No al cierre de las universidades de Almería y Huelva

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Pues sí. Las políticas educativas neoconservadoras han vuelto a mostrar su cara más agresiva en Andalucía. Con la excusa de destinar recursos económicos al pago de los gastos relacionados con la lucha contra la COVID19, el Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, obviamente, con el beneplácito del Presidente, ha eliminado de las cuentas de todas las universidades públicas el remanente de 135 millones de euros. Como en mi día a día no suelo estar muy acostumbrado a manejar dichas cifras y, por tanto, no se exactamente “cuánto es”, o “qué se puede pagar” con 135 millones, he mirado los balances anuales de los centros de enseñanza superior de Andalucía y he descubierto que esos millones representan la suma de la Financiación Básica Ordinaria -la “subvención” que destina la Junta a las universidades- de un año de las universidades de Almería y Huelva. Un paréntesis: si en este caso fueran bancos, autopistas o compañías aéreas, no se diría subvención, se trataría de una “inyección de capital”. Curioso. Cierro paréntesis. Es decir, con otras palabras, más realistas, para las cuentas de la Junta de Andalucía, se han cerrado esas dos universidades públicas.

A continuación, acudí a la web de esa Consejería para conocer algo más al Sr. Consejero. En la misma aparece un pequeño resumen de su amplio currículum. Del mismo me llamó mucho la atención este párrafo: “ha conjugado la investigación con la empresa privada, entendiendo que, en la economía del conocimiento, la producción científica y el crecimiento deben ir de la mano”. ¿Lo entendemos ya? La empresa privada podrá investigar, cooperar en la construcción de esa sociedad del conocimiento, pero eso sí, a la vez se reducen las aportaciones a las principales entidades públicas dedicadas a la generación de conocimiento científico.

Vamos a ver. La educación pública en general, lleva años siendo sometida a ataques procedentes de los sectores neoconservadores. De forma muy breve, sus precursores se preocupan fundamentalmente por dos asuntos que entrelazan la religión con la economía:

– los porcentajes de estudiantes en la enseñanza privada subvencionada y privada no subvencionada son muy bajos, especialmente en las etapas de Bachillerato y Formación Profesional. Esto lo tienen que arreglar. Y lo están haciendo. En Andalucía en este año, después de décadas manteniendo un 75% de sus estudiantes en la pública, esa cifra ha empezado a disminuir. Ya vamos por el 73%. Y siguen descendiendo. ¿Cómo lo consiguen? Regalando suelo público para los centros públicos concertados, devaluando las condiciones laborales de los docentes públicos, o haciendo oídos sordos ante las demandas de nuevos colegios públicos.

– la religión católica está desapareciendo de las escuelas públicas porque cada vez hay menos estudiantes que la eligen. Las cifras oficiales demuestran que conforme se avanza en el sistema educativo, los porcentajes se reducen llegando en el Bachillerato a ser muy minoritario. Solución: que la nota de esa asignatura “cuente” igual que cualquier otra para Selectividad o becas. Resultado: por primera vez desde la aprobación de la LOGSE en 1990, el porcentaje de alumnos y alumnas que se apuntan “libremente” a Religión ha empezado a subir.

Pero esta corriente ideológica tiene también sus “perlas” guardadas para la Universidad. De todas ellas, por cuestiones de espacio, solo nos podemos centrar en una idea que ha conseguido traspasar los poros de la ciudadanía: “hay demasiadas universidades y/o estudiantes universitarios”.

Este es uno de los bulos, o noticias falsas que circulan profusamente por todos sitios. En educación hay muchísimos, incluso repetidos por “autoridades educativas”. Sin embargo, curiosamente, observamos que, en todo el Estado, llevamos veintidós años sin abrir una universidad pública. La última fue la Politécnica de Cartagena. En estas dos décadas solo se han abierto privadas. Diecinueve en total, de las cuales, seis pertenecen de forma evidente a la Iglesia católica y cuatro más, son “no presenciales”.

Esas mentiras se desmontan fácilmente. Pero para ello hay que usar las cifras oficiales. Son difíciles de obtener y no suelen aparecer en los medios. Estos datos demuestran que el porcentaje de estudiantes universitarios en España, con relación al grupo de edad entre 19 y 24 años (31,6%), es prácticamente el mismo que la media de la UE (30,6%). Y se mantienen a pesar de los recortes en ayudas y becas, y al incremento de las tasas universitarias. Es decir, gracias al enorme esfuerzo económico que están realizando las familias aquí se consigue que mantengamos este nivel europeo. (Education at a Glance 2019: OECD Indicators – © OECD 2019. Tabla B1.2).

E incluso, el informe citado de la OCDE demuestra que el porcentaje de población española entre 25 y 65 años con un nivel de formación de educación superior (37,3%) es también parecido a la media de la UE23 (35,6%). Habida cuenta, además, que la crisis económica de 2008 ha supuesto un incremento del nivel de estudios en las generaciones jóvenes y de su demanda. Efectivamente, a pesar de que la población española entre 18 y 27 años ha disminuido más de un 20% en estos diez últimos años, la población universitaria ha aumentado casi un 5%.

Y, por no extenderme con más números, nos encontramos con el pretendido “enfrentamiento” entre Universidad y Grado Superior de Formación Profesional. Al descrédito de las enseñanzas universitarias y a los recortes de su financiación, se acompaña un merecido elogio a los grados profesionales que, por supuesto, comparto. Ahora bien. Esa campaña tiene truco. Mucho cuidado. Si la promoción de esos niveles se le adjuntara un incremento de la oferta pública, bienvenida sea. Pero en Andalucía no está sucediendo esto, porque el número de estudiantes en los centros privados en FP Superior -un 28% del total- se incrementa cada año considerablemente por falta de plazas públicas.

Estos años de zozobra se han aprovechado para cercenar aún más la financiación de las enseñanzas universitarias públicas en Andalucía. Este gobierno ha aprovechado la pandemia para colar un recorte que, sin duda, estaba previsto desde el minuto uno, cuando llegaron al poder. Una medida que viene a confirmar que en el ámbito educativo llegan aires “rectificadores”, de cara a convertirnos en el laboratorio de las políticas neoconservadoras para el segundo cuarto del siglo XXI, tomando el relevo de la Comunidad de Madrid.