Neoliberalismos y economía andaluza: la necesidad de ser una “comunidad autónoma”

Introducción

Andalucía está cada vez más al servicio del capital, es cada vez menos una “comunidad autónoma” y continúa siendo objeto de procesos que la llevan a lo que hace casi 45 años Manuel Delgado Cabeza denominó como “dependencia y marginación de la economía andaluza”. En este texto, queremos analizar nuevos mecanismos que agudizan estos procesos1.

El punto de partida es el que vamos a denominar “capitalismo neoliberal progresista” (“amable” o “por las buenas”), que surge a partir de la hegemonía neoliberal con origen en las décadas de 1970 y 1980. Es preciso caracterizar el neoliberalismo realmente existente, y el modo en el que el capital se ha ido haciendo con la estructura productiva e incluso con el control de cada vez más infraestructuras básicas de sociedades como la andaluza “por las buenas”, de modo “natural” mediante la “libertad” que otorgan los mercados. En este proceso ha sido muy relevante el surgimiento y desarrollo del negocio de la gestión de activos, que tiene como principal causa y herramienta la intervención estatal neoliberal realizada en las décadas de 1980 y 1990. En los procesos extractivos o de “puesta en venta” de Andalucía en las últimas décadas tienen una tremenda relevancia y gravedad aquellos que hacen que los fondos de inversión estén controlando la propiedad de los recursos e infraestructuras básicas para la reproducción social. Las facilidades encontradas por estos fondos para apropiarse de las infraestructuras esenciales para la sociedad andaluza se han debido en gran medida a la política “neoliberal”, y no por ello menos intervencionista, de la Junta de Andalucía (en sus diversos gobiernos y etapas).

En los últimos años estamos asistiendo al surgimiento y consolidación del “capitalismo neoliberal autoritario” (neorreaccionario o “por las malas”). Aunque debemos tener en cuenta que la relación entre capitalismo, extractivismo y militarismo no es nueva sino consustancial al sistema, es cierto que nos encontramos en una etapa donde se ha producido un salto relevante de los procesos de aumento del gasto público militar y las estrategias de conflictos armados con fines económicos. La crisis ecosocial, con la escasez de energía y materiales, provoca el aumento de la violencia necesaria para continuar con los procesos de acumulación de capital. En este contexto, es preciso analizar el papel que juega la economía andaluza, con el crecimiento de su industria militar y la presencia de dos bases militares estadounidenses en su suelo.

Cada vez son más precisos análisis útiles para poder elaborar el mejor diagnóstico posible sobre la economía andaluza para, a partir de ahí, realizar propuestas útiles para el que entendemos imprescindible debate en torno a una política económica transformadora o emancipadora para Andalucía. No es posible combatir el neofascismo, el neoliberalismo progresista o autoritario, sin plantear e impulsar propuestas de alternativas económicas para mejorar la vida de la gente que vive en Andalucía. Poner coto al pensamiento neorreaccionario, ultraderechista o fascista que aumenta la desigualdad, la explotación, el extractivismo, la dependencia y marginación de Andalucía requiere de una alternativa que tenga en cuenta lo económico, lo material. Sin alternativa económica no hay freno posible al “capitalismo de motosierra”.

Neoliberalismos

Entendemos, con Neil Davidson, que los fundamentos del neoliberalismo se encuentran en la internacionalización del capitalismo y sus efectos transformadores sobre las funciones del Estado: la relevancia del comercio exterior, las cadenas globales de producción y la inversión externa.

El “neoliberalismo progresista” es aquel que no cuestiona en absoluto el sistema capitalista pero sí defiende los derechos civiles de las minorías sociales. El capitalismo neoliberal progresista ha servido y sirve para que cada vez más activos económicos acaben siendo controlados por la oligarquía financiera global. Los gestores de activos son empresas financieras privadas que gestionan dinero de grandes inversores y los invierten por todo el mundo. Durante estos años, y avalado por gobiernos progresistas y conservadores, ha aumentado el tamaño global del sector de la gestión de activos. En los últimos tiempos los gestores de activos se han dedicado a invertir más cantidades de dinero en los bienes inmobiliarios y las “infraestructuras”, es decir en los sistemas y marcos de trabajo físicos más esenciales, los que proporcionan los medios más básicos de funcionamiento y reproducción social. La “condición de bien de inversión” de la vivienda y las infraestructuras a cierta escala, y la obtención de rendimientos que los gestores de activos consideran viables, solo ha sido posible por la intervención del Estado neoliberal progresista.

En los últimos años la economía capitalista se encuentra en un contexto de gran vulnerabilidad climática y en el marco de una notable reducción de la base material y energética en la que opera. Esto hacer que el capitalismo neoliberal esté pasando de ser más o menos “progresista” a ser más o menos “autoritario”. El neoliberalismo autoritario que se está implantando en la actualidad puede analizarse como un modo de afrontar la crisis ecosocial desde la oligarquía capitalista. Este proyecto económico tiene como base productiva la primacía delas industrias que impulsan todas las amenazas, a saber: la industria armamentística, los combustibles fósiles, las finanzas y las megaplataformas digitales. Los agentes que participan en estos sectores saben perfectamente que estas tecnologías consumen demasiada energía, demasiados minerales críticos y demasiada agua para el sostenimiento de cualquier tipo de equilibrio. Sin embargo, esta gente no está preocupada por las amenazas reales que están desatando, sino por la perspectiva o la posibilidad de que se pongan en marcha políticas gubernamentales serias y coordinadas a nivel internacional para frenar a sus sectores antes de que sea demasiado tarde. Para esta gente el apocalipsis no es el colapso, sino la regulación que impida el crecimiento económico suicida, la acumulación insostenible de capital.

Estos posicionamientos proponen la visión de economía fortificada extremadamente armada. Cuando se habla de aumentar el gasto en armamento, más que de “defensa” de lo que se trata es de cumplir con otros dos objetivos: uno, controlar, encarcelar o expulsar a los seres humanos que entienden como desechables o indeseables; y dos, reclamar violentamente los recursos que consideran necesarios para capear las crisis que se avecinan (agua, energía, minerales críticos, etc.). En este segundo objetivo toma aún mayor relevancia la propiedad inmobiliaria, o incluso cualquier tipo de propiedad sobre la tierra, esa que en términos financieros se denomina como “activos reales”. Se establece un horizonte de “refeudalización” o “nueva Edad Media” (Gabilondo, 2019). Los condenados son la población sacrificable ante la catástrofe, y que son quienes no forman parte de la comunidad de propietarios y, en consecuencia, no participan del poder político.

Nos situamos, por tanto, ante un giro neoliberal hacia el autoritarismo. A partir de 2008, el proceso puesto en marcha por la clase aristocrática global se agudizó, el Estado aceleró el proceso de abandono del proyecto nacional y se volvió una institución más especializada en el control y la disciplina de la población en favor de las élites aristocráticas. Este proceso hace que el principal conflicto que está surgiendo en esta “nueva Edad Media” sea “el estado de excepción neoliberal”. El Estado no se ha debilitado, no está en crisis, sino que se ha transformado y ha pasado de ser un Estado de bienestar a ser un Estado policial. De este modo ha convertido en “bárbaros” a cada vez más personas, pues cada vez más aumenta la población que vive fuera de las garantías del Estado. Es el capital financiero y la nueva clase oligárquica asociada a él quien necesita esta nueva situación de excepción. El “soberano medieval” que representa Donald Trump se define por su intento de gobernar desde una alegalidad que supera a las instituciones del Estado. El nuevo soberano populista viene a representar el estado de excepción neoliberal.

Un estado de excepción neoliberal que Achile Mbembe denomina “necropolítica”. De ese modo, define los efectos que, al otro lado de la frontera de los Estados del Norte Global, produce el Estado postcolonial/imperialista en su política de matanza indiscriminada de poblaciones enteras. Así, el neo-extractivismo ha extendido la necropolítica, el orden necropolítico, en forma de masacre (África, Palestina, etc.) para continuar con el objetivo del capitalismo que no es otro que convertir la vida en capital, cosificando la vida misma en su valor y, por tanto, destruirla en última instancia.

La profundización de los procesos de marginación y dependencia de Andalucía: las Infraestructuras estratégicas andaluzas y los fondos de inversión

Detrás de las corporaciones empresariales que controlan los sectores estratégicos andaluces hay nuevos dueños. Poco a poco se ha producido un desplazamiento del poder acumulado históricamente desde empresarios y políticos a grandes fondos de inversión y empresas de gestión de activos. En economías como la andaluza, estos grandes fondos toman protagonismo al pasar a ser accionistas de grandes corporaciones multinacionales que controlan los sectores estratégicos. Estos sectores estaban controlados antes de 2008 en gran medida por empresas de capital español que, en los últimos años, han ido siendo controlados por estos nuevos actores financieros globales.

Tras la crisis de 2008, el saneamiento del sector inmobiliario y los procesos de reestructuración de las entidades financieras españolas allanaron el camino para la entrada de los fondos de inversión y empresas de gestión de activos. En estos procesos, destaca a la hora de entender la sociedad de gestión de activos en Andalucía, los problemas de endeudamiento y la llegada de inversores foráneos en las grandes empresas constructoras, corporaciones que poco a poco han ido ampliando sus servicios y convirtiéndose en “gestoras de infraestructuras”. Estas empresas eran los socios estratégicos del Gobierno español en el IBEX y, como tales, eran grupos empresariales que habían monopolizado recursos o infraestructuras privatizados por el Estado. Estas grandes empresas de la construcción comenzaron a ceder el control de estos recursos, antes públicos, a los gestores de activos. De este modo, “Fomentos de Construcción y Contratas” (FCC) solucionó sus problemas con la llegada de los fondos de inversión del financiero mejicano Carlos Slim. En “Actividades de Construcciones y Servicios” (ACS) entró como uno sus principales accionistas el fondo estadounidense BlackRock. Al igual que en Ferrovial, que además de BlackRock se encuentra en su accionariado otras sociedades de gestión de activos como Lazard, Capital Group o Southern Asset Management. OHL, ahora conocida como OHLA, tiene como principales accionistas los hermanos Amodio y el inversor mexicano Andrés Holzer. Por último, Acciona tiene entres su accionistas, además de a la familia Entrecanales, a BlackRock y a JP Morgan.

En estos procesos ha tenido una participación activa la intervención pública neoliberal. En los últimos años destaca como herramienta de política económica neoliberal progresista el programa Next Generation EU (NGEU). Estos fondos están sirviendo para poner en marcha en Andalucía megaproyectos con gran relevancia de la lógica de Alianzas Público-Privadas (APP), que son herramientas orientadas hacia la privatización de los servicios públicos, y con gran presencia de poderosos lobbies y grandes consultoras. Los NGUE han dado lugar a una enorme transferencia de fondos públicos hacia grandes empresas multinacionales, que para la economía andaluza están suponiendo una ampliación de los procesos de dependencia mediante de la profundización de los procesos de control de sus recursos, tanto por las grandes multinacionales, como por parte de los fondos y empresas de gestión de activos.

De este modo, el capitalismo neoliberal progresista han significado y conlleva para Andalucía una agudización y profundización en los procesos de pérdida de capacidad de gestión de los recursos propios. En estos procesos han tomado relevancia en los últimos años los gestores de activos, tanto en las tierras de cultivo, como en las infraestructuras básicas energéticas, de telecomunicaciones, transportes, agua, juzgados, hospitales, etc.

Las tierras de cultivo es la principal infraestructura que tiene una sociedad para la producción de alimentos. En los últimos años los fondos de inversión están comprando un elevado número de hectáreas de tierras en el medio rural andaluz (Herrero, Y. y García, 2024). Las consultoras del capital están creando áreas de “Agribusiness” o inversión-especulación agrícola, y no son pocas las que analizan en profundidad las oportunidades que supone el campo andaluz para ganar dinero. Con la pandemia del Covid-19, las inversiones de capital foráneo en la agricultura andaluza aumentaron. Los fondos de capitales buscan en Andalucía fincas “buenas y grandes”, de 500 hectáreas o más, y con posibilidades de regadío, fundamentalmente para cultivos leñosos. Estos fondos están detrás de las operaciones de mayor envergadura y de la mayor parte de las nuevas plantaciones, en su mayor parte superintensivas. El traspaso de tierras de manos de los agricultores a los fondos está provocando cambios en la configuración del campo. Hay menos explotaciones agrarias, cada vez más grandes y menos familiares. En Andalucía, los fondos son los “nuevos terratenientes” (López Letón, 2022).

Las infraestructuras energéticas incluyen las instalaciones de generación de energía y las redes de almacenamiento y distribución de combustible. An Andalucía, la gestión de la red de transporte de la energía eléctrica está en manos de Red Eléctrica de España, S.A.U. En el accionariado de la empresa matriz, Redeia Corporación, S.A. (Redeia), se encuentra la SEPI (20%), es decir, el Estado español, y fondos de inversión como Pontegadea Inversiones2 (5.01%), Blackrock (4,67%) o The Vanguard Group, Inc. (3,34%). Las grandes empresas energéticas están impulsando megaplantas fotovoltaicas y proyectos de hidrógeno en Andalucía, en muchos casos gracias al dinero público proveniente de los fondos Next Generation. Tanto en el bum de las renovables, como en el de los proyectos de hidrógeno, la base de todo son estrategias especulativas, detrás de las cuales se encuentran grandes empresas de energía fósil como CEPSA, Endesa, etc. Los macroparques fotovoltaicos operados por grandes compañías aumentan el control foráneo de estas infraestructuras básicas. Además, la preferencia de las corporaciones por los grandes parques está provocando procesos de extractivismo neocolonial y la destrucción territorial.

Por otro lado, cada vez más infraestructuras básicas para la economía y sociedad andaluza como las infraestructuras ferroviarias, instalaciones para aparcamientos o redes de recarga de vehículos eléctricos pasan a ser controladas por empresas privadas y sociedades de gestión de activos. Estos planes se denominan desarrollo de infraestructuras en concesión. Es el caso de la aprobación preliminar para desarrollar dos autopistas en régimen de concesión de obras a través de sendas iniciativas privadas, por Acciona, por un lado, y una alianza integrada por ACS y Azvi, por otro. Se trata, respectivamente, de la mejora de A-357 entre Málaga, Campillos y Ronda, y de la A-376 y la A-362 entre Sevilla y Utrera.

Respecto a estos procesos en las infraestructuras de telecomunicaciones, en 2024 la Junta de Andalucía ha aprobado el I Plan de Impulso de las Infraestructuras Digitales de Andalucía 2030. Con este plan se abre el campo a las Alianzas Público Privadas, es decir a la privatización de estas infraestructuras. En 2025 se ha puesto en marcha la I Estrategia Cloud de Andalucía 2030, donde se establece la misma estrategia respecto a las infraestructuras en la nube de la Junta de Andalucía.

Las infraestructuras de suministro de agua están siendo cada vez más controlados por empresas privadas y gestores de activos. No obstante, sigue siendo un fenómeno menos común que la propiedad de infraestructuras de transportes, energía o telecomunicaciones. Este sector está muy relacionado con el sector de las grandes constructoras. Aqualia, por ejemplo, filial de FCC, es una empresa de gestión del agua presente en numerosos municipios de Andalucía. Esta empresa está participada por el grupo de servicios ciudadanos FCC (51%) y por el fondo australiano IFM Investors (49%). La compañía es la cuarta empresa de agua de Europa por población servida y está entre las diez primeras del Mundo.

Por último, las infraestructuras sociales son aquellas estructuras físicas de larga duración que albergan y facilitan servicios sociales, siendo los más importantes los centros educativos, los centros sanitarios, las prisiones y los juzgados. La Ley de desindexación de la economía española, vigente desde 2015, ha limitado la rentabilidad de la inversión de los fondos en estos proyectos de infraestructuras. En los últimos años, la Junta de Andalucía ha buscado fórmulas para evitar este freno y poder impulsar inversiones en infraestructuras a través de la Alianza Público Privada. En 2024 la Junta comenzaba a concretar algunas de estas iniciativas y concesiones debido al asesoramiento de KPMG, empresa a la que había contratado para el diseño de un pliego que sirviera de base para estas concesiones. Esto ha impulsado la participación de capital privado en el desarrollo de los juzgados de ciudades como Jaén, Cádiz y Huelva. Además, en Almería se está promoviendo, a través de una iniciativa privada de la empresa New Capital 2000, la construcción y posterior explotación de un aparcamiento en altura para vehículos en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Pero la principal infraestructura con la que la Junta quiere contar con capital privado es el nuevo Hospital de Málaga, la mayor obra pública del año en España con un presupuesto de 607 millones. Para ello el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha licitado la contratación de las obras del nuevo hospital y la concesión de las obras y explotación de los aparcamientos.

En resumen, tierras de cultivo, infraestructuras básicas de energía, agua, transportes y telecomunicaciones, e incluso juzgados u hospitales, pasan a estar controlados de forma directa o indirecta por grandes empresas en cuyo accionariado se encuentran las empresas de gestión de activos. De este modo, el capitalismo neoliberal progresista ha ido limitando la capacidad que tienen los Estados para intervenir en la economía siempre que no sea a favor del capital. Con el crecimiento de la inversión internacional en Andalucía, más crecimiento y desarrollo significa más dependencia y marginación, en primer lugar, y una mayor limitación de la capacidad de decisión de la población sobre su economía, en segundo lugar.

El neoliberalismo autoritario y la economía andaluza

Las políticas neoliberales autoritarias del Gobierno estadounidense son su herramienta en la lucha por la hegemonía global. Esta lucha puede analizarse en diversos campos, y en virtud de los mismos vamos a plantear sus efectos sobre la economía andaluza.

La política arancelaria estadounidense es el núcleo de una política comercial que busca retomar la hegemonía productiva. Durante el verano de 2025, la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía ha realizado una primera estimación de los efectos de los aranceles estadounidenses. En síntesis, el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad se vería reducido en 0,23 puntos porcentuales, lo que equivale a 509 millones de euros. En términos generales, la dependencia de un mundo donde las reglas las pone un poder autoritario va a suponer para la economía productiva real andaluza el aumento de la incertidumbre e inseguridad en las normas del juego. La empresas y sectores económicos andaluces exportadores se enfrentan a un juego en el que las reglas son variables en función de intereses de competidores que, en caso de ir perdiendo, pueden cambiar las normas a su favor. En este juego de competencia “tramposa” o “fullera”, lo normal es que todo esté preparado para que pierda quien no marca las normas. Todo esto debería plantear la puesta en marcha de estrategias de reterritorialización o búsqueda de medidas para avanzar en la soberanía o autonomía productiva y económica de Andalucía.

Por otro lado, los aranceles son un arma que está dando una posición negociadora fuerte a EE.UU. para sostener su hegemonía en la economía financiera. Tal y como se trató más arriba, es necesario tener en cuenta hasta qué punto tanto los principales sectores productivos, como las infraestructuras básicas andaluzas, están cada vez más bajo control de agentes financieros foráneos. Por tanto, y si lo que se busca es proteger los intereses colectivos de Andalucía, es necesario evitar que los activos económicos andaluces, y es especial los activos reales o infraestructuras básicas, caigan en poder de las empresas de gestión de activos, en su mayoría con interconexiones con la economía estadounidense en general, y con el proyecto neoliberal autoritario en particular.

Las políticas puestas en marcha por el gobierno estadounidense respecto al mantenimiento de su hegemonía militar tienen como elemento inicial y básico en el incremento del gasto militar. Esta subida de los presupuestos militares en todos aquellos Estados susceptibles de ser presionados por EE.UU. tendría como principal beneficiario al entramado militar-industrial estadounidense. Ahora bien, estas políticas también tienen como efecto directo para la economía andaluza el crecimiento de su industria militar. La estructura económica andaluza se convierte de este modo en parte y beneficiaria de la lógica militar y neocolonial del neoliberalismo autoritario. Las empresas de este sector que operan en Andalucía representan un tercio del sector español. En Andalucía están implantadas empresas relevantes del sector como Airbus, Navantia, Santa Bárbara Sistemas, Indra, Iturri, Aertec, Fábrica de Municiones de Granada, entre otras muchas. Existe una cierta especialización industrial militar con ámbitos como el aeroespacial, el naval, la logística avanzada, los drones y los sistemas de misión. En la primavera de 2025, la Junta de Andalucía anunciaba ayudas de 230 millones para la industria militar en la comunidad.

Por otro lado, desde la propia Junta de Andalucía se apunta como otro factor estratégico el potencial de minerales críticos esenciales para la industria de la defensa y la seguridad. Desde hace más de una década asistimos a una reactivación de la minería andaluza. El neoliberalismo reaccionario está dando un nuevo impulso a esta actividad, con previsión de apertura de nuevas explotaciones de forma inminente.

A estas actividades mineras e industriales que sitúan a Andalucía en la agenda europea de “capitalismo verde oliva”, hay que sumar la presencia en suelo andaluz de dos bases militares estadounidenses. El suelo andaluz es un punto geográfico relevante para la estrategia del mayor ejército del mundo, arma esencial para el colonialismo y extractivismo capitalista. De este modo, al mismo tiempo que es territorio de extracción, dependencia y marginación, Andalucía es territorio utilizado por los poderes coloniales extractores para poner en práctica las estrategias militares necesarias para poder extraer recursos de otros territorios.

Con el tiempo, Andalucía, utilizando una expresión de Eduardo Galeano, ha ido perfeccionando esa “especialización en el perder”. Después de un largo recorrido histórico, Andalucía continúa existiendo al servicio de necesidades ajenas. Lo más triste es que atendemos de manera creciente a las necesidades de un neocolialismo que forma parte de un capitalismo neoliberal autoritario cuando no fascista. La adaptación al neoliberalismo progresista ha significado, entre otras cosas, poner a disposición del capital nuestra estructura productiva, primero, y nuestras infraestructuras estratégicas o activos reales, después. Por su parte, la adaptación al neoliberalismo autoritario puede significar, por un lado, la continuación de estos procesos de incremento de la dependencia y la marginación, y, por otro, el crecimiento de la industria militar, minería, y demás actividades que asientan el papel estratégico de Andalucía como colaborador necesario o cómplice en el neocolonialismo impulsado por EE.UU., y en el que asume un papel secundario la UE. Es decir, igual hay algo peor que ser tierra saqueada: ser tierra saqueada y tierra que colabora en otros saqueos. Algo peor que tierra colonizada: ser además origen de colonizadores. La complejidad del papel de la economía andaluza en el neoliberalismo autoritario-fascista en ciernes se puede resumir en ser, al mismo tiempo, víctima y cómplice de los victimarios.

La necesidad de una propuesta económica transformadora para Andalucía: algunas ideas

En las últimas décadas ha habido un abandono de la política económica por parte de los grupos y personas progresistas, de izquierdas, o como se les quiera denominar. Este abandono ha supuesto un factor muy relevante para explicar la “derechización” o apoyo de un gran porcentaje de la población a partidos de derecha y extrema derecha de Andalucía.

El capitalismo neoliberal, progresista o autoritario, tiene por objetivo afianzar la soberanía del capital. La actual soberanía del capital no sólo impide la soberanía popular, sino que impide imaginarla siquiera. Frente a la crisis de soberanía estatal, debemos poner en marcha estrategias políticas transformadoras para avanzar hacia una “comunidad autónoma”, donde la soberanía del capital deje de impedir la soberanía popular andaluza.

En contra de lo que parezca cuando hablamos de “economía”, la finalidad económica última a alcanzar es tan simple de enunciar como complicada de lograr: la mejora de la Vida en Andalucía. Para alcanzar este fin proponemos, entre otros muchos que habría que añadir, dos grandes objetivos, muy interrelacionados, a saber: uno, aumentar el control andaluz de sus propios recursos; dos, construir una economía social transformadora andaluza. Decimos interrelacionados porque sin controlar los procesos extractivistas, será muy complicado avanzar en formas de producción, distribución o finanzas transformadoras. Y al contrario, sin impulsar un cooperativismo transformador, fórmulas de inversión y financiación éticas o solidarias o herramientas de distribución y consumos alternativas, será muy complicado aumentar el control sobre los recursos propios.

A. Aumentar el control andaluz de sus propios recursos

Conjunto de medidas de carácter “defensivo” que sirvan para exigir al Estado capitalista, a todas sus administraciones públicas competentes (en este caso la Junta principalmente), que deje de vender los servicios públicos, en especial la sanidad y educación, al capital privado. Las consideramos medidas para “frenar” procesos privatizadores, tanto de servicios públicos como de infraestructuras sociales básicas andaluzas.

B. Construir una economía social transformadora andaluza

El segundo gran objetivo propuesta es construir una economía social transformadora andaluza. Este objetivo tiene dos ámbitos o subobjetivos relacionados. Por un lado, impulsar la autogestión laboral o el cooperativismo transformador, lo que supone construir otro modelo de entidad productiva o empresarial democrática autogestionaria. Y por otro lado, promover las “autonomías comunitarias estratégicas”, es decir, otro modo de gestionar los recursos concretado en procesos de soberanía alimentaria o control comunitario de recursos agrarios, generación de comunidades energéticas locales, procesos de digitalización no extractiva, autogestión de ahorros y finanzas, etc.

Combatir la extrema derecha y el capitalismo contemporáneo requiere no atender al “realismo capitalista” que nos impone la incapacidad total del “no hay alternativa”. Nuestra obligación es “no cogerle el gusto a las cadenas”. Para ello hay que avanzar y creer en la capacidad de la gente que habita Andalucía de producir, cuidar y disfrutar(nos) colectivamente. Desde ahí encontraremos las alternativas donde lo colectivo nos hará más libres, y desde donde Andalucía podrá ser una “comunidad” lo más “autónoma” y, por tanto, democrática posible, y que se aleje de su “dependencia y marginación”.