Que en Andalucía estamos en una situación de emergencia social no es nada nuevo. Así lo vuelve a poner de manifiesto el Informe sobre exclusión y desarrollo social elaborado para Cáritas por la Fundación Foessa, recientemente presentado. Según los datos contenidos en este Informe, nuestra capacidad para apropiarnos de valores monetarios (a los que el sistema confunde con la riqueza), que ya era muy pequeña, se ha hecho todavía menor desde 2008. El diferencial andaluz en renta por habitante con respecto a la media española se ha ampliado en este período y lo mismo ha ocurrido con las rentas salariales, en un camino que nos sumerge más en la marginalidad y la subalternidad. En parte como consecuencia de la caída de un “aquelarre” inmobiliario alimentado desde el sistema político que enriqueció a unos pocos con consecuencias lamentables para la gran mayoría. En la misma dirección, la trayectoria de la tasa de desempleo ha ampliado su diferencia con respecto a la media del estado en estos diez últimos años, con el desempleo de larga duración duplicando su peso dentro de los desempleados, afectando ahora casi a la mitad.
Casi tres millones de personas están en Andalucía en situación de exclusión económica, (32,7%), habiendo tenido lugar una “cronificación y agravamiento de las situaciones de exclusión”, con dos connotaciones: “tendencia del aumento del espacio de la exclusión de los hogares sustentados por mujeres” y “una de cada tres personas sustentadoras trabajando se encuentra en exclusión social”, de modo que “cada vez son más importantes los mecanismos de protección de garantía de rentas ante la debilidad del ingreso por trabajo”. Hoy en Andalucía el trabajo dependiente, cada vez más precarizado y servil, es crecientemente un mecanismo de generación de pobreza y exclusión social. La gravedad de esta situación subraya en sí misma el fracaso sin paliativos de las políticas sociales al uso frente a la pobreza y la exclusión social. Para una parte cada vez más importante de la población andaluza se aleja crecientemente el derecho a disponer de recursos que le permitan una vida digna.
En una realidad de estas características, la Renta Básica Universal Incondicional (RBUI) puede ser una forma de garantizar la existencia material al conjunto de la población. Recordemos la definición que de la Renta Básica Universal Incondicional (RBUI) da la propia red de renta básica: “un ingreso pagado por el estado a cada miembro de pleno derecho o residente en la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o independientemente de cuáles sean las posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva”.
Quizás habría que aclarar que, aunque es universal, no todo el mundo sale ganando. Se trataría de que quienes están en la cúspide de la pirámide de ingresos paguen impuestos por una cantidad mayor que la que pagaban antes. Una cantidad adicional que esté por encima de la que perciben como RBUI. De manera que sale ganando la gran mayoría de la población (más del 80%) y paga más sólo la minoría más rica. Técnicamente, la viabilidad de la reforma del sistema de impuestos está sobradamente probada.
Frente a los subsidios condicionados, la RBUI evita la complejidad burocrática que suponen los sistemas de control y también las estigmatizaciones. Aunque lo que más diferencia a la RBUI del resto de los subsidios no es una cuestión técnica; es que supone tomar partido por una opción que tiene una potencialidad política claramente diferenciada y radical. Porque los demás subsidios están concebidos para mantener a las personas sujetas a la necesidad de aceptar cualquier empleo; diseñados para que continúe la dependencia de un trabajo cada vez más escaso y servil que nos hace esclavos, de modo que los subsidios son un pilar fundamental para el mantenimiento de este orden establecido en el que la vida de la mayoría está al servicio de los intereses de unos pocos.
La RBUI facilita que podamos negarnos a vivir sometidos a las servidumbres que el sistema nos impone, ampliando nuestros grados de libertad y ensanchando nuestra capacidad de decisión, individual y colectiva, porque garantizar la existencia material es la primera premisa para hacer posible la libertad. Facilitaría que podamos rechazar trabajos dañinos para quien los hace o para la sociedad; haría posible que pudiéramos negarnos a trabajar “a cualquier precio”. Esta posibilidad es especialmente interesante en Andalucía, donde nos dedicamos a las tareas más penosas y peor valoradas en el sistema, asociadas a condiciones de extrema precariedad y salarios de miseria. La RBU nos permitiría negarnos a desempeñar esas tareas sobre las que recaen los mayores costes sociales y ecológicos y que sostienen nuestro papel de economía dependiente y ahondan nuestra subalternidad.
La RBU podría así ayudarnos a ir separarándonos de los espacios construidos y controlados por el capital en nuestra contra, favoreciendo la posibilidad de crear espacios que funcionen a favor de la mayoría, haciendo más fácil la transición hacia otras maneras de entender la vida y de vivir. Nuevas maneras de organizarnos que permitan el mantenimiento de la vida social y natural más allá del trabajo servil que nos deshumaniza, abriendo la puerta a formas de integración no sujetas al empleo, formas de trabajo cooperativas, comunitarias, regidas por principios de autogestión y autoorganización.
Desde la protección de la libertad y la autonomía, y como uno de los ejes vertebradores de la garantía de la existencia material, la RBU también podría facilitar la igualdad entre hombres y mujeres, favoreciendo repartos equitativos de todos los tipos de trabajo: el remunerado, los de cuidados o el trabajo voluntario.
La RBU podría así favorecer el camino para transitar hacia situaciones que aminoren el conflicto entre el capital y la vida reflejado en cuatro ámbitos: el trabajo dependiente, la consolidación y el ascenso del patriarcado como forma de dominación y explotación de la mujer, el extractivismo o explotación de los pueblos periféricos e inferiorizados y el deterioro de la naturaleza. Sin ser el remedio de todos los males, la RBUI sí puede ser una pieza clave dentro de una cada vez más necesaria estrategia emancipatoria colectiva construida de abajo a arriba. Conseguir la implicación y la participación de la mayoría para construir entre todas y todos esta estrategia es difícil; quizás lo más difícil en esta situación de desactivación social e incluso de “servidumbre voluntaria” que el sistema político y económico ha propiciado. Pero es también lo más necesario.
Resumen de la intervención del autor en el XIX simposio sobre la Renta Básica celebrado los días 17, 18 y 19 de octubre.