En enero de 2018 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir elaboró un proyecto con la finalidad de “recuperar” los peces autóctonos del río Guadaíra, su ictiofauna, dándole continuidad longitudinal al cauce con diez actuaciones, en otras tantas “barreras”, que, supuestamente, lo impiden.
Dado que la CHG sigue siendo un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, un anacronismo que persiste a pesar de que más del 90% de la cuenca se encuentra dentro del territorio andaluz, el proyecto fue remitido a Madrid con el objeto de conseguir el Informe de Impacto Ambiental, siguiendo la tramitación simplificada en aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, elaborada por el primer gobierno de Rajoy.
Resulta chocante que la CHG utilice el procedimiento simplificado cuando la mayoría de las actuaciones tendrán lugar en un área incluida en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000, por albergar especies como la pardilla (Rutilus Lemmingii) o el calandino (Rutilus alburnoides), entre otras, y con una extensión de 227,10 ha., lo que, sin duda, aconsejaría utilizar uno más garantista, como es la Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, marcando así distancia con la Junta de Andalucía, que mediante decreto ley 2/2020, de 9 de marzo, ha eliminado garantías ambientales y menospreciado la participación de la ciudanía escusándose en el “fomento de la actividad productiva”, pero no ha sido así.
En Madrid se procedió a cumplir con el trámite de información pública, notificándose a todos los ayuntamientos afectados, entre ellos al nuestro, Alcalá de Guadaíra, también a la Diputación Provincial, a las delegaciones con competencia de la Junta de Andalucía y los grupos ecologistas. Sorprendentemente, ningún ayuntamiento de la cuenca planteó alegaciones, ni tan siquiera respondieron a la misiva. El informe favorable se ha publicado en el BOE el 27 de abril, de este año, lo que ha motivado la personación de la Sociedad Ecologista Alwadi-ira en el procedimiento.
El impacto derivado de las obras que se proyectan en el cauce del río, consistentes en la sustitución de vados por otros de igual o superior envergadura, la demolición del azud de El Morillo, la eliminación de restos de un azud en Alcalá de Guadaíra, que pudieran ser los del desaparecido molino de La Torrecilla y la construcción de una “escala para peces” en el molino de San Pedro tendrán, necesariamente, unas repercusiones desastrosas en las escasas láminas y sus ecosistemas asociados, lo que de facto nos distancia de las recomendaciones de la Directiva Marco de Agua. La CHG no entiende que no todos los ríos se comportan de la misma forma o están asociados a un rico patrimonio, como es el caso del Guadaíra.
A estas alturas la CHG debería tener claro que lo más urgente para el río es recuperar un caudal con suficiente calidad química, eliminando los salideros de los colectores, las captaciones de aguas para riego, estableciendo controles eficaces sobre la industria contaminante, evitando la erosión que genera la agricultura, reforestando las riberas con especies autóctonas…, todo ello combinado con medidas que eviten la propagación de especies invasoras y recuperando el riquísimo patrimonio hidráulico de los molinos y zúas. La continuidad longitudinal de paso para la ictiofauna en el río Guadaíra se garantiza manteniendo limpios los cubos de los molinos y durante las crecidas del río, como ha venido sucediendo a lo largo de los últimos 1000 años.
Autoría: Francisco Gavira Albarrán. Miembro de la Sociedad Ecologista Alwadi-Ira y de la Plataforma contra la incineración de residuos en Los Alcores.