Andalucía ante la transición energética

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Andalucía ha sufrido significativamente las consecuencias de la falta de un marco legal y financiero estable para el desarrollo de la energía comunitaria. Hasta la publicación en junio de 2020 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía para la reactivación económica, y que define por primera vez el término “comunidades energéticas”, no existía ni un marco legal ni una definición de éstas.

El desarrollo de la energía comunitaria en Andalucía, y de hecho de todas las energías renovables, se vio obstaculizado por los cambios retroactivos en los planes de apoyo y la imposición del “impuesto al sol” en 2011. En 2019 se aprobó una nueva legislación que anuló dicho impuesto y las iniciativas de energía comunitaria empezaron a surgir lentamente de nuevo si bien en la actualidad nos encontramos con un serio problema que la Administracion estatal no solo no resuelve sino que acrecienta con su pasividad: nos referimos a la transposición de normas europeas que en nuestro país se lleva de manera parcial en detrimento del fin buscado que no es otro, como hacen nuestros vecinos europeos, que apostar realmente por una socialización de la energía en estos tiempos tenebrosos en los que vivimos en relación a un bien que no se olvide es de primera necesidad como es la energía.

Con estos antecedentes, uno de los principales problemas -quizás fomentado por esa pasividad estatal- a los que se enfrenta Andalucía en el impulso y desarrollo de la energía comunitaria es precisamente el modelo de mercado energético oligopólico impuesto. Las grandes empresas que lo conforman controlan la mayor parte de la energía y poseen una gran influencia en la toma de decisiones políticas que afectan al sistema energético. La transición energética no será un proceso justo y democrático mientras permanezca en manos de estas compañías en lugar de en manos de la ciudadanía y las comunidades. Los objetivos de maximizar los beneficios se impondrán a mantener y enriquecer la vida de las personas y la naturaleza.

Las grandes compañías de energías renovables están comprando tierras a personas agricultoras, dejando apenas beneficios para la población local. De esta manera se está llevando a cabo una apropiación y acaparamiento de tierras por parte de las grandes corporaciones incrementando en paralelo el proceso de despoblación de la ya maltratada Andalucía rural.

Muchos pueblos de Andalucía, como el caso en el que estamos trabajando los abajo firmantes, Alcalá del Valle, están recibiendo la “presión” de las grandes compañías con el objetivo de comprar tierras a personas agricultoras y construir grandes plantas de generación de energía renovable. La apropiación y acaparamiento de tierras por parte las grandes empresas pueden provocar efectos muy negativos en el sector agrícola local. Cada vez es más evidente que estas plantas apenas dejarían beneficios para el conjunto de la economía y población local y lo que resulta más inquietante, en vez de generar empleo lo que hace es reducirlo, pues una vez en funcionamiento las plantas precisan de un muy reducido numero de personas trabajadoras en su mantenimiento.

Esta situación ha provocado que 70 municipios reclamen reducir el impacto de los megaproyectos en el paisaje rural. La oleada de estas megaplantas controladas por el oligopolio energético ha provocado que desde estas localidades se exija a la Junta de Andalucía transparencia y orden en la planificación de los parques, muchas veces aprobados a sus espaldas. Desde las alcaldías se han presentado una Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos (ILA) ante el Parlamento para forzar el debate de las fuerzas políticas y retratar a la Consejería de Política Industrial y Energía, responsable de la falta de transparencia denunciada.

Ahí no termina la oposición. Por ejemplo, “La Plataforma Di No a las Torres” ha convocado una concentración en el acto de inauguración de la nueva subestación eléctrica de Baza el próximo 9 de noviembre. Este proyecto muestra el impulso y apoyo de los gobiernos español y andaluz a los megaproyectos, para los que son necesarios este tipo de infraestructuras (pagadas con dinero público). La plataforma indica que “Pedro Sánchez y Moreno Bonilla pretenden mostrar en esta inauguración su apuesta por su transición energética. La subestación y su línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina de 4.700 MW es el proyecto más importante de Andalucía, reconocido por el Jefe de Red Eléctrica de España. Es parte del eje Gibraltar-Pirineos y hace de vía de evacuación de muchos megaproyectos de Andalucía, en concreto gran parte de Málaga.”

“La luz del pueblo”

Ante esta situación existe alternativa: las comunidades energéticas locales. Sin embargo, los gobiernos no están haciendo lo que deben en este sentido. Muestra de ello es que la Comisión Europea ha llamado la atención al Estado español por no cumplir las directivas y no democratizar la energía. Son cada vez más las voces que denuncian que se relega la normativa de generación distribuida, sin impulsar las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo frente al despliegue de los mega proyectos e renovables. Es necesario que desde el gobierno español y andaluz se apueste por la energía distribuida de las comunidades energéticas locales frente al incentivo y financiación del despliegue de renovables que, de seguir así, permitirá que la energía queda quede exclusivamente en manos de los fondos de inversión y de las grandes empresas oligopolistas.

Un ejemplo de impulso de un nuevo modelo energético local se está dando en la localidad gaditana de Alcalá del Valle. El proyecto “La luz del pueblo de Alcalá” es una acción de planificación energética promovida por el Ayuntamiento de la localidad, con asesoramiento externo y la participación y protagonismo de la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento se ha impulsado desde hace un año un  proceso colectivo para la generación descentralizada de energía renovable, y la búsqueda de autoconsumo colectivo desde un sistema de generación solar fotovoltaica. Es decir, desde hace un año el ayuntamiento ha impulsado la puesta en marcha de un proyecto de energía comunitaria o “comunidad energética local”.

Los objetivos de este proyecto van más allá de la generación y el consumo de energía renovable. El proyecto pone a las personas en el centro, busca la recuperación de los espacios públicos y el aprovechamiento de los recursos naturales de forma consciente y cercana, comenzando por empoderar a la ciudadanía para que sea el motor de cambio en la transición energética del pueblo. En este sentido, existe la posibilidad de proyectar espacios educativos con la finalidad de promover la formación sobre la transición energética, la sensibilización sobre los buenos ejemplos y buenas prácticas para el alumnado de los colegios e institutos. Este proceso debe aumentar la conciencia social existente, el interés por formar parte de la transición energética y de conseguir la soberanía energética territorial. La energía puede ser un medio para poner en marcha un proyecto más completo, promoviendo la cooperación y creando comunidad, así como para iniciar programas y políticas que impulsen un nuevo desarrollo local transformador.

La necesaria voluntad política

Para todo ello, además de la voluntad política del gobierno local, es necesario que desde el resto de administraciones públicas se acelere los procesos de transición energética con base en el impulso de las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo. En este sentido, es precisa la transposición íntegra de las directivas de la Unión Europea relativas a ese modelo de generación distribuida y de participación de la ciudadanía (Directiva UE 2019/944,). La generación distribuida como modelo de despliegue de energías renovables debe ser impulsada para frenar la expansión actual de las macrocentrales eólicas o renovables y para las líneas de muy alta tensión.

Tanto el gobierno andaluz como el español no están haciendo lo suficiente para que la transición energética sea democrática y no controlada por las grandes empresas energéticas, sino que más bien está ocurriendo lo contrario. Apenas hay medidas que favorezcan las comunidades energéticas, mientras que el oligopolio energético se encuentra con todo tipo de facilidades para alcanzar sus objetivos.  En definitiva flaco favor se esta haciendo en dar el mayor despliegue socializador a algo en el que todos participamos , la energía , y en la que todos estamos implicados para la salvaguarda de la habitabilidad de nuestro planeta: su carácter renovable.

Autoría: Jesús Sendra (abogado), y Antonio Sánchez y Óscar García (Talaios Andalucía).