Desde el fatídico febrero de 2012, el movimiento obrero organizado viene clamando de forma unánime por la derogación de la Reforma Laboral. Aprobada inicialmente mediante un Decreto-Ley, ni el debate posterior en el Congreso ni en el Senado sirvieron siquiera para modular sus más drásticas medidas. Tampoco se atendió a las exigencias sindicales que se manifestaron de forma contundente y masiva en la Huelga General del 29 de marzo de ese 2012.
Hace ya más de siete años que tuvo lugar la reforma laboral más profunda de cuantas han operado en nuestro ordenamiento laboral. Y desde entonces, la exigencia de derogación ha estado presente en todos discursos que gravitan desde el centro-izquierda más moderado hasta las posturas más radicales y anticapitalistas. No a la Reforma Laboral. Expulsar esa norma del ordenamiento es un imperativo laboral, socioeconómico, ético y político.
Y he aquí que llega la “izquierda” al Gobierno. Entró casi de rebote, vía moción de censura y con un PSOE más débil que nunca en cuanto a número de escaños. Sin embargo ni en esa fase ni en la actual observamos ninguna manifestación clara que recuerde el compromiso adquirido con tantos trabajadores víctimas de la crisis. Pasa algo similar a lo que ocurre con la “Ley Mordaza”. Volviendo al apartado laboral, la Reforma incidió muy negativamente en múltiples aspectos sociales, entre los que podemos recordar:
- Redujo las indemnizaciones por despidos improcedentes de 45 días por año de antigüedad con tope de 42 mensualidades a 33 días por año con tope de 24 mensualidades. Es cada día más infrecuente encontrar indemnizaciones de las “antiguas”, que han desaparecido casi por completo del panorama laboral
- Amplió los supuestos que justifican y permiten los despidos por causas objetivas (económicas, tecnológicas, productivas y/o organizativas). Es cierto que la jurisprudencia inicial del Tribunal Supremo matizó estos casos, pero también lo es que la tendencia hacia la que está virando ese mismo Tribunal es muy diferente en la actualidad
- Autorizó los despidos colectivos en las Administraciones Públicas (mediante el RD 1483/13) y suprimió la antes necesaria autorización previa en los EREs para todos los casos. Desde entonces hemos venido observando cómo hasta las empresas líderes presentan sistemáticamente planes de destrucción de empleo y algunas Administraciones han aplicado despidos colectivos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
- Introdujo nuevas fórmulas de contratación, que el devenir del tiempo ha revelado como fórmulas de mayor precariedad y que no han servido para reducir la tasa de temporalidad récord que ostenta el Estado español dentro de la UE. La temporalidad sigue batiendo todas las marcas tanto en el sector privado como en el público
- Otorgó mayor capacidad de actuación a las ETTs, que han pasado de estar prohibidas a gozar cada vez de mayor ámbito de actuación. La ampliación de las competencias de los traficantes de mano de obra tampoco ha demostrado ni crear empleo ni mejorar las condiciones sociolaborales, si atendemos a las estadísticas oficiales
- Modificó las reglas de la negociación colectiva, limitando la ultractividad (vigencia de Convenio Colectivo antiguo hasta que se negocie uno nuevo), facilitando el descuelgue (posibilidad de no aplicar parte del Convenio Colectivo) y otorgando prioridad al de empresa respecto al sectorial
- Estableció un escenario propicio para sucesivos ataques a ciertos sectores de trabajadores: tasa de reposición, eliminación de paga extraordinaria a empleados públicos, recorte de días libres, eliminación de derechos sindicales, aplicación del Código Penal a huelguistas, etc.
Se alteraron las reglas de juego, sin debate alguno y de forma urgente. Fue un furibundo ataque al conjunto de la clase trabajadora en general y al movimiento sindical en particular. Es por eso, que revertir sus efectos es ahora más necesario que antes. Reequilibrar las posiciones y restablecer unas reglas razonables no es solo un deber político sino que se ha convertido en una absoluta necesidad. De no hacer nada, el desequilibrio pro-patronal habrá avanzado un paso de gigante hacia la acumulación y el reparto desigual de la riqueza.
Por ello, las posiciones progresistas no pueden pasar por “modificar los efectos más perniciosos”, “esperar a que haya consenso para la derogación” o conformarse con el “compromiso” de negociar un “nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI”. Todas esas patrañas son mera palabrería que pretende únicamente encubrir la complicidad con las posiciones más reaccionarias de la CEOE. Negociar la titularidad del “Ministerio de Trabajo” tampoco puede contentar a quien conoce de qué estamos hablando. Están en juego la dignidad de la clase trabajadora y la justicia social. Por eso, hoy más que ayer: No a la Reforma Laboral del PP. Ni completa ni a medias.