Seguimos sin poner en marcha medidas que reviertan el origen del problema: la emisión de gases de efecto invernadero y el aumento de las temperaturas medias.
Los últimos datos son el peor diagnóstico. El año 2020 ha vuelto a ser, los datos lo constatan, un año funesto. El Calentamiento Global provocado por la actividad humana, la pérdida de patrimonio natural y el cambio de los usos del suelo son los mayores retos globales a los que nos estamos enfrentando en el siglo XXI. Informes científicos como el “Informe del Estado del clima de 2020”, elaborado por la AEMET han constatado que la temperatura global media ha subido 1,1 grados, y de continuar la tendencia, con los planes de recortes anunciados por los estados, podría llegar a un aumento de 2,7 grados.
La Organización Meteorológica Mundial ha constatado que la concentración de gases de efecto invernadero marcó un nuevo máximo en 2020. Los niveles de dióxido de carbono son el doble de los existentes en la etapa preindustrial. Estamos asistiendo, teniendo un altísimo grado de responsabilidad, a la sexta extinción global.
Los fenómenos climáticos extremos son más frecuentes en los últimos años, los daños causados por los mismos llevan a dramas que son, en última instancia, fundamentalmente humanos. Son millones los refugiados climáticos, esto es, las personas refugiadas y desplazadas como consecuencia del cambio climático.
Un Calentamiento Global que está teniendo una especial incidencia, dada su vulnerabilidad, en España, en la región mediterránea y sobre todo en Andalucía, en donde la desertización, el descenso de la pluviometría media, el incremento de la evapotranspiración, combinado con la actividad industrial, el despoblamiento rural, los incendios forestales, los cambios de manejo de suelo, el agotamiento y contaminación de acuíferos y mares y el ascenso del nivel del mar, está llevando a una tensión del sistema que preocupa de mucho a los especialistas.
Y sin embargo, sigue sin haber decisión política, sin existir un amplio convencimiento de la sociedad civil que haga girar planteamientos de consumismo (energético, material, hídrico) netamente cortoplacistas y claramente egoístas.
El reto de tomar decisiones políticas de amplio alcance es que se cuenta con información limitada, corto espacio de tiempo, es necesario asumir riesgos, existen intereses contrapuestos, se ignoran variables fundamentales y deben atenderse a unos principios éticos y legales. Sólo, cuando se percibe que existe crisis y emergencia, se actúa sin dilación, aún a sabiendas que las medidas puede que no fueran las óptimas cuando sean sometidas a la perspectiva del tiempo. Pero, si hay crisis y urgencia, hay que actuar. Tenemos la clara experiencia reciente de la pandemia provocada por el COVID19.
Entonces, lo que falta respecto al Calentamiento Global, una vez asumido y entendido que es una crisis, pues ya nadie razonable es capaz de negarlo, es convencerse de que es una urgencia. Mientras esto no se tenga claro, los gobiernos medirán mucho sus acciones porque cualquier cosa que vaya más allá de demostrar la buena voluntad, requerirá reformas, inversiones, cambios que van a generar costes y también ganadores y perdedores.
Que estamos ante una crisis climática es un hecho. Debemos tomarlo como punto de partida para afrontar que es primordial actuar ya, que es una urgencia colectiva. Por eso, hay que afrontar con realismo las consecuencias sociales y económicas de la necesaria revisión del modelo de crecimiento que nos llevará al colapso. Fiar que este cambio puede hacerse sin costes, o que los avances tecnológicos nos salvarán es una entelequia interesada.
Debemos afrontar la realidad del techo de la globalización, de la descarbonización de la economía, de la solidaridad interterritorial e intergeneracional, de la equidad y justicia social, de la reversión del crecimiento desde la planificación. Porque abordarlo de forma consciente siempre va a causar menos daño, menos dolor, menos hambre y menos muerte que seguir esperando a que sea el planeta el que nos amenace de ko técnico. Siempre va a lograrse mayor justicia social si logramos tomar medidas preventivas de forma anticipada en lugar de medidas paliativas cuando el daño ya sea punzante.
Podría comenzarse con un ejercicio de honestidad y transparencia, confiando en la madurez de la sociedad civil, compartiendo con claridad la situación y siendo conscientes de lo que está en juego, de los costes que suponen las decisiones hoy o en el futuro. El reto es hacer buenas políticas públicas en tiempos de incertidumbre como los que estamos. Eso requiere visión de estado por encima de ideologías partidistas, comenzando por entender la diferencia entre `frenar y mitigar´ el calentamiento global o `adaptarnos´ al calentamiento global.
Pues el objetivo imperativo si queremos aspirar al futuro en que todos quepamos, es frenar primero y revertir después. Hablar de adaptación al cambio climático es una trampa de desigualdad. Porque serán los estados más poderosos, las personas más pudientes los que evitarán los efectos nocivos, porque almacenarán, legislarán, construirán, se refugiarán o huirán. Mientras tanto los más pobres, se quemarán, se ahogarán, se morirán de hambre.
La cumbre de Glasgow, la COP26 ha estado plagada de gestos y buenas voluntades. Esa es la condición necesaria, porque asumimos que estamos en crisis climática, pero no la buena voluntad ya no es suficiente. La suficiencia pasa por poner en marcha mecanismos de transición climática justa e inclusiva.
El gobierno andaluz ha ido a Glasgow a reconocer que Andalucía es un territorio especialmente vulnerable al Cambio Climático en un ejercicio de circunstancial pragmatismo periodístico, dicho de otra manera, era lo que tocaba hacer y decir porque todos los medios hablan de este asunto, pero dentro de tres días, a otra cosa. El hecho es que se sigue sin reconocer la emergencia climática en Andalucía como primer paso básico en esto de combatir el cambio climático.
El Calentamiento Global exige reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la necesidad de recursos e insumos. Eso se traduce en una desescalada económica que podemos llamar decrecimiento, cambio de modelo productivo, sostenibilidad de la cadena de valor, o X. En cualquiera de los casos no es el nombre lo relevante, sino que es un camino incómodo e inevitable, para el que este gobierno no quiere ni calzarse las zapatillas. Para perjuicio de todos.