Llevan bastantes días los agricultores con sus movilizaciones a lo largo y ancho del territorio español, reclamando mejoras para su sector. Esas movilizaciones están convocadas por las organizaciones agrícolas y empresariales. Especialmente: ASAJA, COAG, UPA y alguna que otra asociación de cooperativas.
Algunas reclamaciones son de una justicia nada discutible. Quizás la que resulta más conocida y la más fácil de comprender es, la de que los precios de los cultivos que se producen en las fincas por parte de las empresas agrícolas, deben tener un valor justo y acorde con la calidad del producto. Esa es la “Razón” a la que se hace referencia en el título de este artículo.
En el contexto de las movilizaciones están apareciendo argumentos que distorsionan o falsean la realidad. Se ha dicho en más de una ocasión y por más de algún representante de la patronal que la subida del Salario Mínimo Interprofesional repercute negativamente en los costes de sus actividades. Esas afirmaciones distan mucho de la verdad. Las relaciones laborales, sociales y salariales que regulan los trabajos en las faenas agrícolas, están sujetas a los Convenios Provinciales del Campo. No existe ni un solo convenio del campo en territorio andaluz, cuyos salarios estén supeditados al SMI. Cada convenio tiene su tabla salarial, que establece el salario correspondiente a las distintas faenas que se desarrollan en el marco territorial donde va a ser aplicado. Y los artículos que aparecen en los distintos convenios y que se refieren a conceptos salariales, ninguno de ellos, tienen su referencia en la subida del SMI.
De modo que es absolutamente falso mezclar la subida del SMI con subidas salariales en las faenas agrícolas y por tanto responsable del aumento de los costes empresariales en sus respectivas actividades. Pero aunque así fuera, hay que defender con toda firmeza que el mismo valor moral y de justicia debe tener la defensa de unos precios justos a los cultivos que producen los agricultores, que los salarios y que estos tengan también, el valor real y justo al tipo de trabajo y en las condiciones que se desarrolla.
Después de la “Razón” viene la “Legitimidad” de quienes reclaman esos derechos que son de justicia. Aunque voy a referirme casi exclusivamente a lo que ocurre en Huelva y más concretamente a las zonas donde se cultivan los llamados frutos rojos, no debemos olvidar que idénticas situaciones están también presentes en Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla.
En estas zonas del campo onubense y según los informes que se dan a conocer anualmente por parte de las propias asociaciones empresariales, los resultados económicos son muy buenos, por no decir extraordinarios. Esos importantes beneficios, se obtienen principalmente de tres elementos. Uno, de la propia venta de sus cultivos. Otro, de las subvenciones públicas y el último, por el trabajo que realizan en los tajos la gente trabajadora que hacen la faena de recolección y que genera plusvalía.
En estas zonas de producción y recolección de fresas, frambuesas o arándanos, se viven condiciones sociales y laborales que ya he denominado en más de una ocasión como “zonas de trabajo en régimen de semi-esclavitud”. El relator de la ONU, después de su visita y posterior informe también lo ha considerado así.
No hay una sola empresa del sector agrícola onubense que se dedique al cultivo de estas frutas, que tengan a bien cumplir íntegramente con el convenio del campo. Es decir, la legalidad laboral que ellos mismos firman junto con UGT y con CC.OO., la convierten en papel mojado. Las llamadas “viviendas” que ofrecen son lugares donde cualquier ser humano no debería hacer su vida diaria. No hay agua potable. No hay Luz. No hay nada. Hacen que en los tajos la gente se sienta humillada. Las amenazas de despido son el pan nuestro de cada día. La imposición de rendimientos de trabajo personales marcan el día a día y concluyen en “mañana te quedas en casa porque no coges los kgs que te mando recoger”, o “como te pille orinando otra vez ya no vuelves a trabajar en mi finca”. Y unido a todo ello, la explotación y los abusos sexuales que ya se vienen denunciando por parte de las mujeres inmigrantes, sin que nadie haga algo para detenerlo.
A estas empresas, a estos empresarios, sean grandes, medianos o pequeños agricultores, no les podemos legitimar en sus reclamaciones. Dicen que les roban dinero de lo que ellos producen, pero ellos roban derechos y dignidad a la gente jornalera e inmigrante que contratan y a quienes así actúan no se les puede acreditar su legitimidad para hacer reclamaciones.
Soy contrario a arrimarme a esta gente en sus reivindicaciones. Soy contrario y defiendo a su vez que no se debe subvencionar con fondos públicos a los que maltratan y explotan a jornaleros e inmigrantes. No hay que asignar ni un solo euro, venga de Bruselas o de cualquier organismo público a esta gente. Ellos no merecen recibir ayudas públicas.
La otra vertiente, que ya resulta más que evidente, es el carácter político, en contra del actual gobierno, que han tomado las movilizaciones. Ni es verdad que la actual situación del sector agrícola sea responsabilidad de este gobierno, ni tampoco puede creerse nadie que las producciones de cultivos agrarios y sus precios bajos, hayan surgido con la formación del nuevo gobierno de coalición.
De modo que pocos mimbres tienen estás movilizaciones por las cuales deban ser apoyadas, mientras sus protagonistas: (ASAJA, COAG y UPA) amparen, callen o sean responsables directos, de lo que sucede en sus propias fincas o en las de sus asociados con la gente trabajadora.