campaña de la fresa ha saltado a la luz pública. Esto fue posible por la denuncia de abusos sexuales que las trabajadoras marroquíes interpusieron y que gracias al sindicalismo de base y el movimiento feminista tuvo una importante repercusión mediática.
Sin embargo la realidad es mucha más extensa y poliédrica en la explotación onubense del fruto rojo. La situación de los trabajadores inmigrantes, que habitan estos asentamientos chabolistas a la espera de ser seleccionados para ganar un jornal, merece nuestro detenimiento y atención a fin de poder a bordar esta realidad que entrecruza distintas vertientes de explotación en el suelo andaluz.
Lo primero es necesario para el lector diferenciar entre las trabajadoras marroquíes y las personas que habitan estos asentamientos. Las jornaleras marroquíes son contratadas en origen a través de un contingente que posibilita la Ley de Extranjería. Su número, temporalización y características serán establecidas por la patronal fresera y se negociará esta contratación a dos bandas con el gobierno marroquí y al intermediación del gobierno español. Estas mujeres tienen permiso de residencia y trabajo para el tiempo que dura la campaña, será alojadas en las fincas de las empresas y deben retornar a su país cuando finaliza la campaña.
Sin embargo las personas que habitan estos asentamientos chabolistas no tienen un contrato de trabajo preestablecido. Es decir, el hecho de venir a Huelva y asentarse en estas chabolas no conlleva automáticamente poder trabajar. Deberán probar suerte y conseguir algún jornal en el tiempo que dura la campaña.
La falta de recursos públicos destinados a locales de acogida y de hospedaje de los jornaleros que se desplazan a la comarca para trabajar en la recogida del fruto, junto al elevado precio de los alquileres y la reticencia de la población autóctona a alquilarles pisos hacen que proliferen estos asentamientos. Es el último recursos de alojamiento para estos trabajadores que vienen buscando un salario en la exitosa campaña del fruto rojo.
La construcción de estas chabolas se realiza con material reciclado, no existe suministros de luz , ni agua, ni servicio de basuras. Ha de tenerse en cuanto que alguno de estos asentamientos pasa de 500 habitantes. Nos encontramos en un contexto de grave inseguridad y insalubridad, donde se padece una agudizada falta de recursos económicos, sociales y segregación.
Los países que se encuentran más representados en los asentamientos de la provincia de Huelva son Ghana, Malí, Marruecos, Rumania y Senegal. En su mayoría son varones de entre los 18 y 45 años aunque a medida que estos asentamientos se hacen perennes el número de menores, acompañados y no acompañados, y de mujeres va en aumento. Se estima que el 74% de los residentes tienen su situación administrativa regularizada.
Las entidades sociales y ONGs que trabajan en la zona alertan cada año de escasas o nulas medidas que se toman por parte de los Ayuntamientos de los municipios en los cuales se ubican estos asentamientos, ignorando así las precarias condiciones en las que se encuentran obligadas a vivir estas personas
Estas situación descrita, además de analizarla dentro de una reivindicación básica de derechos fundamentales, ha de analizarse políticamente. La patronal fresera es la primera beneficiada de estas duras condiciones de vida de los jornaleros y jornaleras inmigrantes que estarán dispuesto a aceptar un salario que alivie su situación de pobreza aunque el mismo esté muy por debajo del valor de su trabajo. Los trabajadores de los asentamientos funcionan como un ejercito de mano de obra de reserva que es utilizado como mecanismo de regulación del salario por parte de la patronal. Mientras exista inseguridad, insalubridad, infravivienda y pobreza se podrán pagar salarios míseros y el beneficio de la empresa será mayor.
Por respeto a los Derechos Fundamentales; por repulsa al racismo; y por una cuestión de dignidad y resistencia de la clase obrera frente a la patronal no podemos permitir en Andalucía ni un año más esta dura realidad de los asentamientos de jornaleros y jornaleras en Huelva.
Este artículo está basado en el «Informe Realidad de los Asentamientos en Huelva 2017», de la Mesa de Integración. Consultar: https://www.apdha.org/media/Informe-Asentamientos-Mesa-Integracion-Huelva.pdf