El ingreso mínimo vital como derecho, como obligación

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Estamos solventando muy bien el dilema en la salida de la crisis sanitaria sobre si tenemos que priorizar la salud o reducir el coste económico del parón de actividad productiva y comercial. Estamos haciéndolo bien, porque estamos anteponiendo la salud, porque el análisis, prioridad y sensibilidad colectiva está pidiendo que se atienda primero a la prudencia y se está desplegando el principio de solidaridad. La disciplina que está demostrando la gran mayoría de la sociedad es porque cada día que pasa tenemos más claro que nuestro bienestar no es independiente del de nuestros vecinos, paisanos, del bienestar del conjunto de nuestra comunidad.

Gracias a la crisis sanitaria, se está despejando ese horizonte del que me sentía algo huérfano en los últimos tiempos. Cada día somos más los que tenemos absolutamente claro que cualquier tipo de progreso, para que se consolide, tiene que estar anclado en el pilar básico de la justicia social.

Por eso son cada día menos los que son capaces de defender su oposición al desarrollo y aplicación de una renta social básica, ingreso mínimo vital, o como quieran denominarlo, el sentido y objetivo es el mismo. En la pobreza y desigualdad tenemos un enorme desafío que es estructural y que, por tanto, tiene que abordarse con políticas transversales y estructurales. La idea central cuenta ya con el suficiente consenso para que podamos verla hecha realidad en un plazo razonable, sólo resta afinar los procedimientos y baremos para que llegue a los necesitados, para que el estado pueda soportarlo y para que no se cuelen los abusones.

Para su adecuado diseño y desarrollo, es necesario, como primer orden de premisas, que el legislador reconozca la realidad social. Una economía sumergida importante, unos colectivos vulnerables excesivamente aplastados por una regulación que sigue sin ser adecuadamente progresiva, una amplia masa social que subsiste con su legalidad cogida por pinzas porque en demasiados casos es la única vía que encuentra para vivir dignamente. Pero, a la vez, y de la mano, un colectivo amplio que de la necesidad ha hecho virtud y pone la mano sin ser honesto con el sistema que no son responsables y éticos con sus vecinos y amigos, que no entienden que defraudar al estado es ir contra sí mismos.

Dado que el entramado del problema es extraordinariamente complejo para deshacer todos los nudos a la vez, cuestión que requiere además mucho tiempo por el cambio de concepto cultural que ello conlleva. Dado que la urgencia de las personas necesitadas hace que la implantación de la renta social básica tenga que ser más pronto que tarde, existe una primera decisión que, en mi opinión, serviría para avanzar en todos los planos: que no se coloque en el plano de los ingresos contributivos sino que se canalice mediante el Sistema de Seguridad Social considerándola una prestación social, esto es, una prestación no contributiva.

A la vez, y para no retrasar las medidas por aspectos burocráticos y garantistas, debe tomarse una segunda decisión importante que viene a modificar las pautas de una administración pública hiperbólicamente garantista a priori, es decir, acostumbrada a poner los controles, antes de. En esta ocasión deben alterarse los pasos y la administración debe diseñar el modelo para que todos los recursos que están disponibles para garantizar el adecuado uso final de los presupuestos públicos, se empleen en la comprobación posterior, esto es, desarrollar controles para saber en todo momento y en términos reales si las personas beneficiarias siguen cumpliendo las condiciones necesarias para seguir percibiendo la prestación. Tendremos así una bolsa de beneficiarios más dinámica, pero sobre todo, más justa.

Y la tercera gran decisión pasa por tener absolutamente claro que el ser beneficiario de este tipo de ingresos debe ser considerado, siempre que sus circunstancias físicas y mentales lo permitan, una situación transitoria. Esto es, deben establecerse canales que faciliten que las personas retornen lo más pronto posible a la vida activa, al mercado de trabajo, al ámbito de lo contributivo. Por sostenibilidad del conjunto del sistema, si, pero sobre todo por dignidad, por afán de superación, por orgullo. Tenemos la obligación de marcar pasos que estimulen este progreso.

Esta salida de las personas de lo que puede definirse como una situación personal y profesional precaria supone un logro individual, sin duda, pero también colectivo, porque cada persona que deje de necesitar el ingreso mínimo vital será un testimonio vivo de que el sistema funciona y se convertirá en si mismo en un apóstol del modelo en el que otros quieran mirarse. Esta dinámica acabará, por efecto halo, fortaleciendo y legitimando al sistema en su conjunto, arrinconando picarescas, fraudes y economía sumergida que son precisamente los argumentos que esgrimen los detractores de esta, la renta básica social, que es una medida de legítima justicia social.

Por la importancia de la medida, por los presupuestos públicos que compromete, por las repercusiones sociales y políticas, acertar en el planteamiento y desarrollo del ingreso mínimo vital es cuestión de Estado. Porque es un elemento gordiano de nuestro estado social, el ingreso mínimo vital es necesario que esté bajo el amparo constitucional y por tanto, se garantice su desarrollo de manera uniforme en todos los territorios atendiendo a las necesidades sociales reales. Esto, en la práctica supondrá reforzar el concepto de solidaridad entre comunidades autónomas, cuyos gobiernos deberán evitar prácticas zafias y rastreras que ningunean la dignidad de las personas.

Andalucía, dados los últimos datos socioeconómicos, será uno de los territorios en los que habrá más beneficiarios del ingreso mínimo vital. Las tasas de pobreza, desempleo, renta percápita media, colectivos vulnerables así lo anticipan. No debemos sentirnos orgullosos por ello, pero si estamos legitimados para reclamar con contundencia, justicia social, sin necesidad de remover las cuestiones históricas que nos hayan traído hasta aquí. Simplemente hay muchas andaluzas y andaluces que lo necesitan y que el estado debe amparar su dignidad, por simple, lo decía antes, justicia social.

Junto a esta demanda, nos corresponde hacer un ejercicio colectivo de honestidad y reclamar lo que nos corresponda, pero sólo lo que sea legítimo y, a la vez, ser solidarios, irnos zafando de todas esas pequeñas prácticas fraudulentas que nos quitan parte de la enorme razón que atesoramos. Ir, de verdad practicando la ida y la vuelta, como los grandes palos flamencos, e interiorizar que, si queremos derechos, también tenemos que asumir nuestras obligaciones. Con hacienda, con el ayuntamiento, con nuestros vecinos, con nosotros mismos. Por nosotros mismos.