N y sus hijas viven desde hace meses bajo la amenaza de un desalojo. Tiene una situación de vulnerabilidad reconocida y de emergencia habitacional. Sin embargo, sigue sin saber si en la próxima vista el juez decidirá finalmente llevar a cabo el desahucio. Solo los sucesivos decretos de emergencia a raíz de la pandemia, que están prontos a expirar, lo impiden. N acude regularmente al punto de encuentro sobre vivienda de la Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía. Acompañada por dos personas vuelve a hacer una vista a los servicios sociales, a la oficina municipal por el derecho a la vivienda o a la empresa municipal de vivienda pública. La actitud y la respuesta es siempre la misma: “No hay vivienda pública”.
Esta escena se repite cada semana. Afecta a familias monoparentales y convencionales, igual a locales que extranjeros. La realidad es que cientos de familias en Andalucía se encuentran en una situación desesperada en relación a su alojamiento. La crisis provocada por el COVID ha afectado de nuevo a los más vulnerables. Al contrario que en otros contextos, como el de la crisis hipotecaria de 2008, afecta principalmente a hogares alojados en régimen de alquiler. La crisis hipotecaria generó dos procesos paralelos. Por un lado, la concentración de las propiedades en bancos y fondos de inversión opacos, y por otro el incremento del peso de los hogares en régimen de alquiler. A pesar de este peso creciente, los inquilinos no dejan de ser una minoría de los hogares, generalmente jóvenes y/o económicamente más vulnerables. Con la pérdida del empleo llegan los impagos y con los impagos la denuncia y el desahucio. Muchos de los caseros son propietarios convencionales que a veces tampoco tienen una situación económica óptima y dependen del pago de un alquiler para mantenerse a flote. Otras, cada vez más a menudo, son fondos opacos y bancos, que aparecen para expulsar a los inquilinos cuando consideran que su propiedad podría obtener más beneficios dedicada a uso más elevado. El llamado escudo social ha frenado hasta ahora gran parte de los desahucios de personas sin alternativa habitacional, aunque muchas veces dicha alternativa ha sido el pago por los servicios sociales de algunas semanas de alojamiento en una habitación de motel. La incertidumbre sobre qué sucederá, ahora que termina la última prórroga, es grande, más cuando la oficina de vivienda en Sevilla tiene 80 familias en situación de emergencia, prácticamente en la calle, pero afirma no tener viviendas.
¿Qué sucede con la vivienda pública? La mayor parte de las grandes ciudades de Andalucía está ocupada por grandes conjuntos con algún tipo de vivienda pública. La gran mayoría fueron construidas entre las décadas de los años sesenta y setenta. Aunque es algo que venía de antes, desde la segunda mitad de los años ochenta se aceleró la privatización del parque público de viviendas, malvendidas a sus propios ocupantes. En algunos barrios obreros de Sevilla tuvieron incluso que hacer manifestaciones para mantenerse como inquilinos de vivienda pública (La Corza). Este proceso aumentó mucho el número de hogares propietarios, pero dejó por sin margen de maniobra a los gobiernos ante crisis habitacionales.
Esa es sola una de las razones por las que “no hay vivienda pública”. La otra es porque prácticamente el sector público ha abandonado su intervención en el mercado. Si la máxima actividad pública en vivienda se produjo ya hace cincuenta años, todavía en los años noventa y primera década del siglo XXI se construían de media 9000 viviendas al año en Andalucía. En ese periodo se construyeron barrios enteros de vivienda subvencionada (Polígono Aeropuerto o gran parte de Bermejales). Sin embargo, desde 2013, en el periodo posterior a la crisis hay una gran caída en la producción de viviendas públicas, de tal forma que apenas se construyen unos pocos centenares al año en toda Andalucía, 13 en 2017 y ninguna en 2019 o 2020 (Diario de Sevilla 25-10-2021). Emvisesa ha adjudicado a penas 1273 viviendas en seis años (Diario de Sevilla, 05-06/2021).
Esto coincide con un nuevo periodo inflacionario del mercado, de tal manera que esta vuelve a ser inasequible para gran parte de la población, especialmente los hogares jóvenes. En el registro de demandantes en Sevilla asciende a cerca de 15000 personas inscritas, más de la mitad menores de 35 años, dos terceras partes con ingresos anuales declarados muy por debajo del salario mínimo. Lo que nos lleva a una tercera cuestión. Desde los años noventa, cada vez más, la poca vivienda pública que se construye está orientada a las clases medias que pueden obtener una hipoteca relevante en el mercado. En estas condiciones es imposible que los demandantes registrados accedan a la vivienda. Tras el sorteo inicial de las viviendas, los hogares adjudicatarios se ven obligados a desistir, hasta que llegan a un hogar con los ingresos suficientes como para que le concedan una hipoteca, que es uno que generalmente también podría acceder ella en el mercado libre. La política está diseñada de tal manera que la vivienda pública acaba en manos de gente que no necesita una subvención.
Con esto debería quedar bastante claro de qué habla la administración cuando dice que “no hay vivienda”.