Para el historiador canadiense Quinn Slobodian el neoliberalismo, desde su origen, responde a la pregunta de cómo proteger el capitalismo de la democracia y de la fragmentación. El neoliberalismo tiene por objetivo afianzar la soberanía del capital sobre las personas, para lo cual, tanto la democracia como la fragmentación de los Estados, serían elementos a superar, restringir o eliminar.
La posición del poder de negar la voz a los pueblos sobre su pertenencia a los Estados indica que democracia y fragmentación del Estado van de la mano y, por tanto, son perjudiciales para el capitalismo. Desde esta perspectiva, tanto democracia como derecho a la soberanía o autodeterminación de los pueblos son agentes o instrumentos anticapitalistas. Estas afirmaciones explicarían lo que estamos observando hoy día en el Estado en el que nos ha tocado vivir.
El neoliberalismo va ganando. Y no por poco. La imposición, emancipación o soberanía del capital sobre el trabajo implica regímenes políticos y sociales escasamente democráticos (donde el poder, la soberanía, resida en el pueblo). Marina Garcés, mirando desde el otro ángulo, denomina a esta derrota popular como “analfabetismo ilustrado” en su obra «Nueva ilustración radical»: “El hecho decisivo de nuestro tiempo es que, en conjunto, sabemos mucho y que, a la vez, podemos muy poco”. Todo lo mucho que puede el capital significa lo poco que podemos las personas.
En estas circunstancias nos parece apropiado hablar de “soberanías”. En plural. También en y desde Andalucía. “Se canta lo que se pierde, dijo quien bien lo sabía, yo canto a la libertad, porque nunca ha sido mía.” Pues bien, cantemos a las soberanías, aunque nunca fueron nuestras. Y ya puestos, hablemos de la que menos cerca hemos tenido: la soberanía económica, entendiendo como tal a la mejora de las capacidades que tienen las poblaciones de un determinado territorio para resolver sus problemas económicos.
En relación con la anterior, hablemos de “soberanía del trabajo (asalariado)” o no continuemos cayendo en la trampa que supone no distinguir entre trabajo y empleo, y, de esto modo, contemplar sólo como trabajo aquello que recibe una remuneración monetaria por parte de una parte empleadora y continuar invisibilizando el trabajo de cuidados, reproductivo. Frente a la soberanía del capital es posible avanzar en la soberanía del trabajo mediante las prácticas socioeconómicas transformadoras necesarias para cambiar las propias unidades económicas de producción, las empresas, las fábricas, las oficinas, las prácticas agro-ganaderas, etc., que, a su vez, deberán servir para transformar el resto de trabajos (reproductivo, voluntario, etc.) ¿Imaginan avanzar en la soberanía del trabajo en una comunidad con soberanía económica, es decir, con capacidad autónoma para resolver sus problemas económicos? (para ampliar sobre el tema Autonomía Sur, Cooperativa Andaluza, ha elaborado diversos documentos).
Pues para ello se deberá avanzar en los diversos ámbitos sectoriales estratégicos de mejora de la capacidad popular de tomar las decisiones al respecto. Así se hablará de soberanía alimentaria, tecnológica, financiera, etc. Se trata de controlar nuestra producción de alimentos, de tecnología, de energía, o nuestros ahorros en función de la satisfacción de las necesidades de las personas y al margen del lucro privado o beneficios empresariales. Y todo ello para alcanzar un objetivo último: alcanzar la soberanía reproductiva, entendida como un proceso de transformación basado en un conjunto de relaciones sociales que den centralidad a la vida. Por tanto, los pasos a dar en la autonomía de la actividad laboral, productiva y reproductiva de las personas (soberanía del trabajo) serán complementarios con los realizados de forma colectiva en un determinado territorio (soberanía economía territorial-comunitaria), así como en los diversos ámbitos estratégicos de asunción de capacidad de decisión popular (soberanías sectoriales), para alcanzar la definitiva soberanía reproductiva (la vida frente al capital).
Para acabar dando el paso hacia la verdadera soberanía, independencia o autonomía (me gusta utilizar esta última palabra, a pesar del uso dado por el actual régimen), serán imprescindibles mayores cotas de soberanías en los diversos campos socioeconómicos. Y así decir adiós con alegría a La Caixa o BBVA o cualquier entidad dedicada a succionar nuestros ahorros para ponerlos en manos de intereses en muchos casos espúreos y asumir que la alternativa son muchas Coop57; decir hasta luego a pastas Gallo y hola a cientos de pequeñas cooperativas de pasta ecológica vinculadas al territorio como, por ejemplo, Spiga Negra; cambiar de una compañía de seguros que invierte en armamento a otra de seguros éticos y mutualidades sociales (por ejemplo CAES); mandar a Gas Natural al quinto carajo, y al sexto a Aqualia (y con ella a Fomento de Construcción y Contratas), y fortalecer las cooperativas de consumo energético primero (por ejemplo Candela, Nueva Cooperativa andaluza de energía eléctrica, solidaria y 100% renovable o SOM Energia), y remunicipalizar la gestión del agua después (o viceversa).
Es preciso generar procesos que tengan como objetivo avanzar en una economía andaluza autogestionaria. Impulsar, tanto desde las decisiones individuales como desde las colectivas o políticas, las entidades de economía social andaluza que luchan día a día por no ser succionadas por el sistema, donde se pasa del trabajo asalariado al trabajo cooperativo; de la propiedad privada de los medios de producción fórmulas colectivas de propiedad; y de tomar las decisiones sobre lo que se produce subordinando el valor de cambio al valor de uso (antes las necesidades de la gente que la ganancia o el lucro). Hay todo un campo por sembrar en lo relacionado con a quién le compramos y cómo consumimos.
Lógicamente, no son pocas las medidas que desde las instituciones públicas se pueden implementar para ir ganando poder al capital y mejorando nuestras soberanías económicas territoriales en campos como la alimentación, la tecnología o la vivienda. Del mismo modo, sin este planteamiento, la consecución de instituciones políticas propias no cambiará, en lo básico, la dependencia y subalternidad respecto a los poderes dominantes y sólo cambiará la élite política que administre los intereses de éstos. Por tanto, desde la política institucional se debe impulsar la soberanía económica pues no habrá soberanía en lo político sin soberanía en lo económico.
Frente a la impotencia que sentimos ante la supuesta imposibilidad de intervenir en nuestras propias condiciones de vida, pasemos a hablar de nuevo de emancipación, de autonomía, de soberanías. No hay peor política de austeridad que la que nos impone la austeridad en nuestros sueños, en nuestras utopías. Pasemos a la ofensiva porque “no merece compasión quien siendo esclavo no quiere buscarle la solución”.