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España, hoy: más de una década de prisión para los responsables de unos actos que en todo momento fueron nulos de pleno derecho. En Italia, en 1996, Umberto Bossi declaró la independencia de Padania y pasó exactamente esto: nada. Aquí, ha sucedido lo que todo el mundo ha podido ver desde el triste día del malogrado referéndum hasta hoy, con esta sentencia que, más que cerrar heridas, echa sal sobre las viejas y abre otras nuevas. En la capacidad del tribunal, con la ley en una mano y su interpretación en otra, estuvo hacer las cosas de diferente manera. Nadie en su sano juicio podrá decir que con lo dictado por su parte se haya avanzado ni un centímetro en paz social. Cuando el derecho no restaura la paz social, el derecho no existe. Solo tres de las condenas por el 23-F fueron más altas que las confirmadas esta mañana. Bochorno.
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Habida cuenta de que no hubo ninguna suspensión de derechos, ni aún en los momentos álgidos de la pretendida declaración de independencia (que jamás se llevó a efecto y no tuvo virtualidad jurídica alguna), habrá quien aluda al daño político emergente de aquella crisis institucional y a su necesidad de compensación (pues la ley, dicen, y su aplicación, buscan restablecer el equilibrio). Por si fuera poco daño político la retransmisión en directo, a todo el planeta, un 1 de octubre, de que lo que en Escocia o Canadá había sido posible en forma de tranquilo referéndum de independencia aquí se tornaría en el sonrojante espectáculo de miles de policías enmascarados saliendo de colegios públicos, con urnas arrebatadas a una multitud gritando “votarem”, le añadiremos desde hoy largas penas de prisión para los principales artífices de aquella consulta fallida. Hay países a cuyo timón parecen estar profundos idiotas (que nadie hable en este caso de separación de poderes, por favor, respetemos mutuamente nuestras inteligencias).
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Se ha abierto una peligrosa senda jurisprudencial condenando a 9 años de prisión (caso concreto de los Jordis) el hecho concreto de organizar una manifestación. Cuando el camino se recorra completo hasta afectar cualquier convocatoria susceptible de ser tratada como sediciosa… ¿Qué dirán los ausentes, los tibios, los equidistantes? ¿Se acordarán de su silencio, de sus contorsiones argumentativas, de sus sesudas cábalas? ¿Distinguirán, por fin, que cada condena ocupa, después de dictada, el ámbito de su completa sociedad?
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Diferenciar sentencia de condena, y condena de venganza, es, todavía, asignatura pendiente en una España que utiliza como norma de tratamiento de la disidencia en materia territorial el derecho penal del enemigo. Dijeron, hasta hartarse, que sin violencia todo era posible. Mintieron. No explicaron que esa posibilidad debía quedar alojada en el espacio de las fabulaciones, pero jamás podría obtener sustanciación real en el terreno de los hechos. Engañaron, entonces, sobre algo básico: la naturaleza y límites de la democracia. No hay forma más eficaz conocida para la ruptura del consenso social.
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Habrá quienes estén, hoy, alegres por haber enviado a unos ciudadanos y ciudadanas a prisión. Cabría observarles que todas las sentencias se construyen sobre el mal de otros, pues incluso las justas lo hacen sobre aquel previamente causado, y que de acuerdo a los códigos morales básicos, únicamente los imbéciles se alegran por el dolor ajeno. Quiero creer que España no está llena de imbéciles ni de mudos, porque en países así, al final, sencillamente no se quiere quedar nadie.
Autoría: Manuel Nogueras Corral. Licenciado en Antropología y profesor de diseño gráfico. Activista en diferentes movimientos. Viajero, insumiso, ocasional narrador.