A raíz de las declaraciones de uno de los vicepresidentes del gobierno de España, Pablo Iglesias, sobre la necesidad de que los movimientos sociales deberían ser más activos que nunca y presionar y vigilar a los gobernantes, he pensado en mejor que hacer estos llamamientos deberían practicar con el ejemplo y dejar de poner palos en las ruedas de las entidades que no están bajo el paraguas de un partido político, ni sirven más que para completar fotos. De otro lado, también hace unos días, los fascistas de Vox han pedido la derogación, sin más, de la ley de Memoria Histórica de Zapatero y la sustitución de la andaluza por una nueva, llamada de Concordia, cuya mayor novedad es recuperar el apelativo de caídos tan del gusto de los golpistas y la dictadura franquista.
A medida que tenemos mayor perspectiva vemos que una de las primeras grietas que se abrieron en el panorama político, institucional y social del que llamamos Régimen del 78 fue precisamente la aparición de lo que ha sido el movimiento por la Recuperación de la Memoria histórica. Nacido desde la más completa autonomía, a pesar, o quizás por ello, de la presencia de viejos militantes de las organizaciones, como el PSOE y el PCE, firmantes de los acuerdos de amnesia y silencio de la Transición. Una vez que el memorialismo comenzó a articularse, comenzaron también a tomárselo en serio y se iniciaron las tareas, tan viejas y conocidas, como la infiltración o el asalto de sus asociaciones. Incluso la creación de propias entidades para ocupar espacios. En Andalucía estamos curados de espanto.
Pero sobre todo comenzó el camino para desmontar su presencia pública y capacidad de acción. El primer gran paso fue la ley de Zapatero. Una vez más, como la historia lo enseña, se utilizaba la palanca de la juridicidad para desmantelar actuaciones no controladas o que se mostraban “díscolas”. Las leyes siempre han sido un buen terreno de juego para no hacer frente a los problemas y atacar al adversario. Ocurrió durante la Segunda República, como denunció el abogado republicano federal Eduardo Barriobero, y ocurre hoy día por parte, ahora, de las derechas en sus tres facetas. Ninguna ley hacía falta, ni hoy, para llevar a cabo las demandas del memorialismo. Sólo la voluntad política de llevarlas a cabo o, al menos, tener la misma voluntad que la que se tiene para reducirlo al juego legislativo. Terreno en el que la actividad pública de la sociedad tiene todas las cartas para perder o ser manipulada.
A partir de entonces, la actividad de la izquierda parlamentaria, incluyendo como tal al PSOE ya que si alguna seña de izquierdismo le queda a ese partido, otra cosa son muchos de sus militantes y, más aún votantes, es la Memoria Histórica, se dirigió a controlar y reconducir al movimiento memorialista. De grado o de fuerza, con convencimiento o sin él. Hasta llegar a la ley andaluza que dejaba en manos de la Administración todo el poder en los asuntos más importantes como el de las exhumaciones. Para ello no se dudó, además, en poner en pie un gigantesco aparato burocrático que redujo a la práctica paralización las actuaciones. Se ha dado la paradoja, y originado grandes lamentaciones y acusaciones al bifachito, de que, incluso las aprobadas tras pasar por el calvario administrativo y la decisión administrativa política, que no fuera hasta la ya no tan nueva administración cuando se pusieron en marcha las aprobadas por la anterior.
Ahora, el fascismo tiene poder de veto administrativo y la reacción que pedía Iglesias será más complicada. Por lo menos en Andalucía y en este campo. En especial si se tiene en cuenta que la oposición de izquierda no parece haberse dado cuenta que no va a ser con la utilización partidaria y electoral como se va a levantar el muro que detenga la fascistización de una sociedad educada bajo la dictadura heredera del golpismo terrorista de 1936 y una democracia en la que, como dijo un ministro, era tonto el que no se hiciera rico. Indicando así el camino a seguir y el principal molde en el que fundir la sociedad.
Si de verdad se quiere que la sociedad empuje a unos políticos que se miran cada vez más en el espejo de las décadas pasadas, lo mejor que podían hacer es comenzar por apoyar a los pocos lugares en los que aún continúan vivos pasados activismos, dejar de utilizar de forma partidaria –tanto organizativa como económicamente- su situación administrativa. La administración no es propiedad de nadie sino del conjunto de la sociedad y como tal deben de utilizarse sus recursos. Quizás sea un sueño, pero bueno, por expresarlo…