En estas entradas vamos a hablar de nuestra economía, de la economía andaluza. Nos parece que tiene su interés, ¿verdad?, aunque parezca todo lo contrario, dado el nivel informativo y de debate existente sobre nuestra realidad socioeconómica. Bucearemos en las secciones de «economía» de la prensa andaluza e intentaremos no ahogarnos entre tanta propaganda empresarial. Lo haremos, como todo el mundo, en aras de la información ciudadana y el servicio público. Claro.
Comenzamos.
Andalucía en los “indicadores urbanos”
Los datos de la estadística ‘Indicadores Urbanos 2022’ muestran que en el ranking de los diez municipios del Estado con mayor tasa de desempleo estimada en 2021, ocho son andaluces. Lidera la tabla Linares (30,9%), seguido de La Línea de la Concepción (30,3%), Alcalá de Guadaíra (26,9%), Jerez de la Frontera (26,00%). Tras el canario Santa Lucía de Tirajana (26,01%), aparecen de nuevo localidades andaluzas: Granada (25,8%), Dos Hermanas (25,1%), Córdoba (25%), Algeciras (24,9%), para cerrar la lista de diez municipios el también canario Arrecife (24,84%).
En los diez puestos siguientes también aparecen otros municipios andaluces, como Sanlúcar de Barrameda (24,8%), Chiclana de la Frontera, también en Cádiz (24,5%), Torremolinos, en Málaga (24,3%), o San Fernando, en Cádiz (23,67%).
Ya en lo referido a los municipios clasificados por renta media anual por habitante en 2019, Níjar, en Almería, aparece como el último de la tabla, con 7.097 euros, seguido del también almeriense Vícar (7.634 euros), el sevillano Los Palacios y Villafranca (8.054 euros), el gaditano Barbate (8.126 euros) y el malagueño Alhaurín el Grande (8.188 euros).
Más municipios andaluces aparecen a partir del séptimo puesto, donde se sitúa Isla Cristina, en Huelva (8.255 euros), seguido de Sanlúcar de Barrameda en novena posición (8.286 euros).
Los datos son los datos. ¿Qué significa eso? Que muestran, pero también esconden. Por ejemplo, muchos pueblos en los que la emigración ha sido muy elevada en las últimas décadas la tasa de desempleo no es alta. Normal, no hay gente. En próximas citas hablaremos de la emigración andaluza actual. Que existir, existe.
Abengoa pide dinero al Estado
El plazo para que la SEPI apruebe o deniegue el rescate de Abengoa termina el 30 de junio. El presidente de la compañía, Clemente Fernández, se aferra como motivo esencial la españolidad de la empresa para justificar la aportación de dinero público. Estos “neoliberales” le piden al Estado 240 millones. En declaraciones a Canal Sur Radio, Fernández ha explicado que «buscamos una solución políticamente aceptable para que el gobierno financie a Abengoa y esta siga siendo andaluza y española (…)”.
En las grandes empresas, la apología del libre mercado, del (neo)liberalismo o la crítica al Estado y sus subvenciones terminan cuando piden, solicitan o chantajean su ayuda. En ese momento, florece el patriotismo, la españolidad y lo que haga falta.
Cepsa en Andalucía
Cepsa, primera empresa en Andalucía por volumen de facturación, destinará un 60% de la inversión de 8.000 millones lo que denomina “plan de giro verde» en Andalucía. Para invertir esos 5.000 millones de euros, con procedencia pública a través de fondos europeos, necesitará mano de obra andaluza, lógicamente. Ese empleo, le servirá a Cepsa, y a otras grandes empresas multinaciones, para justificar el uso de nuestro territorio para implantar un modelo de energía renovable donde los intereses de grandes capitales alejados de nuestra tierra desean controlar la energía en un futuro.
Cepsa quiere instalar plantas para la producción de hidrógeno verde en sus centros industriales andaluces, en Huelva y Campo de Gibraltar. Desde ahí quiere desarrollar el negocio de importación de hidrógeno y exportación de Europa. Respecto a los biocombustibles, sus centros industriales de Andalucía se están transformando en supuestas “biorrefinerías”. Para 2030, Cepsa desea convertirse en proveedor de referencia de combustible sostenible para la aviación. Maarten Wetselaar, consejero delegado de Cepsa, indica que Andalucía “ha sido una región destacada para Cepsa, pero en la nueva estrategia Positive Motion lo será aún más al convertirse en el corazón de nuestra actividad.”
Por tanto, para la multinacional Cepsa, Andalucía se convierte en una “región” esencial para ganar dinero. Todo revestido de verde, con “biorrefinerías”, hidrógeno o macroplantas solares, de las que hablaremos en otra ocasión.
Loyola, Osborne, Covap y Dcoop: formación única
Dotar al sector agroalimentario andaluz de especialistas en la dirección de empresas de alimentación y bebidas con perfiles profesionales que el mercado laboral actualmente no oferta es el principal objetivo del convenio que este lunes firmaron la Universidad Loyola, el grupo Osborne, Covap y Dcoop. Una universidad privada, un grupo empresarial con solera, y dos grandes cooperativas (¿cooperativas?) se unen para poner en marcha el denominado Máster in Management de Empresas de Alimentación y Bebidas de la Universidad Loyola, unos estudios de posgrado se impartirán a partir de octubre en el campus de la universidad privada en Sevilla.
Las noticias de los medios (corta y pegas de la nota de prensa empresarial) indican que el claustro estará compuesto por profesionales procedentes del sector, tanto de Covap, Osborne y Dcoop como de otras compañías referentes, así como académicos especialistas en diferentes materias.
Esta noticia nos indica la clara convergencia existente en la gestión de una empresa privada como Osborne y empresas cooperativas capitalistas como Covap o Dcoop. Y no sólo en la gestión, sino en sus métodos de participación, venta y “recursos humanos”. Este tipo de compañías nada tiene que ver con el imaginario cooperativo de democracia económica, reparto y autogestión por parte de las personas de sus iniciativas productivas y económicas.
Cooperactiva: actividad ejemplar a pesar del gobierno
Ese imaginario colectivo y realidad social sí existe en «Cooperactiva», un proyecto que surge en 2016 como consecuencia del cierre del Complejo Municipal de Piscinas de Puerto Real y el despido de su plantilla. Las personas trabajadoras decidieron organizarse y comenzar un proyecto para recuperar el servicio y los empleos perdidos (alrededor de 20). Para ello crearon una cooperativa de trabajo asociado y en julio de 2018 lograron la adjudicación del servicio por parte del Ayuntamiento.
Una vez superada la pandemia, con la colaboración financiera de Coop57, cooperativa de finanzas éticas y solidarias, la situación se ha vuelto más complicada por el enorme aumento de costes provocado por el aumento de precios de la energía. Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, se encuentra «hacer una instalación limpia, eficiente y no contaminante con la instalación de placas térmicas y fotovoltaicas para reducir el consumo eléctrico y de gasoil.» (así se indica en un informe interno al que hemos tenido acceso). Para ello no le piden dinero a la administración pública, como hacen los neoliberales responsables de Abengoa, sino tan sólo solicitan que se desocupen, por parte de una empresa municipal, los techos de la piscina cubierta. Este es el único espacio del que podrían disponer para instalar placas solares. Sin embargo, a día de hoy, no ha sido posible.
A pesar de seguir buscando alternativas, no existe voluntad política para modernizar una instalación que aunque esté concesionada, sigue siendo municipal y pública, además de ser la que más contaminación genera por el tipo de maquinaria que tiene. Es un ejemplo de como actúa la administración pública con la experiencias de economía social transformadora. No sólo no hay ayudas o políticas de fomento, si no que más bien lo que existen son trabas a su desarrollo.