Elecciones y poder

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Recientemente aparecía en un titular de un diario digital “progresista” una de esas ideas sobre las que se sostiene el vigente orden establecido: “Cinco semanas de negociaciones y pactos cruzados decidirán todo el poder en España”. Desde esta ideología, el sistema político se ocupa de la gestión del poder, mientras que el sistema económico se encarga de la gestión de la riqueza[i]. Así se consigue, bien es verdad que cada vez con más dificultad, legitimar la ilusión de que será la mayoría la que decida cómo se administra el poder, en un ejemplo más de hasta qué punto se nos enseña a creer que las cosas son como el discurso dominante nos las cuenta y no como nosotros observamos que son.

Porque las evidencias en contra de esta creencia son cada vez más claras. En un sistema en el que los medios de subsistencia derivan directamente de la propiedad, que es la que procura el dinero del que la dependencia para vivir se ha hecho total, la gran mayoría, no propietaria, se ve sometida a relaciones de subordinación que van dejando en sus manos cada vez menos capacidad de decisión sobre los ámbitos de los que su vida depende. Partir de la igualdad de derechos sobre el papel cuando los procesos de acumulación polarizan la propiedad y por tanto la capacidad de apropiación y de decisión a una velocidad vertiginosa convierte esta igualdad de derechos en una cuestión puramente ornamental.

Máxime cuando, como muestra sobradamente el reciente libro de José Manuel Naredo La taxonomía del lucro, las formas de hacer dinero instaladas como algo estructural en el sistema se vinculan crecientemente a la revalorización de activos patrimoniales. La simple expectativa de ese aumento de los precios de dichos activos permite a la oligarquía captar dinero en los mercados financieros, aumentando así su capacidad de compra y por tanto de apropiación de riqueza a partir de esa mera revalorización. Es esta una élite económica integrada, por tanto, cada vez en mayor medida por quienes “viven de ná”, que diría Carlos Cano. Al tiempo que se acentúan la concentración y la polarización socioeconómica y crecen las desigualdades a una escala sin precedentes.

Dentro del Estado español, desde el estallido de la crisis inmobiliario-financiera en 2008, mientras los salarios reales disminuyen y avanza la proporción de excluidos, desposeídos y dannificados, el patrimonio de los doscientos más ricos, (diario El Mundo), se ha multiplicado por dos, creciendo la concentración en la cúspide. En 2019 las diez primeras fortunas suman ya más de 90.000 millones de euros, casi la mitad del total. Son, según El Mundo, “los diez apellidos que dominan España”. Ocho de estas diez sagas familiares ya formaban parte de la oligarquía durante la dictadura franquista y muchos de sus negocios fueron resultado de favores, concesiones, contratas y prebendas obtenidas bajo el paraguas del régimen de Franco.

El régimen del 78 ha supuesto la cobertura política para dar continuidad, bajo fachada democrática, a esta élite de poder que sigue manteniendo relaciones clientelares, tomando las grandes decisiones y haciendo grandes negocios en contra de la mayoría. El régimen político del 78 ha propiciado el reacomodo y fortalecimiento de formas autoritarias, oligárquicas y despóticas de poder, generalizándose la corrupción, el pago de favores y el saqueo de lo público mientras se funden en una estrecha comunión los intereses de la élite económica y una cúpula política desde la que se facilita la prosperidad de los grandes negocios. Los que amplían la riqueza sin tener detrás ninguna función social. Más del 80% del patrimonio del top, Amancio Ortega, (valorado en 2019 en más de 50.000 millones de euros) son títulos de la bolsa. Un patrimonio que, en un proceso que se retroalimenta, crece con la mera revalorización, con el simple aumento de la cotización de esos activos.

Desde los sucesivos gobiernos, PSOE y PP, al unísono, se han dedicado a alimentar estos procesos de revalorización de activos con políticas económicas que van desde regalarle a la banca más de 60.000 millones de euros del dinero de nuestros bolsillos para salvar, se nos dijo en el colmo del cinismo, “nuestra” economía, a reformar la constitución en un acuerdo perpetrado con nocturnidad y alevosía por los dos grandes partidos del régimen para poner los intereses del capital financiero por delante de todo lo demás. Pasando por un desmantelamiento de las Cajas de Ahorro del que se benefició la gran banca. O facilitando un aumento de liquidez para animar la inversión, dando también prioridad a la disminución de precios y salarios para no erosionar el valor de los activos a revalorizar. Junto a otras formas en las que lo público sirvió para engordar intereses privados con la corrupción ocupando un lugar central. PP y PSOE, PSOE y PP, a los que el 15 M incluía en la misma rúbrica, se dedicaron, con gran aprovechamiento, a procurar que los negocios del amo pudieran prosperar a costa de empeorar las condiciones de vida de la gente.

Un ejemplo cercano e ilustrativo de esta entrega del sistema político y en concreto del régimen del 78 a los intereses del gran capital, fue recogido por un titular de prensa el 3 de abril pasado: “Sevilla ofrece todo su suelo disponible a los grandes inversores hoteleros”. En la ciudad que tiene siete de los 15 barrios más pobres dentro del Estado, Juan Espadas, alcalde del PSOE, ponía el suelo público en oferta a disposición de las oportunidades de negocio de las grandes corporaciones y los fondos de inversión que gobiernan el turismo global. En paralelo, los movimientos sociales, en un encuentro organizado por el colectivo-asamblea contra la turistización de Sevilla, (CACTUS), denunciaban los efectos devastadores que sobre la vida de quienes habitan la ciudad está teniendo la turistización, mercantilización y apropiación de los espacios urbanos por ese mismo capital global.

Ir en la dirección de apuntalar, directa o indirectamente, este régimen político del 78 -sumido hoy en una profunda crisis- sin cuestionar el sistema, supone seguir ahondando en la distancia entre los procesos de toma de decisiones y las personas y los pueblos afectados por estos procesos. Sólo desde una estrategia de ruptura con este régimen será posible poner en marcha una transición que favorezca dinámicas de fortalecimiento de los movimientos sociales, de la conciencia colectiva y de los vínculos comunitarios. Una transición que permita que prosperen espacios alternativos y procesos que hagan realizable el derecho a decidir individual y colectivo, de las personas y de los pueblos.

 

[i] Una exposición detallada y una reflexión crítica de fondo sobre la relación entre sistema político y sistema económico puede verse en el texto de José Manuel Naredo Economía, poder y política. Díaz &Pons Editores 2015.