“El problema no se acaba con cerrar prostíbulos, el problema de base sigue estando, que es una sociedad con mucha pobreza femenina, una sociedad que maltrata a las mujeres en sus hogares, una sociedad patriarcal. Entonces, en vez de ir a solucionar la raíz, se tapa el síntoma. Así es como funcionamos y así de bien nos va”
Belén Ledesma, trabajadora sexual.
Cuando anuncian desde el Ministerio de Igualdad que celebran el cierre de prostíbulos1, no sabemos exactamente qué parte de esta medida les parece motivo de celebración. Tampoco nos queda claro por qué consideran un paso imprescindible en la lucha contra la explotación sexual una decisión que responde a un contexto sanitario.
La situación de emergencia sanitaria es una realidad que nos atraviesa a todas, pero no está de más señalar que afecta a unas más que a otras, por más que parezca obvio reiterarlo a estas alturas. Pensemos en el mismo tuit orientado hacia un sector no vinculado históricamente a un debate -por llamarlo de alguna manera- acerca de su desempeño. No habría más que lamentar la paralización de una actividad que, dada la situación de crisis, dejará a miles de mujeres en la calle. Tal como afirman Kenia García y Paula Sánchez Perera en un reciente artículo publicado en El Salto, el titular sería distinto. Ni tan ligero, ni tan festivo.
Ocurre que el planteamiento de medidas para luchar contra la pandemia partiendo de criterios éticos ajenos –el de que la prostitución es una actividad que de manera intrínseca atenta contra la dignidad de las mujeres-, en lugar de, como parecería lógico, atendiendo a criterios sociosanitarios, entraña riesgos capaces de agravar la situación de vulnerabilidad que ya presentaban las trabajadoras sexuales en nuestro contexto. Esto puede entenderse en la medida en que no se ha contado con ellas, como agentes sociales afectadas por la Covid-19, ni en la elaboración de diagnósticos, ni en el diseño de estrategias, ni tan siquiera como mediadoras de las acciones de seguimiento de dichos planes. Se cuenta también que estas medidas irán acompañadas por el Plan de Contingencia que ya presentó el Ministerio de Igualdad, así como de la facilitación del Ingreso Mínimo Vital a las mujeres que lo necesiten y se adapten a los criterios acordados, publicados en el BOE. Publicación que menciona a las víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual pero que olvidó incluir al resto de mujeres en situación de prostitución. De este modo, las únicas mujeres que están recibiendo ayudas son aquellas de nacionalidad española que pueden acreditar una situación de especial vulnerabilidad o bien, que puedan acogerse a los supuestos específicos de trata de seres humanos o explotación sexual. La consecuencia más directa es la desatención del resto, especialmente aquellas mujeres en situación de desarraigo o que se hallan en una situación administrativa irregular, que se ven obligadas a permanecer en la invisibilidad, con el riesgo que conlleva su desprotección: mayor clandestinidad, abusos, vulneración de derechos, marginalidad y explotación.
Parece claro que uno de los argumentos que flaquean en el tratamiento del horizonte abolicionista, es que tanto en el abordaje de enfoques como en el planteamiento de soluciones, sus límites tienden a encorsetarse, favoreciendo la construcción de un panorama monolítico que define la realidad de las trabajadoras sexuales exclusivamente como víctimas de trata o como víctimas de explotación sexual. Al igual que las condiciones estructurales de partida de las mujeres que ejercen la prostitución son diversas, también son variables las condiciones en las que se ejerce el trabajo sexual, así como la situación específica de cada trabajadora aun cuando desarrollan idéntica actividad. Si ya resulta complicado definir un tratamiento específico capaz de dar solución a las demandas del colectivo en toda su diversidad, aun más farragoso resulta si equiparamos la prostitución al concepto de trata o explotación sexual. Es necesario establecer una diferenciación, en primer lugar, porque son realidades diferentes. En segundo lugar, porque en el área de los debates ideológicos y academicistas está muy bien plantear un horizonte abolicionista de todas las opresiones, pero en la práctica se corre el riesgo de entrar en el área de los enfoques prohibicionistas y punitivos. Y en tercer lugar, porque abordar conceptos como la trata desde el prisma de una crisis social y sanitaria, deja mucho que desear. La trata de seres humanos con fines de explotación sexual, como bien apuntan desde el Ministerio, es una clara manifestación de violencia de género y una vulneración de los derechos humanos, no es un asunto que pueda abordarse desde planteamientos que atañen al civismo y a la convivencia que se espera de los ciudadanos y ciudadanas en medio de una crisis sanitaria. Esto no debería ser un motivo de celebración puntual, ni nada novedoso, más bien debería encaminarnos hacia una profunda reflexión política, porque los poderes públicos ya tienen el deber de luchar
contra la trata de seres humanos de una manera específica y la obligación de reconocer a las personas afectadas como víctimas.
Si se quería tomar como impulso la situación de crisis sanitaria para abordar una realidad que se considera problemática, creemos que se ha perdido la oportunidad para trabajar en la protección y el blindaje de garantías de los derechos de las trabajadoras, también como ciudadanas y como mujeres, desde un enfoque de acciones que garantizaran su seguridad en tiempos de pandemia. Por el contrario, se ha planteado una lógica de control legitimada desde la consideración, una vez más, de que el trabajo sexual amenaza las pautas de convivencia ciudadanas que se consideran deseables. Desde esta lógica, se refuerza aún más la idea de las mujeres que ejercen la prostitución como foco permanente de contagio, capaces de atentar contra la salud pública, supuestos más propios de las corrientes higienistas decimonónicas, que de un Gobierno de progreso. En realidad, ni siquiera se tornan medidas adecuadas para proteger específicamente a las trabajadoras, sino que resuenan a argumentario de políticas de seguridad ciudadana en tiempos de pandemia, hecho que se aleja bastante del abordaje de la prostitución como un problema estructural, tal como plantea el horizonte abolicionista. Pareciera que el objeto de protección en sí no son las trabajadoras, sino la sociedad susceptible de ser contagiada. Si lo que se persigue es el derrocamiento de aquellas estructuras que fomentan la explotación sexual de las mujeres, no se entiende por qué ninguna medida se orienta hacia un combate eficaz frente a los supuestos tratantes o explotadores, amparados en ERTES tras las licencias de clubes, hoteles o pubs. Mientras tanto, las trabajadoras tienen que recurrir una vez más a la auto-organización, a las colectas y a un asistencialismo que ayude a paliar, en lo mínimo, los cabos sueltos de las instituciones, no solo en lo que respecta de un tiempo a esta parte, sino arrastrando de muy atrás las dificultades en las solicitudes de permisos de residencia, trabajo, asilo y, en general, del mantenimiento de sus derechos humanos fundamentales.
Tal como afirma Georgina Orellano, políticas maquillaje para dar un lavado de cara a un feminismo que celebra en esta oportunidad que cerca de 60 mil trabajadoras sexuales en España en un contexto de crisis se queden en la calle. No estábamos preparadas para la pandemia, pero estas son solo algunas de las consecuencias de regular, de nuevo, sobre las trabajadoras, en lugar de regular con ellas, de priorizar la victimización frente al diálogo. Claro que es más fácil clasificar como aberrante una situación que en realidad resulta incómoda, al igual que relegarla a una falsa condición de inexistencia, por invisible. Que siga la celebración de la comodidad discursiva.
Autoría: Andrea Oliver y Maria José Barrera, portavoz del Colectivo de Prostitutas de Sevilla.
1 https://twitter.com/IreneMontero/status/1296838535174135808