Tu problema con la compañía de teléfono

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Todos tenemos una persona amiga, conocida o familiar que echa pestes por su boca de los empleados y empleadas públicas, tachándonos de zánganos, holgazanes o, cuanto menos, de improductivos, naturalmente siempre en comparación con la gestión modélica de la empresa privada. Y a la Administración Pública se la acusa de ser una máquina de despilfarro y, en no pocas ocasiones, de nepotismo y corrupción. Son las mismas personas que no tienen reparo alguno en defender la labor de únicamente un sector de los empleados públicos, los vinculados al ejercicio de la fuerza y que han venido identificando -de manera nada inocente- con los valores del Estado: Ejército, Policía y Guardia Civil. Sin embargo, todos tenemos también personas conocidas, caracterizadas por su pensamiento “progresista”, que para hacer gala de su defensa del empleo y de los servicios públicos acuden siempre a la misma triada ejemplar: sanidad, educación y emergencias. Reconozcámoslo, en el imaginario colectivo actual es más fácil defender la necesidad de personal sanitario o docente en un hospital o en una escuela, que administrativo o técnico en una Consejería. La población entiende claramente la importancia de los primeros pero duda de la de los segundos. Y esto, para quien tiene que tomar las decisiones de política presupuestaria, no pasa desapercibido porque esas mismas personas son las que cada cuatro años van a votar y decidir su futuro.

Verán ustedes, yo soy uno de esos empleados públicos que trabaja en una Consejería de la Junta de Andalucía. Hace veinte años terminé mi licenciatura de Derecho en la Universidad de Sevilla y me puse a estudiar oposiciones. Todo bastante gris, es cierto. Tras varios años de preparación y numerosas vicisitudes personales logré aprobar y acceder a una plaza. Nada heroico ni ejemplar en una sociedad como la actual que coloca al “emprendimiento” y al “sector turístico” en la máxima (y desgraciadamente única) aspiración de nuestra juventud. Desde hace más de diez años mi trabajo está vinculado a la Administración de Consumo.

¿Que qué es eso de Consumo? Bueno, seguro que alguna vez han tenido un problema con su operadora de telefonía; o con la compañía del gas, el agua o la electricidad; o han comprado algún producto que ha resultado defectuoso y no se lo han querido descambiar, ni reparar, ni devolverle el dinero; o se ha retrasado su vuelo, su tren o su autobús; o considera que su banco le ha hecho firmar algo injusto, desproporcionado y poco claro. En Consumo trabajamos para intentar que estas situaciones no se produzcan y, cuando se producen, para tratar de solucionarlas de la mejor manera posible. Los instrumentos de los que dispone la Administración de Consumo para lograr su objetivo son muy variados: redacción de nuevas reglas y normas parea garantizar los derechos de las personas frente a las grandes empresas; establecimiento de sistemas de información y asesoramiento para que la población conozca sus derechos y sepa como ejercerlos; inspecciones y sanciones a las empresas que no cumplan con las normas que regulan su actividad; mecanismos para solucionar los problemas una vez que se han producido y resolver las distintas reclamaciones que se planteen; fomento del tejido asociativo para conseguir una sociedad civil más consciente y organizada. Quienes hacemos esto trabajando en la Junta de Andalucía o en las entidades locales no somos militares, ni policías, ni guardias civiles. No desfilamos, ni llevamos banderas en la solapa, pero creo que es un trabajo importante, necesario y, por cierto, más barato para los presupuestos públicos.

En efecto, el presupuesto prorrogado del programa 4.4.H (Consumo) de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2019 preveía un total de gastos de 13.689.130 €. Quizás parezca mucho dinero pero en realidad sólo supone un 0,039% del presupuesto total de la Junta de Andalucía. Mucho más sonrojante es la cifra si la comparamos con los gastos militares, por ejemplo. Habrán leído sobre el reciente incidente de un F-18 español con un avión ruso sobre el mar Báltico. Sin ser éste uno de los aviones más caros, ¿saben cuánto cuesta al erario público una sola hora de vuelo de este caza? Pues cerca de 10.000 €. Muy lejos de los más de 60.000 € la hora de un bombardero B52 o de los más de 53.000 € la hora de un F22, por ejemplo. Pero aún así son cifras absolutamente escandalosas, teniendo en cuenta que cada avión precisa de unas 200 horas de vuelo al año sin contar el salario del piloto, los técnicos y las instalaciones para mantenerlo. Y por no hablar de la utilidad real de estos aviones, del beneficio que generan a la población o de la contaminación que producen (un F-15 puede quemar entre 4 y 5 toneladas de combustible por hora). Recuerden esto la próxima vez que vean una exhibición aérea.

En cualquier caso, existe cierto consenso, al menos formal, acerca de la importancia de las políticas de protección a las personas consumidoras en una sociedad como la nuestra. Ningún partido político defiende la autorregulación empresarial pura y dura. Esto sería volver a la situación de principios del siglo XX, con sus excesos tan dañinos para la salud y el bolsillo de las personas, quebrando incluso la propia confianza en el mercado. Todos apuestan por reforzar esas políticas pero, una vez toca hacerlo, el muro con el que se topan es alto y robusto. La situación en la Administración de Consumo es complicada, ciertamente. Varios han sido los partidos políticos que se han responsabilizado de estas políticas (PSOE, IU, PP) y las dificultades han sido siempre las mismas. No se puede negar el empeño personal de la mayoría de los altos cargos que han pasado por esta responsabilidad (hasta nueve he conocido ya), sus intentos de mejorar la situación, cada uno a su manera. Sin embargo, los resultados no siempre han sido los deseados.

La Administración de Consumo (de la Junta de Andalucía pero también de las entidades locales donde las OMICs realizan una labor titánica y absolutamente voluntariosa) adolece de una inestabilidad y carencia de personal estructurales. Con respecto a la primera baste decir que, desde 1979, el órgano competente en materia de consumo ha cambiado de Consejería hasta en nueve ocasiones pasando por Economía, Salud y Consumo, Trabajo, Salud, Industria y Comercio, Gobernación, Salud, Administración Local y Relaciones Institucionales, y otra vez Salud. Si a esto se le suma el cambio de sede físicas, las mudanzas, los subsiguientes cambios de servicios auxiliares (reprografía, cartería, registro, informática, sellos, membretes…) la estabilidad es una quimera. Se ha dado el caso hace varios años de que un servicio provincial tuvo que mudarse y, recién concluida la migración de servidores informáticos, tuvo que mudarse de nuevo… ¡al edificio inicial!

Más preocupante es la carencia de personal funcionario que pueda desarrollar las tareas tan necesarias que vimos más arriba (redactar normas, asesorar, informar, inspeccionar, sancionar, arbitrar, resolver reclamaciones…). Actualmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración de Consumo de la Junta de Andalucía prevé que existan sólo 372 personas trabajando en ella, cifra a todas luces insuficiente. Pues bien, ni siquiera esos puestos están cubiertos ya que sólo se llega a la cifra de 207 puestos efectivamente ocupados, es decir, un 55% del total. Hay provincias que no llegan ni siquiera a la mitad del personal que deberían tener. Es como si una fábrica necesita 100 personas para hacer su trabajo, pero tiene una plantilla sólo de 50 puestos de trabajo de los que están cubiertos tan sólo 25. Como comprenderán, es muy difícil proteger adecuadamente a las personas consumidoras en estas circunstancias. Y, reitero, no se trata de una cuestión de partidos políticos, puesto que prácticamente todos han pasado por ahí. Se trata de una cuestión mucho más profunda y estructural: hace falta dinero y hay que decidir de dónde sacarlo. Política de verdad, vamos.

Llegados a este punto se pueden intentar varias soluciones: ahorro de costes; reorganización del servicio público; planificaciones estratégicas; promoción de la autorregulación empresarial (la mal llamada responsabilidad social corporativa); implementación de planes de choque, etc. De todo se ha intentado ya aunque no se han experimentado mejoras significativas porque al final, el problema sigue estando ahí: hace falta más dinero, hace falta más personal y hace falta más estabilidad.

Esta es una fotografía de la Administración de Consumo pero podría serlo de cualquier otro servicio público y Administración. Si se apuesta de verdad por un estado de bienestar hay que empezar a hablar claro de cómo financiarlo y esto nos lleva a hablar de ingresos públicos. Quizás haya que empezar a replantearse si queremos que se gaste nuestro dinero en un F-18 o en un funcionario que instruya expedientes sancionadores. Quizás haya que replantearse si los que más ganan deberían de contribuir más, o si el sistema fiscal debiera ser más directo que indirecto. Subir impuestos a quienes más tienen. En definitiva, quizás sería hora de entender que esa Constitución española de 1978 que algunos sólo usan para colgar banderas también contiene preceptos que se aplican muy poco como el 31.1 que dice que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Así, quizás, sería más sencillo solucionar tu problema con la compañía de teléfono.