A los actuales gobernantes de San Telmo, les ha faltado, y hasta sobrado, tiempo para revolucionar a la comunidad educativa andaluza. Con ello, han seguido un patrón político clásico: cuando un nuevo gobierno, un nuevo partido, quiere dar a la ciudadanía sensación de que hace algo, echa mano de la educación. Porque, por poco que se haga en este ámbito, las repercusiones se evidencian y amplifican rápidamente en la sociedad.
Ha bastado el anuncio de la tramitación de la ley de bioclimatización de los centros educativos, la presentación de un plan para combatir el fracaso y el abandono escolares y la eliminación de las zonas educativas a efectos de escolarización. Mirando el enunciado y el argumentario con el que la administración ha presentado estas medidas, no parece haber motivo para el revuelo. Pero si superamos la publicidad institucional, la cosa cambia.
La falta de condiciones climáticas para desarrollar la labor docente es un problema heredado, que se ha visto empeorado en los últimos cursos, tanto por el factor climático como por la falta de mantenimiento en las infraestructuras escolares. Ahora la Consejería ha llevado otra vez al Parlamento la tramitación de la Proposición de Ley, a la que se opuso el PSOE en la anterior legislatura, utilizando el procedimiento más largo, cuando ha podido hacerlo por la vía de la lectura única. No parecen tener prisa. Pero, en la rueda de prensa, el señor Bendodo deslizó que la ley iba destinada a mejorar las condiciones bioclimáticas de los centros educativos “sostenidos con fondos públicos”, palabras mágicas acuñadas por la LOE y la LEA, dos leyes educativas psoístas, para suavizar la realidad del desvío de fondos públicos a los centros privados. Ahora, sobre el suelo abonado por el PSOE, Ciudadanos se limita a gobernar en la misma línea.
También se ha presentado a la prensa un plan para combatir el fracaso y el abandono escolares, dos grandes problemas del sistema educativo andaluz. El hecho de que el plan contemple 10 días de trabajo en julio con el alumnado y que no se haya consensuado con la comunidad educativa, ha provocado su rechazo generalizado y las iras del consejero, que ha arremetidos contra las familias, por no aceptar tan “irresistible” oferta. Solo le ha faltado decirles que qué se han creído, con esa displicencia del que da limosna porque quiere y puede.
Sin embargo, la medida de más calado, por sus implicaciones y sus consecuencias, aunque haya levantado menos polvareda mediática y entre las familias, es la de la eliminación de las zonas educativas a efectos de escolarización. Ello supone consagrar de una vez por todas el llamado “derecho a la elección de centro”, un derecho inventado, que va en detrimento del derecho a la educación a secas. Es evidente que la posibilidad de elegir centro educativo, en una sociedad injusta y desigual como la andaluza, no la tienen todas las familias, por lo que esta medida, presentada como largamente esperada, tendrá al menos dos consecuencias, una a corto y otra a medio plazo. A corto plazo, la administración educativa usará el previsible aumento de la demanda de centros privados concertados para aumentar los conciertos y ya se está preparando para ello, a base de cerrar unidades en la Pública, o de no abrir las necesarias, según las zonas, mientras deja intocadas las altísimas ratios.
A medio plazo, la educación pública se convertirá definitivamente en el gueto al que irán a parar las criaturas de las familias con pocos recursos económicos, donde recibirán una educación excluida y excluyente, perpetuando y profundizando así la desigualdad social. Y todo ello, sostenido con fondos públicos. Una nueva apropiación de capital y recursos de los que más tienen a costa de los que tienen menos.
Hay que decir también que si todo esto es posible en relativamente poco tiempo es porque los cimientos de este edificio neoliberal hace mucho que se pusieron. En Andalucía, ni el PSOE ni IU, cuando hizo de partido muleta, se han tomado en serio revertir la situación y rebajar significativamente los conciertos.
Paro hay que contextualizar estas medidas y presentarlas como lo que son: actos de gobernanza en la política neoliberal, camino ya emprendido por el PSOE en anteriores legislaturas, en la última, en compañía precisamente de Ciudadanos. Practicar la gobernanza, en síntesis, significa no hablar de política, ni de problemas políticos ni de soluciones políticas, sino de problemas de tipo técnico, cuyas soluciones se acometen de forma práctica. Así, las preocupaciones por los derechos se sustituyen por la eficiencia y la preocupación por la legalidad, por la eficacia. De este modo, se quiere presentar a la ciudadanía una administración que “funcione”, eliminando cualquier disenso, cualquier discurso que cuestione las consecuencias políticas y sociales, en términos de ética, de equidad o de justicia.
Frente al desgobierno de la gobernanza, es oportuno traer aquí algunas ideas infantianas. Qué lejos la política de ser entendida como “arte de remover en cada momento histórico el obstáculo que se oponga al triunfo o aplicación de hecho del ideal social progresivo, produciendo la menor conmoción posible”. Qué lejos estos aprendices de brujos de los “Gobernantes que sean Maestros” .Qué lejos la institución escolar de enseñar a ser hombres y mujeres. Qué lejos la tarea de educar de la creación de una “sociedad consciente”. Qué lejos los docentes de ser “escultores de conciencia” y “creadores de humanidad”. Cuánto distan los hombres y mujeres que producen los colegios, institutos y universidades de Andalucía de ser esos “hombres [y mujeres] de férrea voluntad para gobernarse a sí mismos; hombres [y mujeres] de fiera dignidad que no aguanten ningún señor”[1].
Qué lejos esta gobernanza neoliberal de la utopía de Blas Infante que demandaba de la educación la dignísima tarea de formar a un pueblo, precisamente porque “un pueblo no se improvisa”.
[1] Los entrecomillados pertenecen a la obra de Blas Infante “La dictadura pedagógica. Un proyecto de revolución cultural.” Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2018