¿La pocilga de Europa?

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El sector cárnico es hoy un complejo entramado del que forman parte la producción de granos y elaboración de piensos, la ganadería industrial y la fabricación de productos cárnicos, pero también son nudos de la trama los agroquímicos -fertilizantes y biocidas-, necesarios para producir esa mitad de la producción mundial de granos que se dedica a la fabricación de piensos para animales, y la industria farmacéutica animal. De modo que cuando nos referimos a las “industrias cárnicas” no aludimos a empresas locales que elaboran productos de charcutería, sino a la fabricación masiva de carne y sus derivados por parte de actores corporativos globales, -imperios alimentarios-, que gobiernan o condicionan de manera importante no sólo consumos sino también imaginarios y políticas públicas.

Como a nivel global, en el Estado español desde finales de los años 50 del siglo pasado y de la mano de los gigantes norteamericanos de los agronegocios se han ido poniendo las bases para desplazar la dieta mediterránea por el modelo alimentario del Norte, “enriquecido” por su alto consumo de carne, que aquí pasó de ser residual a convertirse también en la base de la dieta. Desde entonces la producción cárnica se ha multiplicado por 20, siendo hoy la industria cárnica la cuarta en importancia dentro del Estado, detrás de la automovilística, la del petróleo y la de la energía eléctrica. Es también la primera actividad dentro de la alimentaria.

El consumo de carnes y sus elaborados es hoy el primer apartado dentro de la cesta de la compra alimentaria en el Estado español, con un 22% del gasto total y está cuatro veces por encima de la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud como saludable. Diez veces por encima en el caso de las carnes rojas (ternera y cerdo básicamente) y ocho para la carne procesada.

La hipertrofia de esta parte del sistema agroalimentario globalizado, que funciona para alimentar los procesos de expansión y acumulación de capital y la concentración de riqueza y poder de los grandes imperios alimentarios, tiene unos costes ecológicos y sociales que han sobrepasado con mucho los límites de lo sostenible y de lo tolerable. Según los Informes de la FAO, la ganadería industrial es responsable del 15% de la emisión de gases efecto invernadero, la mayor fuente de contaminación de agua del planeta, el mayor utilizador de suelo (la tercera parte del suelo agrícola) y factor clave en los procesos de deforestación y de pérdida de biodiversidad. Sus grandes requerimientos de bienes comunes como agua y suelo han llevado a nuevos episodios de conquista, captación y depredación de riqueza a gran escala. Como es el caso de la expansión del monocultivo de soja, (más del 80% para elaboración de piensos) que ocupa hoy una superficie equivalente al tamaño de la península ibérica en el corazón de América Latina.

Dentro de las cárnicas, la producción y elaboración de carne de cerdo ocupa un lugar muy por encima del resto; en Europa, casi la mitad. Como otras mercancías generadoras de daños ambientales y sociales, la producción industrial de carne de cerdo se viene trasladando del Norte al Sur, de países como Alemania y Dinamarca a otros más permisivos y más dispuestos a que su población asuma esos daños, de modo que hoy el Estado español es ya el primer productor de carne de cerdo en Europa y el número tres en el mundo, ocupando también el tercer lugar como exportadores. Con cuatro empresas controlando el mundo del porcino: como productoras de carne, El Pozo, Nutreco y Vall Company, que están entre los conglomerados cárnicos más grandes de Europa, y en el procesado Campofrío, grupo líder europeo de elaborados cárnicos. En este mundo, los ganaderos pasan a ser peones a sueldo o “asalariados autónomos” de estas corporaciones alimentarias, poniendo sus instalaciones y su trabajo al servicio del grupo corporativo que les “facilita” los animales, piensos, medicamentos y otros “servicios” a cambio de una remuneración por animal engordado.

En principio fueron Cataluña y Aragón los territorios dentro del Estado donde se localizaron las macrogranjas de cerdos; pero pronto empezaron a advertirse y a hacerse visibles los costes. En 2016 un Informe del Defensor del Pueblo de Cataluña (SINDIC) denunciaba que el 40% de las masas de agua catalanas estaban contaminadas por nitratos. El aumento de la resistencia y la presión social empujaron la localización más al Sur en busca de condiciones más permisivas y costes monetarios más bajos. Hacia Castilla-La Mancha primero y más recientemente a Andalucía.

Las grandes empresas cárnicas han puesto sus ojos en el norte de la provincia de Granada, en el Altiplano Granadino, donde ya hay más de 200.000 plazas, que a una rotación de 2,5 cerdos por año significa el paso de más de medio millón de cerdos anualmente por estos macrocebaderos. Muy cerca de allí, ya estas megagranjas han dado lugar a altercados como el de septiembre último en un municipio de la provincia de Almería, Huércal Olvera, calificado de “desastre ambiental” por Ecologistas en Acción. Con la última gota fría se rompieron seis balsas de grandes dimensiones de purines, con el derrame de miles de metros cúbicos y la consiguiente contaminación de tierras y aguas superficiales y subterráneas, además de la muerte de centenares de animales de la propia granja.

En Dehesas de Guadix, un municipio de 400 habitantes de la Comarca de Los Montes, se puso en marcha en 2018 un proyecto para instalar la que sería la macrogranja más grande dentro del Estado español. El proyecto comprende la construcción de ocho unidades de siete naves cada una para el engorde de unos 150.000 cerdos al año, nacidos en dos municipios: Castilléjar, también en el Altiplano, con una macrogranja de Cefusa-El Pozo ya en funcionamiento para la cría de 600.000 lechones y, La Puebla de D. Fadrique (Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas), con una megagranja proyectada también por Cefusa-El Pozo donde nacerán 550.000 lechones cada año que después de 28 días (con 6-7 kilos) pasarían a otra granja en María (Almería) y 40-45 días más tarde (con 20 kilos) una parte irían a los macrocebaderos de Dehesas de Guadix, donde permanecerían alrededor de cuatro meses. En la mitad de tiempo que en la ganadería extensiva habrán pasado de O a 100 kilos. Con el macroproyecto se crearían 11 empleos. ¿Cuántos se destruirían en la ganadería tradicional?

Pronto se levantó la protesta, empezando por el núcleo de población más próximo a la macrogranja proyectada en Dehesas de Guadix, a 3 km, Cuevas del Campo. Allí se creó en 2018, propiciada por Ecologistas en Acción, la Plataforma Protección Ribera del Guadiana Menor. Con eje central en uno de los afluentes más importantes del Guadalquivir, del que los cebaderos estarían a 200-300 metros, aunque también se verían afectadas las aguas del río Fardes y las de la Rambla Matanza, además de las aguas subterráneas. Integran la Plataforma trece municipios más del entorno también afectados: Zújar, Freila, Bacor, Gorace, Villanueva de las Torres, Alicún de Ortega, Cuevas del Campo, Pozo Alcón, Hinojares y Hueza, Cuéllas, Castrill y Baza.

La Plataforma ha generado un movimiento muy activo en el que las mujeres, como en otros lugares del mundo, vienen desempeñando un papel fundamental en defensa del territorio y del cuidado de la vida de la comarca. Desde su condición de mujeres andaluzas, subalternizadas también como tales, y con una mirada que podría calificarse de ecofeminista, están expresando, como señala Eva Pérez Manzano, portavoz de la Plataforma, el vínculo entre explotación de la naturaleza y ejercicio del poder patriarcal como dos caras del sometimiento de la vida a la lógica de la acumulación.

Multitud de reuniones informativas, entrevistas, artículos, videos y difusión en redes y medios, manifestaciones, concentraciones, reuniones e intervenciones con políticos e instituciones, mesas de trabajo y otras acciones han dado como resultados, entre otros, la paralización del proyecto de la macrogranja en Dehesas de Guadix y de proyectos similares en Zújar y Baza. En el caso del primero, la presión social alimentada desde la Plataforma ha conseguido que los trece ayuntamientos que se reseñaban se hayan declarado en contra, con la excepción, que no es casual, del ayuntamiento de Dehesas de Guadix, el municipio donde se localiza el macroproyecto. Ni el alcalde anterior, del PP ni el actual del PSOE han querido pronunciarse, “limitándose” a “seguir los trámites”. Sobre el posicionamiento “oficial” ante este tipo de proyectos, es interesante señalar que el alcalde de Zújar, miembro del PSOE liderando una corporación gobernada por un tripartito, PP, PSOE e IU, al mismo tiempo que se manifestaba en contra del proyecto de Dehesas del Guadix firmaba una licencia de obras para la construcción de una macrogranja en su propio municipio. Descubierta la maniobra y después de una fuerte presión social, se han paralizado las obras.

Este asalto a los bienes comunes, que forma parte de la ofensiva del extractivismo que el Sur está sufriendo a escala global y que recrudece el papel de Andalucía como área de extracción y de vertidos, está generando como respuesta nuevas formas de resistencia, de movilización y de participación social. Respuestas que ojalá generen espacios de comunidad y formas de sociabilidad con fuerza no sólo para hacer frente a las agresiones crecientes del capitalismo global, sino que permitan también transitar hacia formas más sostenibles y humanas de organizar la vida y de vivir.