El derecho a la vivienda

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En la Radiografía del mercado de la vivienda 2018-2019, presentada por Fotocasa el día 24 de julio en Sevilla puede leerse que “el mercado de la vivienda mantiene su tendencia positiva de los últimos años”. Se saludaba así con satisfacción la subida del precio de la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad. Desde marzo de 2018 a marzo de 2019 la compra de una vivienda resulta más de un 8% más cara en Andalucía. En Sevilla, donde más subió, lo hizo más de un 11%. Y eso es considerado como un buen síntoma, porque esta “reactivación”, desde la versión al uso de la economía, es una señal de que le empieza a ir bien al negocio inmobiliario, lo que equivale para esa ideología a suponer que se reactiva la creación de riqueza y el aumento del bienestar general.

A pesar de que la experiencia, tan próxima, de la enorme ruina que nos trajo la última burbuja inmobiliaria (1997-2008) nos muestre todo lo contrario. E incluso a pesar de que la propia directora de la citada Radiografía.. decía en la presentación que “el crecimiento de los precios de venta y alquiler es muy superior al poder adquisitivo” de quienes necesitan acceder a una vivienda. Es decir, a pesar de que ese incremento del precio aleje todavía más a los andaluces de la posibilidad de ejercer el derecho a acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda. Porque lo que se concluye en el informe es que lo que más se ha incrementado es el porcentaje de personas que buscan vivienda pero no llegan a conseguirla.

En el informe se hace referencia al mercado como si fuera ese ente abstracto, ese modelo que nos presenta la economía convencional, que está por encima del bien y del mal, en el que los precios resultan de la confluencia entre la oferta y la demanda. Una oferta y una demanda tan atomizadas que nadie tiene capacidad para influir o condicionar nada, que es tanto como decir que en el mercado el poder no existe. Un modelo virtual que no tiene nada que ver con el funcionamiento real de los mercados pero que condiciona de manera fundamental la manera de ver y entender la realidad, desfigurándola para velar, ocultar o soslayar cuáles son los mecanismos y los intereses que están detrás de este funcionamiento.

En esta fase del capitalismo financiero y especulativo, que ya no tiene vuelta atrás, la anterior burbuja inmobiliaria dejó claro el papel de la vivienda como activo en el que se invierte esperando que se revalorice y que se revaloriza porque acude cada vez más dinero a comprar ante esas expectativas de revalorización. En los últimos años, enormes cantidades de dinero canalizadas a través de los grandes fondos de inversión encuentran en lo inmobiliario una salida con mayor rentabilidad que otras alternativas en un contexto de bajos tipos de interés.

Estos fondos, que en los últimos cinco años han duplicado su cartera de propiedades, tienen colocados en el mercado inmobiliario mundial más de tres billones de euros. Más de tres veces el valor del PIB de la economía española, en la que gigantes del mercado inmobiliario como Blackstone, Cerbens o Lone Star han comprado en 2018 a Caixabank, el Banco de Santander y el BBVA inmuebles procedentes en parte de las cesiones en pago o intervenciones por deshaucios, por 68.000 millones de euros. La rentabilización se hace sobre todo a través del arrendamiento o con operaciones de compraventa, pero el principal objetivo es el alquiler, de modo que hoy Blackstone se ha convertido en el mayor casero dentro del Estado español, disparándose y disparatándose en este contexto el precio de los alquileres para garantizar altas tasas de rentabilidad a los inversionistas, siendo la salida de los inquilinos que no puedan pagar una vía más para incrementar las tasas de beneficios.

Todo esto con la connivencia, la complicidad  e incluso la participación directa desde el sistema político. Como ilustración muy cercana, en 2014, un fondo de inversión con sede en Nueva York, WP Carey, compró a la Junta de Andalucía 70 edificios de propiedad pública que la Junta vendió “para hacer caja” por 300 millones de euros, acordándose en la operación de venta el arrendamiento por parte de la propia Junta de los inmuebles enajenados por un plazo de 20 años y un precio a pagar por el alquiler de 23, 6 millones de euros anuales. Cuando pasen los 20 años la Junta habrá pagado 462 millones por el alquiler de lo que era público y que ahora se ha perdido, privatizándose. Habrá pagado 162 millones más sobre los 300 que cobró en la venta por la privatización. La propia Cámara de Cuentas de Andalucía estimó unas pérdidas de 131 millones de euros en la operación.

En la misma dirección, el Gobierno del PSOE, en uno de los Consejos de Ministros a los que calificaba de “viernes sociales”, programados en vísperas de las elecciones en 2018,  y en uno de sus alardes de prestidigitación a los que ya nos tiene acostumbrados, presentó, como manera de resolver el problema de la vivienda, un Decreto que dejaba fuera el nudo gordiano del mismo: la limitación de los precios de los alquileres. Eso después de que la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había asegurado que cumpliría con el compromiso de poner topes a los precios de los alquileres. La justificación: esa medida “espantará a los inversores”. Unos días antes, la cabeza de Blackstone en el mercado español, Claudio Boada, junto con otros representantes de fondos de inversión, llegó a advertir ante lo que consideraba “un atropello” que aunque “todavía no nos hemos ido” algunas de sus inversiones podrían retirarse.

Como información complementaria cabe señalar que Claudio Boada, uno de los “dueños” del sector inmobiliario español, representante de los intereses a los que se subordina hoy la política de vivienda que se hace en el Gobierno del Estado, tiene un extenso curriculum en las más altas instancias del Poder, habiendo sido durante 15 años responsable de Lehman Brothers en España y Portugal, además de presidente de importantes consejos de administración. Hijo de uno de los empresarios más influyentes del franquismo, tenemos aquí un ejemplo más del reacomodo en esa transición desde el régimen de Franco al neocaciquismo del régimen del 78; la transición a este régimen oligárquico con fachada democrática que hoy padecemos.

El caso de la vivienda es un ejemplo claro de que partir de la igualdad de derechos, cuando los procesos de acumulación de capital polarizan la propiedad y por tanto la capacidad de apropiación y de decisión a una velocidad vertiginosa, esta igualdad de derechos se convierte en una cuestión puramente ornamental. Urge revertir estos procesos desde la ruptura con un régimen y con un sistema de los que sólo puede esperarse más de los mismo.