El miércoles moría un trabajador de 54 años que estaba ejecutando unas obras de asfaltado en la carretera A-406, entre las localidades de Morón de la Frontera y Pruna. Los compañeros avisaron a los servicios de emergencia que no pudieron hacer nada por él, tan sólo certificar su defunción. Ese día varias provincias andaluzas tenía aviso rojo por máximas que superaban los 45 grados, entre ella la provincia de Sevilla, y la comarca donde se ha producido la muerte del trabajador.
El hombre, según testigos del suceso, comenzó a balbucear y a manifestar contradicciones mientras perdía el equilibrio y se le doblaban las piernas. En ese momento, sus compañeros advirtieron a los servicios de emergencias. La actuación de los médicos no pudo evitar el fallecimiento, que según los testigos, tiene todos los visos de que es consecuencia de un golpe de calor, ya que, pese a la hora, los servicios de meteorología han confirmado que la temperatura en los momentos del accidente laboral en la zona rozaba los 40 grados. Las circunstancias exactas de la muerte no se determinarán hasta que se le realice la autopsia al cadáver.
Las empresas del sector de la construcción tienen estipulado por convenio la jornada intensiva en verano, que va de las 7.30 a las 14.30 horas, aunque este horario puede alterarse cuando se firma un permiso especial por urgencias en las obras. Parece evidente que un día con alertas rojas por calor no sea posible obtener este tipo de permisos especiales en obras de asfaltado. Además, se trata de una carretera que lleva mucho tiempo en una mala situación y en la que no existe ningún tipo de acontecimiento que indique la urgencia de la obra.
El trabajador pertenecía al Grupo Maygar, con sede social en La Roda. Dentro del Grupo Maygar se encuentra Pavimentos Asfálticos Andaluces SL, con sede en Osuna y especializada en «construcción de carreteras y autopistas». El Grupo Maygar ha sido denunciado por incumplir la ley de prevención y el convenio. Se le acusa de incumplir el convenio de construcción de la provincia de Sevilla, en el que se especifica que la jornada de verano es intensiva y se desarrolla en horario comprendido entre las 7:30 horas y las 14:30 horas. La obra la promueve la Junta de Andalucía, por lo que es esta la que tiene que garantizar el cumplimiento de los convenios y las medidas de prevención de Riesgos Laborales. Según fuentes sindicales, la empresa es conocida porque tiene «serias dificultades para el cumplimiento de la normativa en la materia y, por ello, está constantemente vigilando el cumplimiento».
Lógicamente, los clientes de este Grupo empresarial son casi en su totalidad administraciones públicas. Una de ellas es la Junta de Andalucía, la cual hace menos de un año anunciaba la incorporación de las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Administración autonómica. Dentro de la retórica propagandística de este tipo de actuaciones políticas se indicaba que entre los objetivos perseguidos se encuentra la «protección de los derechos laborales de quienes trabajan en empresas que contratan con la Administración andaluza, garantizando entre otros aspectos salarios justos, condiciones laborales dignas o medidas para la conciliación».
Era octubre pasado. Díaz presidió la firma de «un acuerdo pionero» entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública, los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía. Con esta medida se iba a valorar en los contratos públicos de la Junta a las empresas comprometidas con la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades y el medioambiente. Con ello, decía, se daba cumplimiento a uno de los compromisos de su investidura.