Tres millones y medio de personas «malviven» en Andalucía

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Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística revelan que un total de 3,5 millones de personas «malviven» en la comunidad autónoma andaluza. Las dimensiones de la pobreza en Andalucía son todavía «descomunales», ya que dos de cada cinco personas, el 41,7% de la población, son pobres o están en riesgo de exclusión.

El 52,8% de la población andaluza no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y un 78,1% tiene dificultades para llegar a fin de mes, a tenor de los datos del INE y de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza (EAPN-A).

Por eso, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) exigió al Gobierno andaluz un «compromiso formal» con la grave situación de pobreza que todavía hoy sufre Andalucía, «40 años después de las manifestaciones por la autonomía que intentaron poner fin a las desigualdades».

Las «apabullantes» cifras de pobreza deberían hacer al Gobierno andaluz centrarse «en exclusiva» en este asunto, señaló el coordinador general de Derechos Humanos en Andalucía, Valentín Aguilar, que reprochó a Susana Díaz las «horas y horas» que ha empleado en el tema de Cataluña, descuidando otros asuntos de su completa competencia, como la lucha contra la exclusión social.

Las estadísticas sobre la pobreza son «realidades palpables y a pie de calle» porque hay familias que no tienen dinero para llegar a fin de mes, llenar la nevera, pagar la hipoteca o la luz, advirtió Pro Derechos Humanos, que señaló como «prioritario y urgente cubrir las necesidades básicas de la población en situación más vulnerable».

«Se dice que Andalucía va bien, pero Andalucía no va nada bien», subrayó Valentín García, que lamentó que la «supuesta recuperación económica», exhibida por los gobiernos central y autonómico, ni siquiera alcanza a la mayor parte de la población. «Al contrario, la pobreza y la exclusión social se mantienen y en algunos casos se acrecienta», remarcó.

Una de las raíces de la pobreza en Andalucía, a juicio de Derechos Humanos, se encuentra en el desempleo. Hay datos «alarmantes», ya que uno de cada cuatro parados en España es andaluz, según las últimas cifras del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Además, el desempleo en sí mismo no define la pobreza porque el empleo remunerado «no es una garantía para dejar de ser pobre».

Y en esto juega un papel fundamental el creciente fenómeno de la «población trabajadora empobrecida», que aunque realice una labor remunerada, no le permite el acceso a una vida digna. Muestra de la «nefasta calidad del empleo creado», apunta la APDHA, es que de los más de 400.000 empleos creados en noviembre en Andalucía, solo 17.000 fueron indefinidos. Un panorama laboral azotado por la «feminización del desempleo», ya que el 58% de las personas desempleadas en Andalucía son mujeres, según los datos de noviembre del SEPE. Para colmo, de las quince ciudades con mayor desempleo del Estado, trece son andaluzas.

Otro eje de la pobreza en Andalucía es la falta de un hogar digno que afecta a millones de andaluces. Derechos Humanos criticó el «sinsentido» que haya viviendas públicas que son propiedad de la Junta de Andalucía o de ayuntamientos y que se encuentran vacías, a pesar de que hay personas viviendo en la calle o de ‘ocupas’. Para colmo, la Junta también está promoviendo en los tribunales desahucios de familias que no han pagado el correspondiente alquiler de la vivienda pública o la ha ocupado de forma irregular, algo que el coordinador de Derechos Humanos tachó de «surrealista».

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indican que los desahucios no solo no han descendido sino que se han incrementado en Andalucía, pasando de 26,2 diarios de media en 2016 a 30,6 en el primer semestre de 2017. Estos desahucios han sido promovidos por bancos y financieras, pero también por la Agencia pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Junta y por muchos ayuntamientos con parque propio de viviendas, destacó Pro Derechos Humanos.

«La Junta de Andalucía y los ayuntamientos no deberían desahuciar en ningún caso a familias de una vivienda pública sin agotar antes la vía del diálogo», ya que, de lo contrario, están «provocando la criminalización de la población más vulnerable», señaló Pro Derechos Humanos. Por ello, este colectivo pide la paralización de los desahucios de primeras viviendas y de los cortes de suministros básicos como luz y agua.

En vez de darse por aludida, la Junta de Andalucía aseguró este sábado que la inversión en políticas sociales han atenuado en un 17,7 % el riesgo de pobreza en la comunidad en los últimos años, al tiempo que reclamó al Gobierno central «más inversión para mejorar la empleabilidad».

Fuente: El Mundo Andalucía.