Los pozos de la vergüenza

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Hace unos días agricultores y vecinos de la localidad onubense de Lucena del Puerto, impedían el cierre de 77 pozos declarados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. (TSJA)

De los 77 pozos ilegales 66 están dentro del término municipal de este pueblo, el resto, se encuentran muy cerca de la zona y, según algunas fuentes, sus propietarios son del mismo municipio.

Los pozos de la vergüenza fueron declarados ilegales en 2017. Ese año el TSJA dictó auto de cierre. La resolución judicial ordenaba al ayuntamiento de Lucena ejecutar el cierre y, si no lo hacía, debería ser la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, el responsable de llevar a cabo el sellado de los pozos, pasando los gastos derivados de su ejecución al consistorio de Lucena.

Los acontecimientos que sucedieron ese día, presentan varias curiosidades que merece la pena comentarlas.

Una de ellas se refiere al papel de la Guardia Civil y los técnicos de la Confederación Hidrográfica, que eran los encargados de taponar los pozos. Resulta que los agricultores-explotadores “ordenaron a los 50 guardias civiles y a los 10 técnicos que debían abandonar el lugar”. Sin rechistar hicieron caso y se fueron, haciendo dejación de la orden judicial del máximo tribunal andaluz. (¿Se imaginan un desalojo por desahucio y la policía junto con la representación judicial, abandonando el edificio porque los dueños les invitan a dejarlos tranquilos en su vivienda?)

Otra de las curiosidades es la argumentación que ofreció el portavoz de los agricultores-explotadores que, para más curiosidad, ocultó su identidad: “si se cierran los pozos, Lucena se muere”. Esa afirmación es falsa además de demagógica. Los agricultores-explotadores confunden su situación con la de todo el pueblo. Ellos son responsables de dañar gravemente, según todos los estudios, los acuíferos en un entorno natural y protegido, para su provecho y beneficio personal.

La siguiente curiosidad me hace reír, porque la “calidad humana” que sacan a relucir estos empresarios-explotadores del sector fresero, arándanos y frambuesas, cada vez que tocan sus mezquinos intereses, es de lo más llamativo. Anuncian una hecatombe. “Se perderán de 140.000 a 150.000 jornales si los pozos se cierran”, como si a ellos les importara ese hecho. Tratan a la gente trabajadora como a esclavos, los explotan a más no poder durante el tiempo de recogida… y ahora vienen con el cuento de que están preocupados por la pérdida de jornales.

Esos pozos de la vergüenza tienen que ser sellados de inmediato, porque así lo ha determinado el TSJA por mucho que les duela a esa pandilla de explotadores de recursos naturales y explotadores de seres humanos, a los que no respetan y humillan, imponiendo condiciones de trabajo al margen de toda legalidad vigente.

Sus beneficios económicos no pueden estar por encima del respeto a la tierra, a la naturaleza y a los trabajadores y trabajadoras del campo.