El proyecto de ley de Presupuestos andaluces para 2018 contempla, por primera vez, una renta mínima de inserción social dotada con 198 millones de euros. Con esta medida se pretende erradicar la pobreza, “una gran fuente de exclusión social, marginación y desdicha con la que los andaluces no debemos resignarnos a convivir”, ha subrayado estos días la presidenta Susana Díaz.
Susana Díaz anunció la renta mínima de inserción para 2018 después de que la Consejería de Bienestar Social de su Gobierno mantuviera reuniones regulares con sindicatos, empresarios y asociaciones del tercer sector, como Cruz Roja, Cáritas o Cermi. Es una prestación que aún está por regular, pero que vendrá a sustituir al programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía, el llamado salario social (de 402,13 euros por solicitante), que el año pasado percibieron 34.980 andaluces.
La pobreza en Andalucía, según el último informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, afecta al 32,3% de la población andaluza, unos 2,6 millones de personas (personas con unos ingresos anuales por debajo de los 4.000 euros). El porcentaje asciende al 41,7% de andaluces que se encuentran al borde de la exclusión social. Estas cifras desbordan por completo el presupuesto previsto por la Junta de Andalucía para poner en marcha la renta mínima de inserción, 198 millones de euros, y la población a la que beneficiará, 45.000 personas. El reparto del total del presupuesto entre las personas afectadas por la pobreza en Andalucía equivaldría a unos 74 euros por cabeza.
Sin embargo, las macrocifras y la propaganda vinculada a la presentación de los presupuestos de la Junta de Andalucía, anuncian que se tratan de unas cuentas públicas “expansivas” gracias, asegura la Consejera Montero, al crecimiento de la economía andaluza, previsto en el 2,6%. La consejera de Hacienda anunció que Andalucía alcanzará el año que viene el PIB más alto de la historia autonómica: 166.000 millones de euros, superando el nivel previo a la crisis (157.147 millones en 2008). Estas macrocifras confirman, según la Junta, la consolidación de la recuperación en Andalucía.
La apuesta del Ejecutivo de Díaz por la renta mínima de inserción parece enterrar definitivamente el ambicioso proyecto de una ley de Renta Básica, uno de los 28 compromisos legislativos suscritos por PSOE e IU en el pacto de Gobierno de la pasada legislatura. De aquel compromiso surgió un grupo de trabajo en el Parlamento (mayo de 2014) por el que desfilaron durante meses expertos, agentes sociales, representantes de la Universidad y de los ayuntamientos. Se habló, entonces, de renta básica según la acepción que se le dio al concepto en su nacimiento: “un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva”. Un pago incondicional para toda la población adulta equivalente, al menos, al umbral de la pobreza en cada nación. Fue un proyecto que nació muerto, porque se empezó a esbozar en el inicio de la mayor crisis económica vivida en años. Ahora, en el arranque de la recuperación económica, la Junta ha optado por dejar aquel trabajo en un cajón, y apostar por un modelo similar al que se ha venido aplicando en Andalucía los últimos años.
Fuente: artículo de Daniel Cela en Público.