Iniciado el debate del proyecto de ley de eutanasia en el Congreso de los Diputados, han aparecido, como era de prever, las posiciones más brutales y farisaicas que desde la derecha pueden darse. De eso trata este artículo.
La postura más brutal
La postura más brutal que ha manifestado el portavoz del Partido Popular ha sido la de considerar que la Ley de eutanasia pretende en realidad una abaratamiento de los costes, puesto que una vez fallecido el paciente ya deja de suponer un gasto para la sanidad pública. Tremenda desfachatez y brutalidad sólo puede salir de la mente y del discurso de un partido que lleva esa idea brutal de desconsideración humana y de consideración utilitarista de la propia vida…
Sería lo mismo que decir por parte del Partido Popular que no se pueden sostener las pensiones y que necesariamente la gente tiene que vivir en la miseria porque así, lógicamente, morirá antes y dejarán de suponer un gasto público para el sistema de pensiones del país. Sin embargo, fíjense, algo parecido dijo la directora del FMI cuando planteó que el aumento de la expectativa de vida, cercana a los 80 años, estaba suponiendo un problema económico para las administraciones y que era necesario privatizar los sistemas públicos.
La postura más farisaica
Pero la postura más farisaica, es la que sostiene una confrontación del derecho a recibir una atención digna en la enfermedad y, por lo tanto, a unos cuidados paliativos adecuados a la fase terminal de la vida, en la cual los pacientes no han de sufrir innecesariamente el dolor y la amargura de ese trance… confrontar ese derecho, que debe brindar la sanidad pública, con el derecho que las personas libremente tienen también a gestionar cómo ha de ser el final de sus vidas.
Como si el derecho a los cuidados paliativos y el derecho a la muerte digna en la eutanasia fueran dos derechos enfrentados, cuando son dos derechos que tienen las personas y que, por lo tanto, no se puede sustraer uno a expensas del otro ni viceversa.
La postura más invasora
Están, también, quienes haciendo valer una presunta responsabilidad profesional de atender a los pacientes en su enfermedad hasta lo que científicamente resulte posible, ponen este argumento para llegar al extremo de lo que hemos venido en llamar muchas veces el ensañamiento terapéutico o la manera abusiva de tratar con medicación o tecnología lo que no tiene ya solución alguna. Y ello a expensas de un sufrimiento innecesario para las personas.
Es absurdo confrontar el derecho de un profesional a realizar su función cómo ética y científicamente le corresponde, con el derecho de un paciente a gestionar el último trance de su vida, lo que supone su forma de morir o su llegada a la muerte, el final de su vida, por no decir su vida libre al completo. Son dos derechos respetables ambos, pero que por encima de ambos está el derecho de las personas a gestionar libremente su propia vida y este derecho que es individual no puede verse afectado o intrusado por la moralidad, la ideología o los criterios que un profesional pueda tener en el momento justo en que la persona está en esa fase final de su vida y, mucho menos, cuando el paciente ya ha dejado dicho eso en su testamento vital, o a través de su familia, o por la propia evidencia de lo que su cuerpo manifiesta en una situación límite, que ya no hay otra salida que una muerte digna.
La postura más contradictoria
Finalmente, lo que resulta más paradójico, más contradictorio, es ver cómo aquellos sectores sociales y políticos conservadores que están por la disminución de los recursos para la sanidad pública y, por tanto, también para los servicios sanitarios inherentes a los cuidados paliativos, que sean esas personas y esos sectores sociales y políticos conservadores los que ahora, oportunistamente, pretenden hacernos creer que desean un incremento del gasto en los servicios sanitarios públicos y para una mejor calidad de los cuidados paliativos. Y eso precisamente porque estamos en un momento en el que se debate la eutanasia, pero que han pasado años y años en los que han sido partícipes activos en los recortes sanitarios públicos y nada han hecho por reclamar más recursos para la sanidad pública y en este caso para los cuidados paliativos, salvo honrosas excepciones de profesionales e instituciones que sí lo han reclamado desde las Sociedades de Cuidados Paliativos.
Autoría: Sebastián Martín Recio. Médico de Familia. Miembro de la Marea Blanca en Sevilla.