Querido Alberto

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Permíteme que te tutee aunque no nos conozcamos, ni hayamos coincidido nunca. No obstante, dado que a partir de ahora vamos a trabajar en lo mismo (la protección de las personas consumidoras y usuarias), creo que el trato cercano está justificado a pesar de tú ser ministro y yo funcionario de la Junta de Andalucía.

En los 15 años de servicio activo en la Administración de la Junta de Andalucía, 12 de ellos han sido en la Dirección General de Consumo. He conocido jefes y jefas del PSOE, de IU y del PP. Por eso me gustaría comentarte algunas cosas sobre tu nuevo trabajo por si te pueden servir para desempeñarlo mejor, en la confianza de que eso redundará en beneficio de la ciudadanía.

Siendo sincero, la existencia de un Ministerio de Consumo la valoro positivamente. Durante los últimos 40 años las políticas de consumo no han gozado de entidad propia y ello, créeme, se ha notado. En Andalucía unas veces han estado en la Consejería de Salud, otras en la de Gobernación, otras en Administración Local, otras en Comercio, otras en Trabajo… Si, al menos, hubiésemos dispuesto de un instrumento como una Agencia Andaluza de Consumo, hubiéramos gozado de cierta autonomía o permanencia. Pero no ha sido así, y la protección de las personas consumidoras ha quedado con frecuencia a la sombra de auténticos gigantes como Salud. Por eso, que en el Estado vaya a haber un Ministerio exclusivo para consumo, en principio, es una buena noticia.

Ahora bien, no te engañes (o mejor, que no te engañen). Hay una serie de cuestiones fundamentales que deberás tener en cuenta para que tu ministerio no sea una mera fachada de cartón piedra. Se trata de cuestiones logísticas, competenciales y ejecutivas. Vayamos por partes:

En primer lugar están los aspectos logísticos, administrativos o de intendencia. Verás, no tengo motivos para dudar de tu buena voluntad y de las ideas que te estarán rondando por la cabeza y que querrás llevar a cabo. En más de una ocasión he visto como los políticos (algunos de tu mismo partido) pretendían sacar adelante medidas estupendas que se estrellaban contra el muro de la burocracia administrativa. Y es que, para empezar, deberás saber con qué herramientas cuentas para llevar a cabo los proyectos. Necesitarás una sede, personal funcionario suficiente y cualificado y partidas presupuestarias que te permitan, al menos, empezar a andar. Necesitarás, quizás, gestionar mudanzas (tienes la ventaja de contar con las dependencias concentradas en la calle Príncipe de Vergara pero es que ahora se trata de todo un Ministerio). También deberás dotarte de una serie de servicios comunes sin los cuales no podrás funcionar (seguridad, limpieza, informática, legislación, contratación, presupuestos, asesoría jurídica, registro, etc.). Ello supondrá, además, una modificación de la relación de puestos de trabajo y, necesariamente, la llegada de nuevo personal porque, como pretendas gestionar con el escaso personal actualmente existente, lo llevas crudo. Eso sí, otra ventaja es que el personal, aunque escaso, tiene una enorme experiencia, formación y capacidad de gestión, desde el Director General, hasta el personal administrativo y ordenanza, pasando por las Subdirectoras y jefas de servicio. Confía en ellos porque son un pilar fundamental de la casa. Pero, o te dan dinero y más personal o, lamentándolo mucho, vas a tenerlo muy complicado (por no decir que se estarán riendo de ti).

En segundo lugar, deberías tener claro el ámbito competencial, tanto material, como territorial, de tu nuevo ministerio. Materialmente es cierto que el Derecho de Consumo tuvo su origen en el ámbito de protección de la salud, especialmente de la salud alimentaria. Pero esto es el pasado y corresponde a otras instancias (Sanidad, Agricultura, etc.). Hoy por hoy los conflictos en materia de consumo versan sobre servicios básicos: energía, telefonía, finanzas, agua, transportes, etc. Es ahí donde debería centrase la acción de tu ministerio. También es importante que no desconozcas la distribución territorial de competencias en un Estado compuesto como el autonómico. La defensa de los derechos de las personas consumidoras es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general que corresponde al Estado, eso sí. En Andalucía tenemos nuestra propia Administración de consumo, con sus delegaciones territoriales, sus inspectores, sus normativas reguladoras de las distintas materias, sus procedimientos sancionadores, sus procedimientos de reclamación, etc. Es necesario conocer esta realidad y respetarla para evitar choques innecesarios. El flamante Ministerio de Consumo, en cambio, no cuenta con inspectores, ni tramita reclamaciones, ni suele imponer sanciones. Su labor (la de la Dirección General) viene siendo normativa básica o supletoria, y de cierta coordinación y fomento de la cooperación. Pero con los medios y el personal del que dispone demasiado hace, la verdad. A todo esto hay que sumar la Administración Local que, en Andalucía, tiene competencias propias en materia de consumo y que necesita urgentemente financiación.

Llegados a este punto puede que te preguntes si es posible hacer algo útil en ese nuevo ministerio. Yo creo que sí, siempre que lo doten de medios y que tenga claro cuál es su competencia. Por ejemplo, un ámbito fundamental debería ser la producción normativa. Es necesario llevar a cabo una serie de transposiciones de normas europeas. También es importantísimo (y me sorprende que nadie lo diga) la regulación de los Servicios de Atención al Cliente retomando el proyecto de 2011. Aquí habría que regular la gratuidad del servicio, reducir el plazo de respuesta, imponer un servicio permanente y presencial a las empresas que prestan servicios básicos, eliminar los mecanismos automatizados, etc.

Otra cuestión de la que debería ocuparse tu ministerio es de reformar el Sistema Arbitral de Consumo, que sí es competencia del Estado: regular un procedimiento más sencillo, adaptar la organización territorial al Estado autonómico, garantizar una financiación adecuada y mediante transferencias, reducir las ofertas públicas de adhesión limitadas, estudiar el sometimiento obligatorio de las empresas que utilizan el dominio público, son concesionarias o prestar servicios básicos, etc.

Otras cuestiones ya te las han apuntado: ejercitar acciones judiciales en defensa de las personas consumidoras, analizar la posibilidad de ejercer la potestad sancionadora, consolidar el Centro Europeo del Consumidor, promover la creación entidades sectoriales de resolución alternativa de litigios, consolidar un verdadero movimiento consumerista, así como evitar que otros ministerios regulen materias que nos afecten las Administraciones de consumo sin, al menos, tratarlo previamente con el tuyo.

En fin, tienes una ardua tarea por delante. Te deseo lo mejor aunque, repito, sin más dinero, más medios y más personal no será posible, y el Ministerio de Consumo será, como decimos aquí, como el que tiene un tío en Alcalá, que ni tiene tío, ni tiene na.

Un cordial saludo.