El antiguo PER se denomina en la actualidad PROFEA, Plan de Fomento del Empleo Agrario. Con este Plan se fomenta el mantenimiento de la vida en los medios rurales donde el latifundismo es más acentuado. En estos lugares, donde la propiedad de la tierra no coincide con quienes la trabajan, el mantenimiento de este situación ha requerido de estas política de inyección de renta estatales. Sin estos planes la agricultura latifundista no hubiera dispuesto de mano de obra en las épocas de recolección u otras tareas temporales.
El PROFEA tiene dos partes: por un lado el Plan de Garantía de Rentas y, por otro, el Plan Generador de Empleo Estable. El 78,77% del total del presupuesto del plan de empleo rural para Andalucía corresponden al Plan de Garantía de Rentas, lo que se traduce en 116,3 millones. En este caso se trata de ayudas que se otorgan directamente a los municipios. El 21,22% restante, 31,3 millones, corresponden al Plan Generador de Empleo Estable.
Este año 2017 hay presupuestados 152 millones de euros. El reparto por provincias queda del siguiente modo: 8,4 millones de euros para Almería; 15,5 millones para Cádiz; 22,6 millones para Córdoba; 20 millones para Granada; 12,2 millones para Huelva; 18,9 millones para Jaén; 16,4 millones para Málaga; y 33,3 millones de euros para Sevilla.
Estas cifras pueden entenderse mejor si se comparan con las que reciben los mayores perceptores de ayudas de la Política Agrícola Comunitaria. Así, por ejemplo, Nicolás Osuna, séptima fortuna de Andalucía y una de las mayores del Estado español (con más de 350 millones de euros según la última lista Forbes) recibió en 2015 8,2 millones de euros en subvenciones europeas de la PAC, casi lo mismo que recibe toda la provincia de Almería por el PROFEA. Otras familias terratenientes como los Mora-Figueroa Domecq recibió más de 4 millones de euros, la familia Hernández casi 3 millones o la Casa de Alba (Fitz-James Stuart) que recibió en subvenciones 3 millones de euros.