Las principales asociaciones agrarias reclaman a las administraciones que prevean desde ya ayudas ante el duro plan de choque diseñado por orden de la UE en caso de que aparezca la bacteria ‘Xylella fastidiosa’, conocida como el ‘ébola del olivo’, que ha arrasado miles de hectáreas en Italia y que, tras llegar en 2016 a Baleares, dio el salto a la Península hace menos de una semana. Fue detectada en una finca de almendros de Guadalest (Alicante).
En Andalucía, los agricultores señalan que hay 1,8 millones de hectáreas en juego. Principalmente olivar (con millón y medio de hectáreas) pero también almendros (200.000 hectáreas) y otros leñosos como árboles frutales, naranjos y limoneros, y vides (250.000 hectáreas).
Es la demanda principal que oyó la Junta de Andalucía, que reunió este miércoles en el Parlamento la Mesa de Sanidad Vegetal donde se sientan representantes de la Consejería de Agricultura, las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA), cooperativas agroalimentarias y los colegios de Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Técnicos Agrícolas.
El plan que tiene activado el Gobierno andaluz incluye que si se detecta su presencia o hay una sospecha fundada, se obliga, siguiendo órdenes directas de la Unión Europea, a establecer un cordón sanitario con un mínimo de 10 kilómetros de ancho alrededor de la planta infectada, la eliminación de todas las plantas en un radio de 100 metros y medidas de erradicación con tratamientos fitosanitarios para controlar los insectos que propagan la enfermedad. “Esto supone en la práctica arrasar plantaciones enteras en caso de que aparezca”, subraya un representante de COAG.
Desde esta organización reclaman que se cuantifique el coste de arrasar y quemar los metros afectados, el tiempo que deben quedarse esos terrenos sin producir, el coste de volver a plantar y el lucro cesante para el agricultor en ese periodo, que señalan que puede extenderse por tres o cuatro años. No serían iguales las pérdidas en el caso del olivar que para los almendros u otros árboles frutales, y piden que se fije el coste atendiendo al precio medio del kilo en el mercado de cada producción.
No hay precedentes que puedan servir para saber de cuánto dinero se podría estar hablando, pero sí que los agricultores aseguran que hay parámetros objetivos para fijar esas ayudas públicas.
Los protocolos funcionan contra esta bacteria en Andalucía desde 2014, y un año más tarde se aprobó una estrategia andaluza para prevenir y detectarla de forma precoz. Se ha alertado sobre el grave peligro que supone en este estado de alerta el tráfico ilegal de material vegetal, plantas, arbustos o plantones que pudieran comprarse en el extranjero o en viveros que no pasen todos los controles fitosanitarios. Los agricultores aseguran que esa realidad es casi anecdótica y supondría un porcentaje muy pequeño al abordar la posible entrada de la bacteria. El 10 de julio está convocada la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
Fuente: El Confidencial – Andalucía.