Cuarenta años después de que lo matara una bala blindada que probablemente disparó una Star modelo S, habitualmente utilizado por la Policía, el Congreso sigue rechazando publicar las actas de la comisión de investigación del asesinato de García Caparrós. No se informa de qué dijeron y oyeron los señores diputados durante esas tres sesiones, y la diputada de Unidos Podemos Eva García Sempere ha tenido aceptar dos condiciones para que le dejen ver las actas: que no las fotocopie y recibirlas con los nombres tachados.
La lectura de otras sesiones permite, no obstante, hacerse una idea de cómo se suavizaron las conclusiones, se rebajaron los tonos y se diluyeron las responsabilidades en los pocos meses que transcurrieron entre la muerte del joven trabajador y la aprobación de las conclusiones de la Comisión de Encuesta sobre los sucesos de Málaga y La Laguna.
Inmediatamente después de su muerte, representantes en Málaga de los principales partidos políticos suscribieron un manifiesto «para hacer constar la indignación por los dolorosos sucesos ocurridos (…) al reprimirse (…) de forma brutal e indiscriminada, la manifestación que discurría de manera pacífica y entusiasta». «El simple hecho de que un joven, sin la menor violencia, colocara la bandera de Andalucía junto a la bandera de España en el edificio de la Diputación no justificaba una intervención de las Fuerzas de Orden Público contra los manifestantes», continuaba aquella declaración, suscrita con el cadáver aún caliente y los ánimos encendidos de la calle.
Un año después, el tono de las conclusiones de la Comisión de Encuesta había cambiado. Como si la indignación la hubiera aplacado el paso del tiempo u otra causa, que se desconoce oficialmente. El 17 de noviembre de 1978 el Congreso concluyó que la situación socioeconómica de Málaga, «con su cota de paro destacando del resto de España, sus problemas en la agricultura y pesca, en la vida de las empresas y en el sector turístico, así como su carencia de desarrollo industrial», fue la causa «remota pero bien palpable» de lo que ocurrió, de modo que pidió un plan de urgencia para el desarrollo de la provincia.
Como segunda causa, la comisión de investigación no apuntó a la actitud intransigente del Presidente de la Diputación, como hacían las crónicas de aquel día, sino al «clima creado por la comisión organizadora al establecer que no hubiese más bandera que la andaluza». El Congreso concluyó que esto «inevitablemente produjo una marginación de la enseña nacional» capitalizada por la extrema derecha y «contestada con violencia por elementos de signo opuesto». Por último: «No existen pruebas suficientes, ni siquiera la convicción moral que permita atribuir una responsabilidad política a las autoridades malagueñas». Tampoco judicialmente se encontró al autor del disparo.
¿Qué ocurrió en esos once meses para que el foco de los políticos virara de la «brutal e indiscriminada» actuación policial a la «situación socioeconómica de Málaga»? Parte de la respuesta sigue oculta por el Congreso, pero otra parte puede intuirse de los diarios de sesiones que sí se publicaron. Por ejemplo, el del Pleno de 23 de diciembre de 1977, cuando se constituyó la comisión y los partidos explicaron su voto. Allí se refleja la actitud previa de los partidos ante esa comisión.
El debate ese día pareció girar en torno a cómo crear una policía para un Estado democrático con cuerpos provenientes de la dictadura. Así se entiende la intervención de Rafael Ballesteros, en nombre del PSOE, que insistió en la necesidad de que «las fuerzas de orden público se adecuaran a la nueva vida democrática de este país». El foco parecía estar en cómo había actuado la policía: «Es necesario ya (…) una fuerza de orden público que tenga en sus cargos de responsabilidad hombres que hagan que esos ciudadanos que las constituyen estén al servicio de nuestras libertades y de las suyas propias (…)».
Tomás García García, del PCE, destacó la vinculación de Cabeza, el presidente de la Diputación, con «los elementos más ultras de Málaga», integrados entonces con lo que se conocía como el búnker de Fuengirola, que encabezaba Girón de Velasco y en el que también estaba el nazi belga Leon Degrelle. Pide una exploración «detallada, minuciosa, absolutamente clara, sin ninguna clase de cortapisa», de los acontecimientos de Málaga para «señalar responsabilidades».
Sin embargo, ese supuesto afán quedó diluido en el resultado final. Algo tuvo que ver la actitud del gobierno y de UCD, cuyo diputado Huelin Vallejo advertía ya aquel día de que convenía «separar los sentimientos personales para, desde la atalaya política, otear con grandeza el horizonte nacional». De sus palabras se deduce al temor a los elementos ultra derechistas. UCD no quería debate sobre la constitución de la comisión porque, según Huelin, eso sería «prejuzgar» e «infravalorar» a los diputados de la comisión de encuesta.
Manuel Fraga derivó la cuestión a la seguridad, y la supuesta degradación del orden público: «Cualquiera que (…) visite esta o aquella parte del territorio de España, de la única nación que es España (…) puede estar seguro de que los españoles de todas clases y de todas partes piensan que está en peligro su seguridad». Fraga vinculaba la investigación con el «crecimiento constante de los asaltos a viviendas, de los robos a mano armada, de la destrucción de automóviles (…). «Parece que ya está bien de hacer demagogia sobre las Fuerzas que tienen la sagrada misión de defender el orden de todos (…)», protesta, antes de anunciar que sólo aceptará una «investigación a fondo» de «lo que ocurre con el orden público en España, de las causas de su deterioro y de las responsabilidades de todos al respecto».
Cuando llegó el turno de Rodolfo Martín Villa, entonces ministro del Interior, quedó claro que el Gobierno estaba presionado por los elementos radicales y que no aceptaría responsabilidad alguna porque no los controlaba: «¿Me garantiza a mí alguien que entre los millares de agentes de la autoridad del Estado, cuando llega un caso de esta especie, de choques de violencias, se pueda responder de la serenidad, del estoicismo, de la fuerza moral de un funcionario que exasperado por lo que fuera, por el odio, por el temor, se pueda exceder en sus funciones?». Con esa pregunta retórica, Martín Villa dejaba claro que nunca habría un responsable, pese a que su compañero de partido, Huelin Vallejo, había pedido «una consideración dura, tanto política como judicialmente».
«Cuando se ataca y se hostiga a las fuerzas hasta ponerlas en situaciones límite de tener que defender su propia vida, nadie puede asegurar que no se produzcan resultados como los que todos lamentamos», dijo el ministro para cerrar su intervención. Aquel 4 de diciembre Manuel José García Caparrós sólo había salido, como dos millones de andaluces, a pedir autonomía. Fue él quien lo pagó con su vida.
Fuente: artículo Néstor Cenizo en eldiario.es.