En la década de 1970 se extendió entre el movimiento jornalero andaluz un emblema que sirvió como reivindicación fundamental ante el latifundismo y el mal reparto de la tierra: “la tierra pa quien la trabaja”. Bajo esta premisa se reclamó una reforma agraria que pusiera tierras al servicio de las clases trabajadoras; donde el uso de la tierra se pusiera al servicio de a la mejora de la vida de las mayorías y no de las clases propietarias y las oligarquías.
Las clases trabajadoras, a través del cierto movimiento sindical y ayuntamientos transformadores, realizaron ocupaciones de fincas, movilizaciones y huelgas de hambre para conseguir el acceso al medio de producción y generar economía propia desde el reparto del trabajo y de lo generado con el esfuerzo colectivo. De este modo forzaron la compra de tierra pública y el reparto entre cooperativas jornaleras. El ejemplo más significativo fue el caso de las cooperativas de El Humoso en Marinaleda, experiencia que ha dado la vuelta el mundo por su forma ejemplar gestión comunal de la tierra, su enorme generación de empleo de calidad y buenos resultados económicos (proyecto ejemplar que ahora corre un serio peligro de que se desmantele y que la Junta de Andalucía venda esta tierra a una gran fortuna o fondo de inversión).
Si trasladamos esa misma lógica a la necesidades energéticas podemos decir que es posible subordinar los intereses del oligopolio energético a los intereses de la ciudadanía, poner el sol, en vez de la tierra, al servicio de todas las personas y no de una poca pequeña minoría. Existen medios para que la sociedad civil a través de sus representantes (sindicatos, ayuntamientos, etc.) le quite poder a los grandes oligopolios energéticos y se le entregue a la vecindad para que democráticamente y de forma cooperativa se empoderen bajo unos criterios de justicia energética y social.
Sin embargo, en el mejor de los casos, se están entregando esos recursos y medios a nuevos propietarios energéticos que suelen coincidir con agentes del sector empresarial que ya están generando plusvalías, dejando al margen a las clases trabajadoras. En el peor de los casos, desde las diversas administraciones públicas se está facilitando la creación de “ lugares de sacrificio” y la ampliación de la economía extractivista en Andalucía. De este modo, las grandes multinacionales y oligopolios invaden nuestro territorio a través de megaplantas de generación renovables bajo la justificación de la creación de puestos de trabajo, ocupando lugares fértiles o naturales, premiando a la propiedad privada y privatizando el horizonte de luz y viento.
Ante esta situación, las Comunidades Energéticas con sus distintas formas jurídicas deberían ser miradas como la “Marinaleda energética” de hoy en día. En pueblos como Alcalá del Valle o Cuevas del Becerro se están llevando a cabo proyectos de comunalización impulsados por sus Ayuntamientos y gestores municipales y donde prima el interés social y general de la población.
En la mayoría de los casos, los Ayuntamientos y sindicatos se decantan por la inacción o, incluso peor, por un modelo puramente neoliberal. En esos casos, las propia ciudadanía puede organizarse a través de asociaciones o cooperativas de consumidores y exigir, como mínimo, la cesión de las cubiertas municipales en el marco de estrategias que terminen por impulsar la instalación de plantas de energía renovable que puedan satisfacer las necesidades energéticas de las viviendas de una forma soberana o autónoma .
Al igual que en su momento se gritaba “Andalucía entera, como Marinaleda”, quizás llegue el momento de gritar, en referencia a los proyectos de democratización y comunalización energética, “Andalucía entera como Alcalá del Valle y/o como Cuevas del Becerro”.
Autoría: Antonio Sánchez Gallardo. Talaios Andalucía.