Una de las últimas polémicas que ha azotado el consistorio de la ciudad de Sevilla, en relación con el problema de la turistificación, ha sido la propuesta de cerrar la Plaza de España para cobrar una entrada a los turistas. El alcalde se ha justificado en el deterioro que sufre la plaza por su intenso uso, que cubre no solo el paseo de los turistas sino también un buen número de dependencias del gobierno central. Es esta una propuesta a todas luces precipitada y chapucera, algo confirmado por el inmediato rechazo a la propuesta del Ministerio de Hacienda, que es responsable de parte del monumento. Ante un despropósito con tan pocas vistas de llegar a ningún lado cabe preguntarse por las razones que han llevado al Ayuntamiento a lanzar a los cuatro vientos este proyecto recaudatorio.
La explicación tiene mucho que ver con la urgencia de Jose Luis Sanz por demostrar a sus votantes que está haciendo algo, ante el descontento generado entre los vecinos de Sevilla por la intensificación desmedida de los usos turísticos del centro. Es un alcalde que empieza prometiendo combatir los efectos perjudiciales de la turistificación, pero que, una vez que llega al poder, tiene que sacrificar esa parte de su programa porque no coincide ni con los intereses de su partido en el gobierno autonómico ni, muy especialmente, con los intereses económicos que se aprovechan de la situación. No en vano, el último tiempo, ayuntamientos y Junta de Andalucía se han convertido en consejos de administración del capital turístico e inmobiliario.
Sevilla es una de las ciudades más visitadas, saturada en el último tiempo por la proliferación de pisos turísticos. La mayor oposición popular a esta situación viene de los barrios del centro, que en Sevilla son, en su mayor parte, barrios acomodados y de voto invariablemente conservador. Son los votantes potenciales de Sanz, que se encuentran con que el centro histórico, con todo el valor simbólico que tiene para el sevillano, se encuentra tomado por turistas, es imposible vivir en él y casi tampoco pasear tranquilamente. Un centro que pierde población año a año desde 2013, más o menos desde que empieza a dejarse notar el efecto de plataformas tipo Airbnb.
Sin embargo, lo primero que hace Sanz es dejar en suspenso la modificación del PGOU, que el anterior gobierno municipal había conseguido aprobar para controlar los pisos turísticos. Lo hace porque la Junta de Andalucía iba a sacar una modificación del decreto de 2016 sobre viviendas turísticas, que finalmente salió este mes de febrero, después de dos años y medio filtrando borradores, como si no hubiera prisa. El decreto modificado de la Junta, además, sigue la misma línea que el de 2016, que es regular lo menos posible y favorecer los intereses de propietarios e inversores. No hay una sola concesión a los vecinos que se quejan de la saturación turística.
Entre tanto, a nivel local, la multiplicación de los veladores en el centro, que se permitió con la excusa del Covid, sigue sin encontrar coto a pesar de las protestas de asociaciones de vecinos. Cada cierto tiempo aparecen nuevas noticias de antiguos palacios del centro que se convierten en apartamentos turísticos. Dentro de la propuesta de regulación municipal de pisos turísticos que se está manejando, ya avisan de que la oferta se puede ampliar en más de 23.000 pisos. Pero Sanz debe dar alguna respuesta a la disconformidad con la situación de su votante medio. Demostrar que está haciendo algo, aunque sea algo destinado a no llegar a nada. La taquilla para la plaza de España responde a la muy sensata idea de que el turismo debería sufragar el mantenimiento de los bienes patrimoniales, que constituyen su fundamento en ciudades como Sevilla. Para esto sería mucho más lógico implementar algún tipo de tasa turística e invertir sus beneficios en la conservación del patrimonio de la ciudad. Sin embargo, el actual consistorio es demasiado cobarde como para proponer una acción de este tipo, por no contar con el visto bueno de la patronal turística, y prefiere jugar al despiste.
Para ser sincero, el problema del deterioro de la plaza de España no es el problema de la turistificación. La cuestión del deterioro de este espacio público viene de largo y salta en la prensa cada cierto tiempo. Es una instalación de gran tamaño, que se encuentra separada de las zonas residenciales y que requiere mucha seguridad e inversión en mantenimiento. La aparición de desperfectos es inevitable en estas circunstancias, como lo es en cualquier sitio que se use de forma intensa. Frente a esto, el cerramiento de plazas es la solución que se ha desarrollado en el caso de Sevilla para los espacios públicos en general, patrimoniales o no, por gobiernos de un signo y otro. Pensemos por ejemplo en el cierre de los Jardines de Murillo y muchos otros. Es decir, la propuesta podría entenderse de manera totalmente independiente a la cuestión del turismo. Es una política generalizada para con el espacio público, que busca precisamente que estos espacios se usen menos, con lo que también se reducirá su deterioro. Una salida fácil, pero que no es achacable en exclusiva a este gobierno. Lo que sí es achacable a Sanz es salir con una propuesta para controlar la turistificación que es puro humo.