2020, ¿40 años de autonomía? A propósito de un logo ‘nada’ inocente

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El logo para la conmemoración del 40 aniversario del 28 de febrero de 1980, confunde intencionadamente con el instante de la consecución del autogobierno. Una trayectoria reivindicativa de años resumida en el ejercicio del voto y un intenso movimiento popular condensado a un mero referéndum. Ni es verdad ni casual el hecho por parte de la Junta de Andalucía.

El gesto responde a una calculada maniobra política que, profundizando en la confusión que ya había sido el discurso oficial durante los gobiernos del PSOE, hace creer que con dicha consulta se obtuvo autogobierno, marginando la movilización ciudadana y el inédito valor del singular procedimiento estatutario andaluz. Justo como ya hiciera el Consejo de Gobierno de la Junta de mayoría socialista en 1982 declarando dicha jornada día institucional de la Comunidad: eclipsando el significado político popular y del 4 de diciembre. Manuel José García Caparrós, según esta “inocente” y perversa tendencia comunicativa y política, nunca existió ni fue asesinado: se mutaron las manifestaciones por unas urnas y se nos concedió autogobierno por la bondad del gobierno central.

Si bien no se puede entender el 28F sin analizar lo que fue el 4D, el primer Día de Andalucía -precisamente- es el resultado de la reinvención de una identidad banalizada y abducida por el nacionalismo español franquista, que fue puesta en valor y recuperada como un factor catalizador de la conciencia de identidad de los andaluces. Del mismo modo, solo desde el Pacto de la izquierda fruto de las primeras municipales democráticas, cabe explicar el apoyo a una Junta de Andalucía sin competencias que padecía el boicot de recursos y tiempos desde gobierno centrista. Es desde esa posición donde Puerto Real el 21 de abril de 1979 es el primer municipio en aprobar la iniciativa autonómica por el art. 151. Con él, un conjunto de 50 municipios lo aprueba en pleno antes de que la Junta reunida en Granada dos meses después decidiese optar por dicha vía (23 de junio). Hasta ese instante la Junta guardaba un silencio sospechoso, pero esos dos meses de respuesta son -en política- una extraña eternidad.

Para la segunda exigencia constitucional por el 151, Andalucía, a diferencia de País Vasco y Cataluña, tuvo que remitir su consulta a lo reseñado en la Constitución: redactar una Ley Orgánica de las Distintas Modalidades de Referéndum. Para ambos territorios históricos se convalidó en Cortes el procedimiento de sus citas estatutaria a fin de que fuese posible utilizar una norma preconstitucional; empleada, precisamente, para recabar opinión popular ante la Carta Magna. Aquella normativa sobre los referéndums sería elaborada de urgencia y, pese a las enmiendas de los grupos parlamentarios comunista y andalucista, subrayó sin matices la rigidez del citado art. 151 en el sentido de que si una o dos provincias no alcanzasen esa suficiencia, no bloquearan al resto y, una vez pasado cinco años, repetir la consulta para incorporarse a la autonomía en marcha. Pese a las advertencias de que la Ley de referéndums se aplicaría en Andalucía por vez primera, el “consenso” del bipartidismo no fue sensible a la cuestión.

Y es justo en este punto donde se genera la confusión. Si bien nadie en democracia cuestiona el uso legítimo de las urnas (bueno, casi…) aquí se esconde la trampa: aquella cita estaba viciada antes de nacer. Formalmente contemplada por el articulado constituyente pero destinada a disuadir para que nadie la usara. En alguna medida Andalucía actuó como conejito de indias en mano de un bipartidismo (UCD-PSOE) que ya para esa fecha hablaba de pactos racionalizadores del proceso autonómico.

En ese devenir desde la muerte del dictador, sí bien el 28F tiene su singularidad como hito central del procedimiento a un autogobierno que nos equipara teóricamente a otras nacionalidades históricas; no es menos cierto que se acompaña de un antes y después con movilizaciones ciudadanas y numerosos apoyos de las corporaciones locales. Sin ellos no se puede entender el consenso final que despeja el desbloqueo del 151 reincorporando Almería sin necesidad de repetir la consulta. El acuerdo firmado por todas las fuerzas parlamentarias andaluzas el 23 de octubre de 1980 por la vía del “interés nacional” (art. 144), ofreció una salida consensuada; y lo que es más importante: enterraba las amenazas socialistas de recurrir al Tribunal Constitucional si el PSOE no se sentía protagonista de cualquier solución.

Por eso el 28F ni es el último precepto del art.151 ni puede sintetizar la complejidad de un devenir andaluz donde las vergüenzas de héroes y villanos siguen presentes a ojos de la Historia. Luego vendrá, así observado, la Asamblea de Parlamentarios que en Córdoba (10-III-1981) respalda el borrador elaborado en Carmona. Más tarde en Cortes, es debatido en la Comisión Constitucional junto a una delegación de parlamentarios andaluces. Por último, y no menos importante, sometido el articulado a referéndum (20-X-1981), es sancionado por el Borbón haciendo un alto con sus esquís en Baqueira Beret. Publicado en BOE y BOJA a principios de 1982. Sólo entonces, a su promulgación como ley, entra en vigor desde un punto de vista jurídico. Por eso el logo es una falacia que sólo pone de manifiesto la falta de información a la que se somete a los andaluces. Es un juego de puro despiste: de prestidigitación.

40 años después de aquel hito, epicentro de una batalla inédita en la organización territorial del Estado, los índices de pobreza en toda la extensión de su palabra y de exclusión social nos sitúan a la cola de Europa. Si nuestra identidad y entre ella nuestra historiografía ha sido tan prostituida como manipulada bajo los intereses de la partitocracia bipartidista y centralista, cómo puede entenderse que los andaluces no sean conscientes de su historia más próxima. Sobre todo, si nos referimos a ese más del 40% que no vivió durante nuestro sexenio autonomista (1977-1982). Estoy convencido que ese intento por enjuagar las conquistas constitucionales de los andaluces no es casual ni gratuito. No quieren que sepamos la verdad de lo que fuimos. No sólo margina lo analizado por muchos investigadores sino que forma parte de ese ritual que nunca deja visualizar lo que somos capaces los andaluces y andaluzas cuando queremos y nos juntamos. Está claro que quieren una Andalucía colonizada y racionalizada; que no sea consciente de su hecho diferencial ni protagonista de su futuro; que no rompa consensos de Estado ni modelos constituyentes. Y esa, justo esa, es la dinámica que ahora necesitamos.