Desde nuestra cooperativa, como juristas y ciudadanos, expresamos la firme convicción y nuestro decidido apoyo a la convocatoria y celebración de un referéndum que sirva a los hombres y mujeres de Catalunya para expresar libre, democrática y pacíficamente su deseo de futuro.
Nos dotamos de leyes para codificar la existencia y hacer posible la convivencia sobre unos principios que no sean los de la mera autoridad impuesta sin más argumento ni persuasión que el de la fuerza. Necesitamos leyes para elevarnos a la condición de ciudadanos y, como tales, devenir receptáculos y poseedores de unos derechos que no pueden ser negociables, pues constituyen la esencia misma de la dignidad de la vida. Así, cualquier merma o lesión que les afecte se convierte en una agresión a la raíz misma de nuestra sociedad de supuestos iguales.
Las leyes en un Estado de Derecho como se proclama el Reino de España son, o debieran ser, el santuario de nuestra libertad. Es de esta función como garantía de pervivencia de nuestro disfrute y sometimiento a las prerrogativas, obligaciones, derechos y deberes que nos corresponden como ciudadanos de allí donde emana principalmente su legitimidad. Y una ley es un ídolo vacío si no está envuelta de legitimidad.
La aritmética puede hacer de una norma una realidad jurídica, pero la aritmética, la lógica de las mayorías, no puede dotar de legitimidad por sí misma a la norma y aún menos a su aplicación. Cualquier ley que se convierte en instrumento para situar la discrepancia al margen de la legalidad, que reduce los derechos de las minorías por el hecho de serlo o que se erige en puerta cerrada a la voluntad pacífica de resolución de un conflicto no puede considerarse legítima, por más que se ajuste a la legalidad.
La Constitución española que algunos quieren transformar en el límite inexpugnable para la voluntad de más de dos terceras partes de la población de Catalunya de decidir a través de un proceso electoral el futuro de su relación con España proclama el principio democrático como eje fundamental de la estructura política y judicial del Estado. Siendo así, y como corolario, proclama que la voluntad libre y democráticamente expresada de la ciudadanía es la principal fuente de legitimidad no sólo de nuestro aparato legislativo sino del Estado mismo. Y este no es un juego de mayorías. De la misma forma que una ley que no se concibe para proteger derechos pierde su legitimidad, un Estado que no se dota de instrumentos para proteger el derecho de las minorías a disentir y discrepar sustancialmente sobre cuestiones como la organización territorial o el propio orden constitucional pierde también su legitimidad y se transforma en un yugo, odioso y tiránico.
El debate sobre el derecho a decidir del pueblo de Catalunya no se puede conducir desde una vertiente como es el de la legalidad y la adecuación o no de un hipotético referéndum a la actual configuración normativa del Estado español. Ni siquiera se puede hacerlo apelando a otras esferas de legalidad jerárquicamente superiores a la propia legislación española como pueden serlo los tratados internacionales suscritos y aceptados por España. Hablar de legalidad es conducir la discusión de forma interesada hacia unas aguas podridas, turbias e inmóviles. Catalunya tiene derecho a decidir sobre su futuro no por una cuestión de legalidad sino de legitimidad.
La terca negativa del gobierno español a permitir que Catalunya vote es la negación radical del principio democrático sobre el que se construye el orden constitucional del Estado. Un país que niega las urnas a sus minorías discrepantes no merece la consideración de Estado de Derecho y sus leyes no son fuente de libertades sino pesadas cadenas.
Es por ello que desde nuestra cooperativa, como juristas y ciudadanos, expresamos la firme convicción y nuestro decidido apoyo a la convocatoria y celebración de un referéndum que sirva a los hombres y mujeres de Catalunya para expresar libre, democrática y pacíficamente su deseo de futuro.
Col·lectiu Ronda es una cooperativa de agobados y abogadas dedicada a la asesoría jurídica, laboral, fiscal, económico y social y que entiende el derecho como un ejercicio para construir un mundo más solidario.