Hace unos días, hablaba con unos amigos sobre cosas varias en una terraza. En un momento dado, entre tapa y caña, una de ellas dice: “Pues yo nunca he votado al PP, pero Juanma Moreno lo está haciendo bien. Creo que es un buen presi para la Junta”.
La conversación avanzó en torno a los aciertos y errores que, a nuestro juicio, ha llevado a cabo en los últimos años el actual gobierno andaluz, de coalición entre PP y Ciudadanos y con el inestimable apoyo parlamentario de Vox. Los argumentos que defendían lo que, en opinión de algunos de los contertulios, está haciendo bien el actual ejecutivo en nuestra tierra estaban fundamentalmente basados -pronto lo percibimos el resto- en las informaciones diarias que nos llegan desde el ente público de la radio y televisión andaluza, así como desde otros medios de masas. Y claro, por ahí la cosa comenzó ya a oler una mijita a falta de mirada completa y objetiva del asunto…
El caso es que aquello me dio para bucear un poco en la hemeroteca, no solo de la citada RTVA o de las comunicaciones oficiales de la Junta y medios afines, sino que abrí un poco más el abanico. Y justamente un día después de la tarde de charla política en la terraza leí lo siguiente: «El Gobierno andaluz gastó 300.000 euros entre marzo y junio en alquileres de pisos para 82 altos cargos» (diario Público, 9 de octubre de 2021). Noticias como esta apenas aparecen por aquí, en el sur. ¿Por qué? Al contrario, buena parte de las informaciones acerca prolongan entre la ciudadanía andaluza una imagen complaciente y blanqueada con respecto al presidente de la Junta. Curioso, ¿no? Pues no, de curioso, nanai. Todo muy bien trazado. “¡Pero no pretenderás decirle a la gente lo que ha de pensar y lo que no!”, me dijo otro de los de la charla terracera. Y la respuesta es, por supuesto, que no. Pero sí considero de justicia que cuando se analiza la acción política de una figura pública, se tengan en cuenta todos los elementos de juicio posibles, cuantos más, mejor. De ahí que a continuación expongamos un breve listado de circunstancias recientes y/o actuales sobre las que cuesta trabajo encontrar noticias publicadas en los medios acerca del actual gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por el afable Juanma Moreno:
– La Junta ha anunciado que no va a aplicar en Andalucía la recién aprobada ley de
vivienda, porque los liberales “no intervenimos el mercado” y porque “esa medida no ha
servido en otros lugares de la Unión Europea”. Muchos medios y corresponsales apenas
tardaron en difundir las razones del equipo de Moreno Bonilla para oponerse al gobierno
central (que eso pone mucho a los @juanmers), sin embargo, poco o nada publicaron
sobre las respuestas a semejante anuncio, como las que recuerdan que regular alquileres
y, en general, la vivienda es práctica habitual en casi todos los países europeos, desde
hace varias décadas en algunos casos, y en muchos de esos países, con resultados ya
asentados. O como las que apuntaron al modelo catalán, donde existen medidas de este
tipo desde hace un año y donde han bajado los precios de los alquileres por tercer
trimestre consecutivo un 5% de media, además de haber aumentando el número de
contratos y de que la mayoría de municipios hayan pedido allí mantener la regulación.
*Este asunto no es baladí. Al contrario, alberga una importancia fundamental en el conocimiento de la población sobre el derecho a la vivienda y sobre cómo en España hace ya tiempo que los buitres de la privatización campan a sus anchas. Como en los últimos días han explicado divulgadores en economía social o representantes del estamento político andaluz (como Teresa Rodríguez, diputada en el Parlamento por Adelante Andalucía, o Martina Velarde, secretaria general de Podemos Andalucía), “esos sí son datos oficiales -los referidos a la regulación de los alquileres en Cataluña-. En otras comunidades, como Madrid, emplean datos de portales privados con intereses en el sector (como idealista.com) para decir que allí <<los precios de la vivienda han bajado sin regulación alguna…>>”. Además, cuando en pleno 2021 suena el cansino “los liberales no intervenimos el mercado” no puede menos que asomar una sonora carcajada, porque intervenir el mercado también es construir viviendas mediante promociones ‘públicoprivadas’ en las que el riesgo siempre lo asume lo público y el aumento de los beneficios siempre va para lo privado, sabedores los grandes del sector (privado) de que si se pegan el batacazo no les pasará nada, pues serán rescatados por el erario (público, por si hace falta redundar). Ejemplo, el año 2019: rescate al sector bancario por valor de tres veces los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas juntas, dineral salido del bolsillo de la ciudadanía y que esta probablemente jamás recuperará. “Imaginemos cuántas viviendas sociales se podrían construir con esos 60.000 millones de euros que la banca privada rescatada por el Estado debe a la población”, recuerda Teresa Rodríguez, “e imaginemos cómo se podría ayudar con esas viviendas que se quedó el Sareb, institución creada por el Gobierno de Rajoy para quedarse con los ‘activos tóxicos’ de los bancos”, es decir, para emplear el aval del gobierno (de la ciudadanía) para privatizar la vivienda (con la que luego especulan compañías privadas y fondos buitre) mientras la deuda generada se queda para las arcas públicas.
Eso sí, luego mucho meter miedo con que “los comunistas quieren quitarte tu casa” y demás bobadas, sí señor, y las bobadas siguen rodando a medida que haya gente que las siga creyendo, de manera que quienes sonríen felices de la vida son los que manejan el mercado y las élites privatizadoras, así de fácil les resulta el negocio. Conclusión: sí, los liberales sí intervienen el mercado, siempre lo hicieron, lo controlan, de hecho, con las condiciones que imponen, salvando a la minoría privilegiada a costa de los recursos y el dinero de la mayoría, “una mayoría que con los impuestos paga un 80% de sus nóminas, una mayoría que tantas dificultades tiene para pagar los alquileres, una mayoría entre la que hay miles de miles de estafados y estafadas por las entidades bancarias rescatadas por las propias víctimas”, Teresa Rodríguez, una vez más. El mundo al revés, que tan magistralmente explicara Eduardo Galeano.
Pero volvamos a la lista de situaciones recientes o actuales ocultadas sobre la acción (e inacción) de Moreno Bonilla y la Junta:
-Una ley del suelo a la andaluza que supone “una vuelta al pelotazo urbanístico salvaje y a la venta de la comunidad a fondos de inversión extranjeros”, como alerta Velarde.
-Rebajas fiscales a los 17.000 patrimonios más altos de Andalucía. Es más, siguiendo una de las últimas medidas de Díaz Ayuso en la CAM: rebajas fiscales a familias andaluzas con ingresos anuales de 80.000 euros para que sus hijos puedan asistir a clases de inglés o informática o apuntarse a coles privados. Porque, claro, todos sabemos que las familias con semejantes rendimientos son las que necesitan ese tipo de ayudas. En cuanto a las más desfavorecidas, que se busquen las habichuelas como sea…
-Privatización de servicios públicos.
-Recortes en igualdad y en memoria histórica democrática.
-Recortes en educación a pesar de recibir 384 millones euros para reforzar ese ámbito del
sistema. En paralelo, fomento de la escuela concertada y de la sanidad privada.
-Oposición frontal a propuestas que apoyan la economía social, el cooperativismo, la redistribución de las riquezas o las medidas que buscan reducir (eliminar) la desigualdad.
-Progresiva privatización del INFOCA, de cuya partida inicial presupuestada solo se ha ejecutado el 0,8%.
-Una atención primaria de nuestros centros de salud y de otras entidades colapsada por, entre otras razones, falta de contratación de personal.
-De los 1.000 millones de euros transferidos para ayudas directas para andaluces y andaluzas, solo 50 han sido ejecutados.
-Falta de información absoluta acerca de los 8.500 millones de euros de fondos extraordinarios destinados a reforzar el bienestar de la ciudadanía andaluza. Misma cuestión con respecto a los fondos COVID y europeos, de los que tampoco dicen en qué se está invirtiendo. Eso sí, desde la Junta destacan que “las cuentas presentan superávit”…
-Bloqueo del cumplimiento del acuerdo de financiación autonómica firmado en el Parlamento Andaluz en 2018.
Y así, muchas otras claves que uno/a, si bichea un poco, encuentra, bien a través de medios de información que no le bailan el agua al poder o bien mediante el seguimiento de los datos y fuentes expuestos por diversas corrientes políticas y voces del ámbito socio-económico.
Por todo ello, me pregunto: ¿conoce la opinión pública andaluza lo que verdaderamente hace y no hace el gobierno de la Junta? ¿O llevamos tres años (también ocurría con el gobierno anterior) en los que la información que nos llega al respecto es cada vez más sesgada y parcial? Ante cuestiones como esas resulta siempre importante tirar de reflexión y dejar de lado el sectarismo. De hecho, habrá quien siga pensando en Juanma Moreno como un “buen presi” para Andalucía (lo comprobaré esta noche, que me reúno con los mismos amigos de la otra vez y en la misma terracita). Sin embargo, a tenor de lo que se nos cuenta y, sobre todo, de lo que no se nos cuenta acerca de la acción de su gobierno, un servidor tiene claro que lo que el actual mandamás de la Junta tiene de buen presi es, más bien, poquito. ¿Que por qué? Entre otras razones, y por resumir, porque legisla mucho para favorecer a los de arriba y muy poco para ayudar a los de abajo.
Autoría: Juan Diego Vidal Gallardo. Periodista y escritor moronense. Mirada siempre atenta a la(s) cultura(s), las causas sociales, la diversidad, la igualdad o el colectivismo.