No pasarán

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«No pasarán» fue nuestra consigna en las elecciones del 23J y lo hemos conseguido: esta vez, no han pasado. La derecha extrema y la extrema derecha han sido derrotadas democráticamente en las urnas. El voto progresista se movilizó, a última hora y contra el pronóstico de las encuestas, por temor a una involución que nos haría retroceder a la época de las cavernas. Es preocupante que VOX, un partido anticonstitucional, que pretende cargarse el Estado de las Autonomías, se haya colado en cuatro gobiernos autonómicos. Hemos reaccionado tarde, pero a tiempo. Lo importante es que las derechas no han conseguido en las elecciones generales la mayoría absoluta que necesitan para gobernar y hacer lo que mejor saben: defender los intereses de las grandes fortunas, bajar impuestos y privatizar los servicios públicos para convertirlos en lucrativos negocios privados. De momento, podemos respirar tranquilos, pero sin confiarnos, porque siguen ahí.

El movimiento memorialista ha contribuido a frenar el avance del Partido Popular y de VOX, que amenazaban con derogar la Ley de Memoria Democrática y poner fin a los derechos y conquistas sociales, logrados en los últimos años. Ahora, es necesario reeditar el gobierno de coalición en el Congreso, en el que Andalucía sigue sin tener voz propia, mientras que los partidos catalanes vuelven a ser decisivos. Los andaluces tenemos que aprender de los catalanes a defender nuestros intereses, si es que queremos salir del subdesarrollo y ser respetados como pueblo.

Necesitamos un gobierno de progreso que se comprometa a dar un nuevo impulso a la Ley de Memoria. Esta ley es fundamental para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para familiares y víctimas del franquismo. Es urgente activar los protocolos y normativas que permitan aplicar la Ley de Memoria, tal y como exige la legalidad internacional. No olvidemos que sin memoria no hay democracia.

El nuevo gobierno progresista que salga de las urnas tiene que escuchar al Comité contra la Tortura de la ONU, que ha vuelto a recomendar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, para poner fin a la impunidad del franquismo. Es impropio de un Estado de Derecho que el Tribunal Supremo utilice esta ley preconstitucional para impedir que los jueces levanten acta de las exhumaciones e investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura.

En Andalucía, la derecha no se ha atrevido todavía a derogar oficialmente la Ley de Memoria de 2017, consciente del amplio apoyo popular que tiene, pero ha congelado la aplicación de esta ley y, al mismo tiempo, ha lanzado una pretendida Ley de concordia, que no es otra cosa que un caballo de Troya contra el movimiento memorialista andaluz.
Hay que recordar, una vez más, que Andalucía es la comunidad autónoma con más desaparecidos del franquismo. En 20 años, han sido exhumadas casi 5.000 víctimas, la mayoría en las fosas de Málaga y Pico Reja (Sevilla), y todavía nos quedan por exhumar a 43.724 andaluces, que siguen desaparecidos en fosas comunes, según datos oficiales de la Junta. Y entre los desaparecidos, Federico García Lorca, nuestro poeta más universal, y Blas Infante, padre de la patria andaluza, que se han convertido en símbolo de la represión franquista.

Por todo ello, hay que reclamar más recursos técnicos y humanos para los equipos de arqueólogos, comprometidos con la memoria histórica que, a pesar de los escasos medios, están realizando una labor admirable.

Considero además prioritario que la memoria democrática entre en el sistema educativo andaluz, para contrarrestar el discurso negacionista y equidistante de la extrema derecha. Sólo así conseguiremos que nuestros jóvenes estén informados y no puedan ser fácilmente manipulables por la propaganda de partidos neofranquistas como PP y VOX.

Nuestros estudiantes deben conocer que la Segunda República quiso traer igualdad y justicia social, lo que provocó la conspiración de militares golpistas y de las clases dominantes, que apoyaron el golpe por temor a perder sus privilegios. Deben saber también que el golpe de estado de 1936, contra el orden constitucional, fracasó por la defensa que el pueblo hizo de su República. Y que Franco no habría ganado la guerra, sin el apoyo militar de los dictadores Hitler y Mussolini, corresponsables del genocidio. Prueba de ello es la masacre conocida como La Desbandá, en la carretera de Málaga a Almería, el mayor crimen de guerra contra población civil indefensa, del que fueron responsables legionarios y regulares, los nazis alemanes de la Legión Cóndor y los fascistas italianos del Corpo Truppe Volontarie. Por cierto, la placa que que rinde homenaje en Málaga a las victimas de La Desbandá ha sido destrozada en un acto vandálico que lleva la firma de la extrema derecha. Agresiones cada vez más frecuentes, desde la aparición de VOX.

Y deben saber, por último, que el genocidio franquista, durante y después de la guerra, fue planificado para exterminar a quienes defendían la legalidad democrática.